La iniciativa de presentar un proyecto de ley para que el Congreso faculte a los gobernadores y al Presidente a tomar medidas restrictivas, según ciertos "criterios científicos", generó diferentes lecturas desde jurídicas hasta políticas.
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La iniciativa de presentar un proyecto de ley para que el Congreso faculte a los gobernadores y al Presidente a tomar medidas restrictivas, según ciertos "criterios científicos", generó diferentes lecturas desde jurídicas hasta políticas.
El abogado constitucionalista Ricardo Gómez Diez hizo ambas interpretaciones. Desde lo jurídico, recordó que el procurador dijo que "no estaban dadas las condiciones para saltear el Congreso" y apoyó tal postura al referirse al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional que dice que "cuando en circunstancias extraordinarias e imprevisibles hicieren imposible el trámite normal de sanción de las leyes, el Poder Ejecutivo podrá dictar un decreto con rango de ley".
Por lo que consideró que la iniciativa es acertada si contempla las diferentes realidades de "un país federal de extenso territorio", para que de este modo "las restricciones de derecho originadas durante la pandemia sean dispuestas por ley". Aunque, fiel a su vocación, asevero que lo ideal es que se consensúen las medidas de Nación con las provincias que son "quienes ejecutan las decisiones".
Por otro lado, repasó las injerencias de diferentes áreas, e indicó que la educación universitaria es de facultad nacional, no así el nivel primario y secundario, ni la salud. Aunque en este último punto hizo la salvedad que "en materia de salud, la competencia federal solo puede nacer cuando la amenaza excede al territorio provincial y se convierte en una cuestión interjurisdiccional".
Respecto al aspecto político, Gómez Diez afirmó a El Tribuno que la iniciativa se debe a que el Presidente "lo manda al Congreso porque tiene su poder político debilitado, quiere que el Congreso lo auxilie con un marco de ley".
"Es válido mandar el proyecto, pero no implica reconocer que el DNU no sea válido. Lo que se indica es que para dictarlo debe haber un contexto de necesidad y urgencia, y una pandemia es urgencia", aseveró el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, quien resaltó que hasta el momento ningún DNU fue declarado inconstitucional.
Por otro lado, el abogado destacó que la solicitud del proyecto en este contexto puede ser dificultoso "por el procedimiento que lleva la aprobación de la ley y pueden darse situaciones de urgencia", advirtió. Y resaltó que, tal vez, lo que se busca no es legalidad, sino más bien consenso. "Eso para buscar un consenso político mayor, para cubrirse la crítica de parte de la Justicia de que no hay necesidad de DNU, y que el Congreso está funcionando", enfatizó.
Aguirre Astigueta además recordó lo que dictó la Justicia respecto a las clases presenciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no fue una declaración de inconstitucionalidad ,"sino una medida cautelar".
El viernes, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer los "criterios científicos" que le permitirán, tanto al jefe de Estado como a los gobernadores, establecer restricciones ante la emergencia sanitaria.
Fernández precisó que la normativa permitirá "en función de criterios científicos claros y precisos, que se me faculte como Presidente y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado".
Indicó que las medidas, que surgieron del diálogo con gobernadores de todo el país y de las sugerencias de los expertos y expertas, se toman "en base a criterios epidemiológicos y sanitarios, considerando en primer lugar la cantidad de casos sobre la población".