El país vive en estos días una crisis institucional, no reconocida como tal, pero que se pone de manifiesto en los conflictos internos de la coalición gobernante, que son indisimulables, y en la reacción intempestiva del oficialismo frente al fallo de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires consagrada en la Constitución Nacional reformada en 1994.
El riesgo institucional aparece en su verdadera dimensión en el evidente deterioro de la autoridad de Alberto Fernández y el vuelco oficialista hacia el desconocimiento de la ley y de la división de poderes.
Pero el trasfondo es la incompatibilidad entre los dos proyectos en pugna, en el corazón del poder, en medio de una profunda crisis social, con una pobreza de tendencia catastrófica, en un país que desde hace una década está estancado en la producción y con fuerte caída en la inversión.
Y la crisis energética es el talón de Aquiles.
La rebelión del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, que sigue en su cargo a pesar de no acatar las indicaciones del ministro Martín Guzmán podría denominarse como “el conflicto por las tarifas”. En ese contexto, la posición marcada por Cristina Fernández en diciembre, cuando dijo que el aumento de las facturas de electricidad y gas no puede superar el 9%, defendida por Basualdo, dejó desairados al ministro, al secretario Darío Martínez, pero también al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al mismo presidente Fernández. Y, más sutilmente, al Congreso que aprobó un presupuesto que ataba las tarifas a un ilusorio 29% de inflación anual y a la evolución de los salarios.
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El país vive en estos días una crisis institucional, no reconocida como tal, pero que se pone de manifiesto en los conflictos internos de la coalición gobernante, que son indisimulables, y en la reacción intempestiva del oficialismo frente al fallo de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires consagrada en la Constitución Nacional reformada en 1994.
El riesgo institucional aparece en su verdadera dimensión en el evidente deterioro de la autoridad de Alberto Fernández y el vuelco oficialista hacia el desconocimiento de la ley y de la división de poderes.
Pero el trasfondo es la incompatibilidad entre los dos proyectos en pugna, en el corazón del poder, en medio de una profunda crisis social, con una pobreza de tendencia catastrófica, en un país que desde hace una década está estancado en la producción y con fuerte caída en la inversión.
Y la crisis energética es el talón de Aquiles.
La rebelión del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, que sigue en su cargo a pesar de no acatar las indicaciones del ministro Martín Guzmán podría denominarse como “el conflicto por las tarifas”. En ese contexto, la posición marcada por Cristina Fernández en diciembre, cuando dijo que el aumento de las facturas de electricidad y gas no puede superar el 9%, defendida por Basualdo, dejó desairados al ministro, al secretario Darío Martínez, pero también al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al mismo presidente Fernández. Y, más sutilmente, al Congreso que aprobó un presupuesto que ataba las tarifas a un ilusorio 29% de inflación anual y a la evolución de los salarios.
Proyectos en pugna
Guzmán, quien asumió con el aura protectora de sus antecedentes académicos y el padrinazgo del economista favorito del kirchnerismo, Joseph Stiglitz, había iniciado su gestión prometiendo racionalidad y cuestionando los “tarifazos” del gobierno de Mauricio Macri. No explicó entonces la persistencia del déficit energético a lo largo de dos décadas, con un servicio carísimo y sostenido con subsidios irracionales.
Guzmán pretendió aplicar el presupuesto y desde el bastión ideológico del kirchnerismo le advirtieron que el 9% establecido por Cristina Fernández es “el presupuesto”.
El congelamiento de tarifas por seis meses estaba previsto desde el primer día. En plena cuarentena se decidió extender lo nueve meses más. Esto exigió aumentar el gasto en subsidios del 26% en dólares.
Además del presupuesto, Guzmán considera ineludible garantizar racionalidad económica para negociar desde una posición sostenible la deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Con una inflación presupuestada en 29% y que, hasta ahora, se proyecta a un 60%, Guzmán trata de poner techo a los subsidios en el 1,7% del PIB.
Cuando asumió, además de cuestionar los tarifazos, el ministro debió haber informado también que, en 2015, el Estado había gastado US$15.000 millones de dólares en aliviar las facturas de electricidad y gas, cuyos mayores consumidores son los sectores de más altos ingresos. En los últimos 12 meses, el monto gastado en subsidios oscila en US$7.000 millones y, según el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, entre 2010 y 2020, el gasto sumó US$129.000 millones (un tercio del PBI argentino y casi tres veces la deuda contraída con el FMI)
Los números y la política
La relación entre las tarifas y el PBI son un punto crítico. En 2010, los subsidios energéticos y al transporte llegaron al 2.2% del Producto; en 2015, al 3,7% y en 2019, después del tarifazo, habían bajado al 1.5%. Si no hay actualización, este año volverían a, por lo menos, el 2.2%.
El gasto en subsidios presupuestado para este año es de $805.855 millones, que equivale a 2,2% del PIB y representa el mismo nivel que para 2020. El 77,4% corresponden a gas y electricidad (1,7% del PIB), mientras que el 22,6% se asigna al transporte (0,5% del PIB).
La negociación para anclar el aumento de tarifas en un 9% está a cargo de dos funcionarios designados por la vicepresidenta. Una es la Interventora Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), María Soledad Manín, una de las principales colaboradoras de Basualdo, ex interventor y actual subsecretario rebelde.
Por otra parte, Federico Bernal es el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). En marzo, en un discurso muy celebrado por el Instituto Patria, Bernal analizó “sobre la base de la justicia y al acceso a la energía como derecho social, promotor de otros derechos humanos de jerarquía constitucional, así como herramienta indispensable del desarrollo económico y productivo de la Argentina en calidad de Nación independiente, justa y soberana”. Al mismo tiempo, definió a los usuarios y usuarias del servicio público como “sujetos de derechos”.
El autor del tarifazo
El exministro Juan José Aranguren, autor del tarifazo, fue imputado junto con otros cinco funcionarios en junio pasado por el fiscal federal Guillermo Marijuan a raíz de una denuncia del interventor de Enargas, Federico Bernal por dolarizar las tarifas de gas.
Aranguren era ejecutivo de la empresa Shell durante el gobierno de Cristina Fernández, y muy crítico de esa gestión. Pero en la función pública no logró resolver uno solo de los problemas heredados y añadió otro: un aumento de los servicios que achicó el déficit pero golpeó a la producción y a la economía familiar.
Bernal opinó también que el concepto técnico-jurídico de servicio público “escapa a la libre interpretación u opinión de funcionarios o funcionarias. Porque cuando se cuestiona su alcance, ‘peligra nada más ni nada menos que un derecho socia”.
En un balance de dos décadas, con el 42% de pobreza, y un 60% de niños y jóvenes pobres, es evidente que las tarifas congeladas no necesariamente garantizan derechos. Y ese es el litigio de fondo con Guzmán, quien sin duda no desconoce que todos los habitantes del país son “sujetos de derechos”, pero tiene otra idea, probablemente, de como satisfacerlos.
Para enfrentar la oposición interna, Guzmán argumentó en un canal oficialista, con razones ortodoxas: El subsidio no es gratis.
Se paga con impuestos (pagados por los consumidores “sujetos de derechos”, o se toma deuda (que recae en los mismos bolsillos) “y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir y esa emisión en la economía argentina termina presionando sobre el tipo de cambio”.
Guzmán sabe que es difícil que el FMI avale otro año más de tarifas congeladas.
En la búsqueda de un difícil equilibrio, prometió “un cuadro tarifario de transición que se va a enmarcar en lo que establece la ley de presupuesto” en reemplazo del establecido por Macri, de cuya gestión al respecto dijo que los aumentos “dañaron a los hogares, dañaron a las empresas, no generaron un equilibrio para que haya incentivos a la inversión y al mismo tiempo que haya competitividad”.
Mucho gasto y poco producto
Según el analista Fernando Krakowiak, de Econo Journal, “el PIB de Argentina se ubica en torno a los 400.000 millones de dólares. Si los subsidios a la energía representan el 1,7%, son unos 6.700 millones de dólares. En caso de que las tarifas aumenten solo un 9%, algunas consultoras estiman que los subsidios deberían crecer un 25% llegando a los 8.300 millones de dólares. Sobre un PIB de 400.000 millones implicaría un aumento de los subsidios hasta llegar a cerca de 2,1%. Ahora bien, si el dólar permanece atrasado y la economía trepa 10%, el producto podría crecer, por ejemplo, a 440.000 millones de dólares. En ese caso, los 8.300 millones de subsidios quedarían por debajo del 1,9% del PBI”.
Mientras que el Instituto Patria teme que el incremento de las tarifas tenga consecuencias electorales (que creen irreversibles) para la coalición gobernante, Guzmán se pregunta cómo va a negociar con el FMI la extensión de los plazos de una deuda de casi US$45 mil millones si el país proyecta gastar en tres años US$25.000 millones en subsidios energéticos y al transporte. La mitad de la deuda.
“Los subsidios a la energía son mayormente progresivos pero a la vez, proricos. Es decir, impactan más en los sectores pobres en relación a su ingreso pero benefician más a los ricos en términos absolutos del monto total de pesos gastados en el subsidio”, explicó el economista del Cedlas, Leonardo Tornarolli, en una entrevista publicada por Infobae. “El mensaje general es que, en términos distributivos, los subsidios son malos. Pero más preciso es decir que distributivamente los subsidios a los servicios no son tan buenos y que deberíamos exigirle algo más que progresividad”.
A su vez, el ingeniero Jorge Lapeña, del Instituto General Mosconi, consideró en un artículo publicado por esa entidad: “Liberar precios del gas natural no existiendo un mercado abierto y competitivo genera precios del gas altos; e impagables para la mitad de la población como mínimo. Por otro lado congelar tarifas para que el usuario no note el problema, obliga al gobierno a incrementar los subsidios energéticos tornándolos insostenibles para la economía nacional. Aclaremos además que el precio del gas natural -mal fijado en Argentina- es el que determina el 40% del precio total de la factura de gas y de la factura de electricidad del consumidor promedio”.
El economista Carlos Melconián, ironizó alguna vez acerca de este tipo de dilemas: “Hay que elegir entre la chancha o los veinte. La chancha y los veinte es imposible”.
Para el Instituto Patria, probablemente, los problemas con el FMI son menos relevantes. A nivel internacional, lo que deben cuidarse son las relaciones con las potencias emergentes en el nuevo orden mundial: China y Rusia.