La Corte de Justicia de Salta tendrá que resolver en la causa por violencia de género que inició la defensora oficial civil número cuatro, Natalia Buira, contra el juez de personas y familia número dos, Víctor Raúl Soria.
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La Corte de Justicia de Salta tendrá que resolver en la causa por violencia de género que inició la defensora oficial civil número cuatro, Natalia Buira, contra el juez de personas y familia número dos, Víctor Raúl Soria.
La sala segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial prohibió el 24 de agosto que Soria se acercara a Natalia Buira, quien lo había denunciado por agresiones verbales y psicológicas que sufrió en el desarrollo de sus funciones como representante legal de personas que no pueden pagar un abogado particular.
La Cámara consideró que correspondía tomar una medida de prevención, luego de que la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) advirtiera sobre indicadores de riesgo que planteaba la denuncia que hizo Buira con patrocinio de la abogada especializada en género Graciela Abutt Carol.
Soria presentó un recurso de inconstitucionalidad para que sean los jueces de la Corte los que tomen una decisión final y, en una resolución del 9 de septiembre, la Justicia se lo concedió.
La Cámara de Apelaciones había dispuesto también que se redistribuyeran las causas en las que ambos magistrados intervenían para garantizar que no tuvieran contacto. Con respecto a esto, la Corte de Justicia implementó el jueves, por acordada, un mecanismo de sorteo para que Buira y Soria no tengan causas en común. Los casos que ya estaban en trámite, en tanto, deberán repartirse en otros juzgados.
Defensoría
Desde la Defensoría General de la Provincia resaltaron, en un parte de prensa, que el sistema para redefinir la distribución de causas contribuirá a hacer efectiva la prohibición de acercamiento y, a la vez, permitirá "la continuidad y regularidad del servicio de administración de justicia".
La Defensoría General, a cargo de Pedro García Castiella, destacó que se haya resuelto de esta manera la "controversia" que se generó en torno de cómo debían continuar las causas.
Sin embargo la cuestión central del caso, referida a la denuncia de violencia de género por parte de la defensora, es un tema sobre el que tendrá que expedirse la Corte de Justicia.
Apoyo de defensores del país
La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA), que nuclea a defensores públicos, manifestó su adhesión a la decisión de prohibir que el juez Soria se acerque a Natalia Buira.
"No puede soslayarse la particular gravedad institucional que reviste la situación denunciada, en cuanto a la violencia de género y violencia institucional generada por un juez de familia hacia una defensora oficial dentro del propio ámbito judicial", indicaron.
El hecho que llevó a la primera denuncia se produjo en 2018, cuando Buira asistió al juzgado de Soria por una audiencia con una mujer de Güemes, a quien representaba. Ese día, según la demanda, en el juzgado no quisieron confeccionar el acta.
"Exhortamos a garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia", agregaron.
Además, el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Salta se presentó en la causa como "amicus curiae" o amigo del tribunal. Esta figura permite que una persona o institución interesada en la adecuada resolución de una demanda aporte a los jueces información relevante.
Consideraron que "las circunstancias que rodean los hechos denunciados por Natalia Buira constituyen un caso de violencia de género, siendo esta una línea que debe ser atendida".
La Cámara de Apelaciones había dispuesto, días pasados, que se redistribuyeran las causas en las que Natalia Buira y Víctor Soria intervenían para garantizar que no tuvieran contacto.
"La invisibilización o la indiferencia en la investigación de la violencia cometida contra mujeres tiene un efecto directo, que es la impunidad. Esa indiferencia, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reproduce la violencia", manifestaron las especialistas del Colegio de Abogados.
Antecedente
El hecho que llevó a la primera denuncia se produjo en 2018, cuando Buira asistió al juzgado de Soria por una audiencia con una mujer de Güemes, a quien representaba. Ese día, según la demanda, en el juzgado no quisieron confeccionar el acta que acreditaba que la mujer había comparecido. Luego de reclamar por lo ocurrido, la defensora le advirtió a Soria que haría una denuncia interna, a lo que el juez le respondió que ella no tenía "estatura moral" para denunciarlo y le cerró la puerta. Además, la defensora describió que el juez terminó "gritando" en los pasillos. En el expediente se menciona que hubo reiteradas actitudes "hostiles" desde entonces.