Ayer por la mañana y con absoluto hermetismo, operadores de la Justicia Federal secuestraron papeles de las oficinas centrales del PAMI local. Fueron con el objetivo de buscar más elementos para continuar con la investigación sobre posibles retenciones de parte del sueldo a empleados para la organización política La Cámpora. Dos trabajadores de la Fiscalía Federal del área de casos complejos, a cargo de Ricardo Toranzos, llegaron con tres oficios a media mañana y fueron derivados al primer piso del organismo. Durante unas horas y junto a empleados del PAMI, los funcionarios judiciales chequearon expedientes y se llevaron documentación relacionada con "personal, procedimientos administrativos y mesa de entrada", según informaron desde el PAMI central.
Fuentes judiciales advirtieron que el secuestro se debía al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y a las posibles retenciones indebidas a empleados del 20% de sus sueldos para la La Cámpora.
Desde el PAMI intentaron poner paños fríos y aseguraron que no se trató de un "allanamiento", sino de "un pedido de documentación para que el fiscal analice si le solicita al juez abrir o no una causa". Advirtieron que "no hay causa", sino una "investigación preliminar".
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En cuanto a los motivos del operativo, desde las oficinas centrales descartan que sea a raíz de la investigación por el cobro del IFE o por posible retención. "Se desprende de los testimonios, de lo que dijo (
exfuncionaria del PAMI Emilia
Sin respuestas
Hace una semana, cuando estalló el escándalo por las posibles retenciones, este matutino intentó sin éxito obtener algún tipo de respuesta de las autoridades centrales. También cuando se supo de la precaria situación en relación con los recursos humanos: para más de 70 mil afiliados hay tan solo 5 médicos auditores y la doctora Blanca Saade, a cargo de la Coordinación Médica, pidió licencia. Con la última noticia sobre el secuestro judicial de documentación, el silencio se mantuvo.
El fiscal Toranzos tomó conocimiento de las posibles retenciones durante el juicio por los cobros indebidos del IFE. En ese proceso se condenó a Viviana Fernández y Javier Navarreta, exgerenta y exgerente de las delegaciones del PAMI en Orán y Embarcación, a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber solicitado y percibido el IFE. Viviana Fernández y Emilia Juárez, exgerentas de Orán y El Carril, fueron las que, antes de conocer la sentencia, pidieron declarar y contaron sobre las retenciones.
Marcha de jubilados
Los jubilados de las localidades de Urundel, Santa Rosa, Pichanal e Yrigoyen marcharon hacia Orán. “Hace 3 años y medio que nos derivan a hospitales públicos. Si es una patología que requiera una especialidad, te mandan a Orán”, aseguró José María Guerrero, de la Asociación de Jubilados de Yrigoyen, que organizó la marcha. El pedido también fue por los remedios. Hay una sola farmacia que tiene cobertura al 100% y es de Orán. Entregaron una nota al juez federal Gustavo Montoya.
