Causa Arcadio: Huergo y otros 8 imputados, rumbo al banquillo

El capítulo federal de la causa Arcadio, expediente que tiene al empresario Matías Huergo procesado como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria, quedó a un paso del juicio. Los recursos que las defensas de los nueve encausados interpusieron contra los procesamientos que dictó el juez Julio Bavio en junio de 2020 fueron rechazados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que además dejó firmes los millonarios embargos trabados sobre el patrimonio de Huergo ($25 millones), Aníbal Anaquín ($8 millones), Álvaro Anaquín ($5 millones), Arturo Mimessi Sormani ($8 millones), Gerardo Romero ($10 millones), Sebastián Silva ($5 millones), Francisco Guzmán ($10 millones), Oscar Matías Esliman ($5 millones) y Juan Llanos ($900.000). Solo para este último el tribunal aceptó reducir el monto del embargo a $300.000, tras reencuadrar su rol dentro de la estructura ilícita que comenzó a ser investigada por el fiscal federal Ricardo Toranzos el 13 de noviembre de 2017. Ese día, la Dirección Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso al Ministerio Público Fiscal de la Nación en conocimiento de una denuncia anónima que advertía: "La empresa Secsa factura servicios millonarios a la Municipalidad de Salta sin pagar los impuestos y utilizando testaferros como socios. No utiliza empleados".

La posterior investigación, que incluyó escuchas telefónicas, reveló que Secsa era una de varias empresas con las que Huergo y otros implicados evadieron impuestos mediante facturaciones irregulares con las que, además, se habría defraudado a la Municipalidad de Salta y al Estado provincial en montos millonarios entre 2016 y 2017. En las contrataciones abarcadas por la investigación fiscal, otra empresa concebida por el entorno de Huergo, Arcadio Obras Eléctricas, también fue gravitante.

La Cámara, sobre Matías Huergo, remarcó que juez Bavio estimó contradictorio que el imputado alegare que “por una cuestión ética” constituyó Arcadio por medio de socios ficticios por razones de su incompatibilidad con sus empleadores, cuando ello motivó que se lo denunciara penalmente.
 

La defensa de Huergo había objetado la legalidad de las escuchas telefónicas dispuestas en la causa, a las que consideró violatorias de garantías constitucionales. También planteó supuestas violaciones al secreto profesional y cuestionó los informes que tres funcionarios de la AFIP, Guillermo Andrés Oro, Rodrigo Zambrano y Andrés David Castellaro aportaron al fuero federal.

Las defensa del principal imputado también argumentó que Huergo organizó las empresas de manera simulada no por una finalidad defraudatoria, sino por un convenio de desvinculación "extorsivo" con el que su anterior empleadora, la empresa de alumbrado Lusal Mantelectric, lo obligó a abstenerse de realizar obras o servicios a la Municipalidad de Salta.

La Sala 1 de la Cámara Federal, integrada por los jueces Luis Rabbi Baldi Cabanillas, Santiago French y Alejandro Augusto Castellanos, rechazó los planteos y argumentos presentados por la defensa de Huergo y confirmó su procesamiento como jefe u organizador de la asociación ilícita tributaria.

La Sala 1 de la Cámara consideró acreditada la convergencia de voluntades del grupo de procesados para conformar una asociación que, de manera sostenida en el tiempo, llevó a cabo una pluralidad de maniobras delictivas dirigidas a menoscabar no solo la recaudación impositiva, sino también la función de control asignada al fisco nacional.

De esta forma, el tribunal compartió los fundamentos con que la apoderada de la AFIP y el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, habían defendido el procesamiento de Huergo.

Los recursos interpuestos por las defensas de los otros ocho imputados también terminaron desestimados por la Cámara, en un fallo de 365 fojas.

En audicencia, Villalba había afirmado ante la Cámara que las constancias reunidas en la causa demuestran que los imputados, por lo menos desde 2016, desarrollaron maniobras ilícitas a través de sociedades en las que interpusieron "prestanombres".

Solo con la emisión de facturas truchas la banda habría evadido IVA por unos $100 millones durante el período investigado, según estimaciones realizadas desde la Dirección General Impositiva (DGI). A esto habría que sumar la defraudación al Estado provincial y municipal con la posible sobrefacturación de obras y el cobro de trabajos no realizados. Esta parte del expediente quedó en manos de la Justicia provincial, con polémica incluida, porque la Corte Suprema debe terminar de dirimir si corresponde, o no, que la investigación siga por cuerdas separadas, como interpreta el fuero federal que debe ser.

 

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