La investigación judicial por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de funcionarios y legisladores en Salta avanza con revelaciones que exceden el caso y que vuelven a involucrar a La Cámpora, la agrupación política que tiene como líder nacional a Máximo Kirchner.
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La investigación judicial por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de funcionarios y legisladores en Salta avanza con revelaciones que exceden el caso y que vuelven a involucrar a La Cámpora, la agrupación política que tiene como líder nacional a Máximo Kirchner.
La Justicia Federal investiga el delito de defraudación a la administración pública, luego de que a mediados del año pasado se filtrara información sobre funcionarios y legisladores salteños que habían cobrado o gestionado el cobro de la ayuda de emergencia destinada en forma exclusiva para las personas económicamente más vulnerables durante la pandemia.
El caso llegó a involucrar a gerentes del PAMI y Anses, concejales y hasta un intendente que justificaron de todas las formas posibles esa irregularidad. No obstante, la Justicia avanzó y reanudó el proceso que tiene en esta parte de las investigaciones a tres exgerentes del PAMI involucrados. Se trata de Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta, quienes eran encargados de la obra social nacional de los jubilados en las sucursales de Orán, El Carril y Embarcación. Los tres prestaron declaración el viernes pasado ante la jueza Liliana Snopek.
De acuerdo a la información a la que El Tribuno tuvo acceso en forma exclusiva, de las declaraciones de dos de los acusados se desprende que debían entregar el 20% de sus ingresos salariales a La Cámpora, retención que estaba a cargo de Marcos Vera, exdirector de la Anses Salta (también sospechado por el cobro del IFE) y de Verónica Molina, actual titular del PAMI Salta. Si bien la declaración no está vinculada directamente, el escándalo del IFE resulta un agravante sobre la sospecha siempre vigente del financiamiento de la mencionada agrupación política y los manejos de los fondos públicos.
El viernes pasado, previo a los alegatos, los tres acusados expresaron sus deseos de prestar declaración sobre los hechos.
La primera en hacerlo fue Fernández, quien se refirió, en primer término, a su designación en el cargo y a su tarea social en comunidades originarias, a favor de las cuales realizaba gestiones a fin de que regularicen la posesión de tierras y servicios esenciales.
"Aporte"
Resaltó su tarea a partir de un merendero que abrió en su vivienda y otras tareas comunitarias. "Cuando asumí en el PAMI todo para mí era muy incierto por las irregularidades que tenía la empleadora hacia mi persona, no tenía un legajo ni acceso al sistema", sostuvo.
Explicó que padeció muchas necesidades hasta que cobró su primer sueldo, lo que sucedió el 29 de abril de 2020. "Para mí todo esto era una incertidumbre muy grande, no tenía ingresos económicos y me costaba mucho", aseguró.
"Cuando tengo el primer sueldo, sabiendo que tenía que destinar el 20 % de la totalidad del sueldo al señor Marcos Vera, era el referente de La Cámpora provincial. Ese 20 % de mi sueldo iba destinado justamente como aporte a la organización de La Cámpora", reveló.
Para luego agregar que ese aporte lo hacía a través de Verónica Molina, del PAMI.
"Ella -por Molina- se en cargaba a través de una reunión que se llevaba a cabo en Salta, entregaba este porcentaje, tanto mío como de los distintos jefes que habían asumido”, agregó.
Posteriormente, la acusada se refirió a otros inconvenientes económicos y laborales referidos al atraso de pago de facturas, como la distancia que debía recorrer entre su vivienda, en Pichanal, hasta la agencia del PAMI, en Orán.
En cuanto al aporte, aseguró que no lo gestionó y que el beneficio lo recibió de manera automática. Indicó que habló con Vera para devolver ese dinero, pero que el entonces funcionario de Anses le dijo que “ya no era posible”, por lo que decidió donarlo a una familia de escasos recursos.
Designación sin lógica ni sustento
Juárez, en tanto, también inició su declaración con su historial laboral previo a su desempeño en el PAMI, en este caso en El Carril. Explicó que trabajó en negro en una empresa tabacalera y que también realizó tareas como enfermera. Sobre la designación, explicó que “en realidad nunca fue para mí porque la designación fue para mi hija, la cual es militante de La Cámpora desde el 2016. La designación llegó para ella, pero como ella es estudiante de abogacía no podía por el tema de los estudios. Entonces me la ofreció a mí porque yo estaba relacionada como enfermera con los adultos mayores”.
“La designación me llegó a fines de febrero. Yo me tenía que presentar a trabajar un lunes 2 de marzo (del 2020) y la designación me la pasaron por medio de un PDF, el domingo, un día antes“, contó la acusada.
Posteriormente, al referirse a lo sucedido luego de desatado el escándalo por el cobro del IFE, Juárez reveló que fue citada por Molina. “Me citan la señora Verónica Molina y el señor Marcos Vera pidiéndome la renuncia”, aseguró. “Me dijeron que renuncie porque lamentablemente era una decisión de la organización, a pesar de yo no haber militado ni nada. Me sacaban el 20 % del sueldo todos los meses”. Juárez sostuvo que negó su renuncia.
“No me voy a hacer cargo de algo que yo no cometí. Esa fue mi respuesta, luego cortaron comunicación conmigo, nunca más me contestaron el teléfono ni nada, a pesar de que seguíamos trabajando. Luego, en diciembre me llegó la carta documento mediante la cual me comunicaron que había sido despedida”. De esta manera, y tras relatar las peripecias sufridas luego al quedar sin trabajo, la acusada dijo ser inocente.
Un beneficio de manera automática
Navarreta siguió el mismo hilo que los otros acusados al relatar su perfil laborar ligado a tareas sociales en las comunidades, a lo cual adjudicó su convocatoria a trabajar en el PAMI. No refirió nada en cuanto al aporte del 20 % del sueldo, como dijeron Fernández y Juárez.
Relató la labor que llevó adelante en la agencia de Embarcación y respecto al IFE indicó que no lo gestionó y que le llegó de manera automática. Explicó que habló con su contadora y que esta le dijo que sí le correspondía.
Luego, cuando salió a la luz el escándalo, reconoció que estaba desinformado sobre el asunto y que presentó su renuncia al cargo, aunque sí aclaró que el dinero del aporte fue destinado a comedores comunitarios de la zona.