Envío de armas a Bolivia: el Gobierno habla  de "encubrimiento"

Luego de confirmarse que tras la asunción de Alberto Fernández como Presidente se prorrogó la autorización del uso de municiones en Bolivia, el Gobierno consideró que hubo un "encubrimiento" y que las autoridades de los ministerios de Seguridad y Justicia no estaban al tanto de esas medidas, que venían de la gestión de Mauricio Macri.

Según la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que depende del Ministerio de Justicia, las renovaciones de las autorizaciones se realizaron en enero y mayo de 2020, bajo el mismo argumento inicial que dio el Gobierno de Cambiemos: proteger la Embajada argentina en el país vecino, pese a que todavía gobernaba Jeanine Áñez. El dato lo dio a conocer la propia Anmac en el marco de la investigación judicial que se está realizando en el país vecino.

Ahora, tal como dio a conocer La Nación, fuentes del Ministerio de Justicia apuntaron que "la Anmac, ante este tipo de pedidos formales, se limita a autorizar la prórroga a pedido de las Fuerzas de Seguridad" y que "fue una parte del intento de encubrimiento de la entrega ilegal de material bélico a la Fuerza Aérea y a la Policía Boliviana".

"El encubrimiento se terminó de consolidar en julio de 2020, cuando un gendarme informó que las 70.000 municiones habían sido consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro", sostuvieron desde la cartera que conduce el ministro Martín Soria. El caso por el envío de material bélico a Bolivia comenzó el 8 de julio con la difusión de la acusación por parte del canciller boliviano, Rogelio Mayta. Cuatro días después de eso, el Gobierno argentino denunció que Macri y los ex ministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad montaron un plan para "poner material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país".

Macri apeló

El expresidente Mauricio Macri apeló ayer la decisión del juez López Biscayart quien se negó a frenar el sumario interno que viene realizando el Ministerio de Seguridad para recolectar información sobre el supuesto contrabando de armas a Bolivia. La defensa de Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, argumenta que la investigación administrativa no puede ser controlada por las partes y que los agentes de Gendarmería o de la Aduana involucrados deberían declarar directamente ante el juez.

"Es voluntad expresa del Sr. Mauricio Macri que se investigue a fondo el hecho investigado, porque está convencido de su inocencia y que ello no hará más que reconocer y robustecer esa realidad", dice la presentación de Lanusse.

 

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