El caso del policía Luis Chocobar es paradigmático y obliga a revisar los criterios con que las fuerzas de seguridad y los jueces se manejan en la administración de la prevención de crímenes.
En diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, Chocobar disparó contra Juan Pablo Kukok, quien junto con un cómplice había apuñalado en un asalto al turista Joe Wolek. El asaltante huía y forcejeaba con tres personas mientras se defendía con un arma punzante. Chocobar, quien estaba fuera de servicio, le dio la voz de alto, con disparos intimidatorios al aire primero, y luego hacia las piernas del asaltante. En el hospital Argerich, Wolek quien había ingresado con escasos signos vitales, pudo ser salvado. Kukok murió cuatro días después a raíz de una herida a la altura de la pelvis.
El viernes, el policía -salteño, igual que el asaltante muerto- fue condenado a dos años de prisión en suspenso por “homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber”. Además, fue inhabilitado por cinco años para ejercer sus funciones como policía, aunque mantendrá su cargo en la bonaerense, hasta que la sentencia no quede firme.
La sentencia fue emitida por un Tribunal Oral de Menores. Por razones técnicas, la Justicia le denegó el pedido de ser sometido a juicio por jurados.
Tomando dos casos similares, ocurridos en la provincia de Buenos Aires y en los que sí intervino el jurado popular, cabe suponer que el dictamen pudo ser otro: el carnicero Daniel Oyarzún, que persiguió y mató a un asaltante armado, y el médico Lino Villa Cataldo, quien mató a un delincuente que lo amenazaba con un arma inutilizada -algo que la víctima no podía saber- resultaron absueltos.
Las encuestas sobre el caso Chocobar, en un 80 por ciento, se pronunciaron a favor del policía.
La manipulación política del caso, y de todos los casos donde hay vidas humanas en juego, es nociva y equívoca. El expresidente Macri y su ministra Patricia Bullrich rindieron homenaje a Chocobar como a un héroe. La oposición política de entonces, ahora en el Gobierno lo repudió. Cabe señalar que en 2020, en el contexto de la pandemia y con menos publicidad, 75 delincuentes fueron abatidos por policías solamente en territorio bonaerense; incluso, en las primeras semanas de la cuarentena, Facundo Astudillo Castro resultó asesinado y desaparecido en un reten policial, cerca de Bahía Blanca.
La política de seguridad debe estar a cargo de funcionarios idóneos, con conocimientos técnicos, mayor formación sociológica y, sobre todo, con el criterio claro de que lo que está en juego es la vida y la libertad de los seres humanos.
En primer lugar, hay que precisar que el Caso Chocobar no es un ejemplo de “mano dura” y es difícil demostrar fehacientemente que haya cometido un exceso.
Por otra parte, vivimos en una región, Latinoamérica, donde el crimen organizado es un flagelo en expansión, que incorpora prácticas terroristas. México, Colombia, Venezuela y Brasil deberían servirnos como espejos. Es tan vigoroso el impacto de la inseguridad en la región que desborda a las policías, ante lo que los gobiernos recurren a otras fuerzas, incluso las militares, y también a parapoliciales o escuadrones de la muerte.
Ni la mano dura ni la pena de muerte dan resultados positivos. Por el contrario, convierten al Estado en legitimador de crímenes.
El camino más difícil, pero el único válido es el de la ética y la profesionalidad. Es decir, el de la racionalidad.
En nuestro país, con índices más bajos de criminalidad, la ineficiencia generalizada de los gobiernos, impregnados de ideologías que frivolizan el tema y carentes de un plan estratégico de seguridad, impide contar con políticas estables más allá de los cambios de gestión y disponer de fuerzas profesionalmente preparadas, con capacidad operativa y libres de cualquier nicho de complicidad con el hampa.
Ninguna muerte es buena. Pero la tendencia regional obliga a ponernos en alerta. Los ciudadanos tienen derecho a un Estado eficiente y firme que resguarde sus vidas, sus bienes y su bienestar.
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El caso del policía Luis Chocobar es paradigmático y obliga a revisar los criterios con que las fuerzas de seguridad y los jueces se manejan en la administración de la prevención de crímenes.
En diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, Chocobar disparó contra Juan Pablo Kukok, quien junto con un cómplice había apuñalado en un asalto al turista Joe Wolek. El asaltante huía y forcejeaba con tres personas mientras se defendía con un arma punzante. Chocobar, quien estaba fuera de servicio, le dio la voz de alto, con disparos intimidatorios al aire primero, y luego hacia las piernas del asaltante. En el hospital Argerich, Wolek quien había ingresado con escasos signos vitales, pudo ser salvado. Kukok murió cuatro días después a raíz de una herida a la altura de la pelvis.
El viernes, el policía -salteño, igual que el asaltante muerto- fue condenado a dos años de prisión en suspenso por “homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber”. Además, fue inhabilitado por cinco años para ejercer sus funciones como policía, aunque mantendrá su cargo en la bonaerense, hasta que la sentencia no quede firme.
La sentencia fue emitida por un Tribunal Oral de Menores. Por razones técnicas, la Justicia le denegó el pedido de ser sometido a juicio por jurados.
Tomando dos casos similares, ocurridos en la provincia de Buenos Aires y en los que sí intervino el jurado popular, cabe suponer que el dictamen pudo ser otro: el carnicero Daniel Oyarzún, que persiguió y mató a un asaltante armado, y el médico Lino Villa Cataldo, quien mató a un delincuente que lo amenazaba con un arma inutilizada -algo que la víctima no podía saber- resultaron absueltos.
Las encuestas sobre el caso Chocobar, en un 80 por ciento, se pronunciaron a favor del policía.
La manipulación política del caso, y de todos los casos donde hay vidas humanas en juego, es nociva y equívoca. El expresidente Macri y su ministra Patricia Bullrich rindieron homenaje a Chocobar como a un héroe. La oposición política de entonces, ahora en el Gobierno lo repudió. Cabe señalar que en 2020, en el contexto de la pandemia y con menos publicidad, 75 delincuentes fueron abatidos por policías solamente en territorio bonaerense; incluso, en las primeras semanas de la cuarentena, Facundo Astudillo Castro resultó asesinado y desaparecido en un reten policial, cerca de Bahía Blanca.
La política de seguridad debe estar a cargo de funcionarios idóneos, con conocimientos técnicos, mayor formación sociológica y, sobre todo, con el criterio claro de que lo que está en juego es la vida y la libertad de los seres humanos.
En primer lugar, hay que precisar que el Caso Chocobar no es un ejemplo de “mano dura” y es difícil demostrar fehacientemente que haya cometido un exceso.
Por otra parte, vivimos en una región, Latinoamérica, donde el crimen organizado es un flagelo en expansión, que incorpora prácticas terroristas. México, Colombia, Venezuela y Brasil deberían servirnos como espejos. Es tan vigoroso el impacto de la inseguridad en la región que desborda a las policías, ante lo que los gobiernos recurren a otras fuerzas, incluso las militares, y también a parapoliciales o escuadrones de la muerte.
Ni la mano dura ni la pena de muerte dan resultados positivos. Por el contrario, convierten al Estado en legitimador de crímenes.
El camino más difícil, pero el único válido es el de la ética y la profesionalidad. Es decir, el de la racionalidad.
En nuestro país, con índices más bajos de criminalidad, la ineficiencia generalizada de los gobiernos, impregnados de ideologías que frivolizan el tema y carentes de un plan estratégico de seguridad, impide contar con políticas estables más allá de los cambios de gestión y disponer de fuerzas profesionalmente preparadas, con capacidad operativa y libres de cualquier nicho de complicidad con el hampa.
Ninguna muerte es buena. Pero la tendencia regional obliga a ponernos en alerta. Los ciudadanos tienen derecho a un Estado eficiente y firme que resguarde sus vidas, sus bienes y su bienestar.