La Corte Suprema ordenó a una tabacalera que pague los impuestos

La Corte Suprema de Justicia revocó el otorgamiento de sucesivas medidas cautelares en favor de Tabacalera Sarandí a través de las cuales quedaba exenta del pago del impuesto mínimo a los cigarrillos. Esto implica que, por decisión de Máximo Tribunal, dicha empresa deberá pagar el impuesto, que alcanza los 86,58 pesos por atado de 20 cigarrillos.

De esta manera el máximo tribunal de Justicia del país sentó precedentes y revocó el otorgamiento de medidas cautelares que bien pueden llegar a otras tabacaleras y por las que Salta dejó de percibir más de 4.000 millones de pesos en conceptos impositivos por la producción de tabaco.

"Con el fallo de la Corte, se puso fin a una práctica que no permitía a todos los jugadores del mercado del tabaco tener las mismas reglas y por la que se han recortado recursos millonarios para las provincias tabacaleras", destacó Enrique Cornejo, coordinador y representante del Poder Ejecutivo en la Unidad de Coordinación del Plan de Transformación Productiva del Sector Tabacalero de la Provincia de Salta.

Esta situación, que se extendió sucesivamente desde 2016 hasta la fecha, hizo que la provincia de Salta dejara de percibir más de 4.000 millones de pesos que debieron ser girados como parte en concepto de Impuestos Internos, IVA, Ingresos Brutos y Fondo Especial del Tabaco. En conjunto, las siete provincias tabacaleras fueron impactadas negativamente en más de 55.000 millones de pesos en poco más de 4 años.

"Consideramos que la medida tomada en la Justicia, tras los insistentes reclamos de quienes somos parte de la cadena económica del tabaco, es un paso en el sentido correcto. Todos queremos que esta actividad sea sustentable para las más de 1 millón de personas que dependen de este cultivo", remarcó Cornejo. "Necesitamos generar trabajo y somos una fuente genuina de actividad en las provincias tabacaleras, pero el sector también mueve distribución y comercios en todo el país", agregó.

Medidas cautelares

Se calcula que desde que empezaron a otorgarse medidas cautelares a empresas que dejaron de pagar el impuesto mínimo, la más importante de ellas Tabacalera Sarandí, el Estado nacional ha dejado de recaudar unos $100.000 millones de pesos para gastos presupuestarios, entre ellos el fondeo de la Anses.

Para ser eximida del impuesto, la compañía Tabacalera Sarandí esgrimía ser una Pyme, pero tras un crecimiento exponencial, hoy tiene cerca de un cuarto del mercado de cigarrillos del país.

 

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