Los tres imputados por una maniobra dolosa que perjudicó al Estado provincial en casi 300.000 dólares fueron excarcelados por una resolución judicial, que transformó la detención en una serie de conductas sustitutivas a cumplir por los imputados, uno de ellos con el grado de comisario de la Policía de Salta.
La Vocalía II de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, a cargo interinamente de Virginia Solórzano, resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado y revocar la prisión preventiva de los imputados Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Hugo Alberto Coloautuno, imputados en una maniobra defraudatoria contra el Estado provincial en la que se apoderaron de 298.898,07 dólares, de una cuenta perteneciente a una mujer fallecida cuya herencia fue declarada vacante.
La maniobra defraudatoria consistió en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de US$298.898,07.
El mandamiento judicial expresa que dentro de las medidas sustitutivas impuestas a los ahora liberados se dispuso fijar domicilio y comunicar todo cambio del mismo al fiscal de la causa o a la jueza de Garantías, dentro de las 48 horas, y comparecer a todas las citaciones judiciales que se les cursaren a los encartados en el trámite de esta causa, presentarse ante la Fiscalía interviniente cada 15 días, la prohibición de salir sin autorización del país, retención de documentos de viaje y prohibición de contacto por cualquier medio con los testigos de la causa. Además, dispuso la prestación de una caución.
No es la primera vez que siendo el Estado provincial el damnificado, los jueces actúan con cierta liviandad. Es llamativo el beneficio otorgado por tratarse de una investigación no concluida y lejos del fondo de la cuestión. Además, el dinero sustraído no apareció.
La objeción respecto a la libertad de los imputados estaría directamente relacionada con el trabajo investigativo que se viene realizado a fin de determinar la participación de más personas involucradas, y el riesgo que se correría de que puedan entorpecer la causa.
Cabe destacar que el proceso penal no tiene por finalidad que los involucrados reintegren el dinero sustraído, sino que reciban la sanción correspondiente al delito cometido, con el agravante de tratarse de funcionarios policiales, como es el caso de Hugo Alberto Coloautuno y Andrés Esteban Fath, que con su conducta desacreditan a la institución. Idéntico análisis se da para el caso de Ricardo Gabriel Fath en su posición jerárquica de gerente bancario.
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Los tres imputados por una maniobra dolosa que perjudicó al Estado provincial en casi 300.000 dólares fueron excarcelados por una resolución judicial, que transformó la detención en una serie de conductas sustitutivas a cumplir por los imputados, uno de ellos con el grado de comisario de la Policía de Salta.
La Vocalía II de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, a cargo interinamente de Virginia Solórzano, resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado y revocar la prisión preventiva de los imputados Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Hugo Alberto Coloautuno, imputados en una maniobra defraudatoria contra el Estado provincial en la que se apoderaron de 298.898,07 dólares, de una cuenta perteneciente a una mujer fallecida cuya herencia fue declarada vacante.
La maniobra defraudatoria consistió en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de US$298.898,07.
El mandamiento judicial expresa que dentro de las medidas sustitutivas impuestas a los ahora liberados se dispuso fijar domicilio y comunicar todo cambio del mismo al fiscal de la causa o a la jueza de Garantías, dentro de las 48 horas, y comparecer a todas las citaciones judiciales que se les cursaren a los encartados en el trámite de esta causa, presentarse ante la Fiscalía interviniente cada 15 días, la prohibición de salir sin autorización del país, retención de documentos de viaje y prohibición de contacto por cualquier medio con los testigos de la causa. Además, dispuso la prestación de una caución.
No es la primera vez que siendo el Estado provincial el damnificado, los jueces actúan con cierta liviandad. Es llamativo el beneficio otorgado por tratarse de una investigación no concluida y lejos del fondo de la cuestión. Además, el dinero sustraído no apareció.
La objeción respecto a la libertad de los imputados estaría directamente relacionada con el trabajo investigativo que se viene realizado a fin de determinar la participación de más personas involucradas, y el riesgo que se correría de que puedan entorpecer la causa.
Cabe destacar que el proceso penal no tiene por finalidad que los involucrados reintegren el dinero sustraído, sino que reciban la sanción correspondiente al delito cometido, con el agravante de tratarse de funcionarios policiales, como es el caso de Hugo Alberto Coloautuno y Andrés Esteban Fath, que con su conducta desacreditan a la institución. Idéntico análisis se da para el caso de Ricardo Gabriel Fath en su posición jerárquica de gerente bancario.
El caso
Los allanamientos y detenciones realizados fueron solicitados por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien había solicitado la detención; consta que los imputados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron la maniobra consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia de U$S 298.898,07.
El apoderamiento
La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación de Vanja Dvornik, fallecida en enero de 2014, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad del comisario Hugo Alberto Colantuono.
Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales) y Jesús Ángel Mendoza (asistente operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación permitió que Colantuono pueda disponer del dinero de manera discrecional. El oficio judicial falsificado fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja, en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.