La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que invalidó una cláusula que prohibía la reelección del presidente Nayib Bukele y la simultánea puesta en vigencia de la ley que legaliza la circulación del bitcoin convergieron para provocar un conflicto con Washington y colocar a este pequeño país centroamericano en la mira de la comunidad financiera internacional, interesada en lo que sucede en el primer país en oficializar el uso de criptomonedas.
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La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que invalidó una cláusula que prohibía la reelección del presidente Nayib Bukele y la simultánea puesta en vigencia de la ley que legaliza la circulación del bitcoin convergieron para provocar un conflicto con Washington y colocar a este pequeño país centroamericano en la mira de la comunidad financiera internacional, interesada en lo que sucede en el primer país en oficializar el uso de criptomonedas.
La embajadora estadounidense, Jean Manes, salió al cruce del fallo de la Corte. Sostuvo que "esta decisión es contraria a la letra de la Constitución salvadoreña (artículo 154), que inhabilita expresamente la extensión del mandato constitucional, ni un día más de los cinco años. De modo que esta supuesta interpretación, al rebasar los límites del propio texto, en realidad encubre una modificación de la Constitución".
Manes advirtió que existe "una estrategia clara para socavar la independencia judicial". Explicó "ya hemos visto en la región cuando otros países han seguido este camino, como es el caso de Venezuela, donde Hugo Chávez fue electo democráticamente pero paso a paso trató de conseguir más poder y limitar la independencia. Creo que muchos venezolanos creyeron que estaban viviendo una democracia, porque había razones para elegirlo, pero cuando se está poco a poco sacando la independencia de la instituciones de un país, sabemos dónde sale este camino".
Bukele, que asumió en 2019 por una aplastante mayoría, estuvo limitado por un Congreso controlado por los partidos de la oposición y recién pudo liberarse de esa restricción cuando su abrumadora victoria en las elecciones legislativas de marzo pasado le otorgó el control del Parlamento y le permitió destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sustituirlos por magistrados adictos y aprobar en tiempo récord la reforma monetaria que estableció la libre circulación del bitcoin.
Pero la comparación con Chávez tropieza con el hecho de que el líder salvadoreño derrotó en las elecciones presidenciales al gobernante Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), la organización guerrillera izquierdista que combatió en la guerra civil que asoló al país hasta la firma de los tratados de paz de 1993. Para peor, entre los asesores que colaboraron en el proyecto de legalización del bitcoin revistan economistas venezolanos próximos al mandatario interino Juan Guaidó.
Tampoco le cabría al presidente salvadoreño la etiqueta de "populista de derecha" como su colega brasileño Jair Bolsonaro, igualmente empeñado en embestir contra la Corte Suprema de Justicia. Bukele también sepultó en las urnas a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el partido conservador que se alternó en el poder con el FMLN desde 1993 hasta 2019. Más aún: su primera incursión política fue como candidato extrapartidario del FMLN para la alcaldía de un pequeño municipio aledaño a la capital salvadoreña.
Bukele gusta proclamarse ciberpresidente, con un estilo acorde con las modalidades de esta era tecnológica. Cultiva un contacto asiduo y directo con sus partidarios a través de las redes sociales. Su medio de comunicación favorito es Twitter y su cuenta tiene 2.800.000 seguidores, casi un tercio de la población salvadoreña. Esta cifra revela, además, el grado de penetración de las nuevas tecnologías en uno de los países más pobres de Centroamérica.
Ciberpopulismo
Para comprender esta singularidad de un fenómeno que yuxtapone la utilización de las redes sociales para forjar un vínculo personal entre un liderazgo con tintes mesiánicos y la mayoría de la población, por encima de las instituciones políticas tradicionales, con la legalización del bitcoin, conviene prestar atención al vertiginoso avance del movimiento evangélico, que tiende a erigirse en el culto mayoritario, en detrimento de la Iglesia Católica.
Bukele cuenta con el apoyo de los pentecostales, una de las ramas más activas de los evangélicos. Su prédica proselitista enfatizó su oposición a la legalización del aborto y del matrimonio igualitario.
Los evangélicos salvadoreños mantienen aceitados vínculos con sus cófrades estadounidenses.
En la homologación del bitcoin cumplió un papel significativo la Hope Family Foundation, una asociación de bien público creada por el emprendedor californiano Mike Peterson, un militante evangélico que patrocina también la Mission Sake, una entidad consagrada a respaldar la actividad de los misioneros y en la que participan ciudadanos norteamericanos residentes en El Salvador, entre ellos ex marines y profesionales del sector financiero.
Este acercamiento de Bukele y el movimiento evangélico tuvo también derivaciones en política exterior.
Los "Guerreros de la Fe", un activo grupo evangélico, y la Fundación Jerusalén, una institución de la comunidad judía, desarrollaron una intensa campaña conjunta para bautizar parques y plazas con el nombre de "Jerusalén, capital eterna de Israel". Esa afinidad facilitó el acercamiento entre Bukele y la administración de Donald Trump, quien no se preocupaba demasiado por las advertencias sobre las tendencias autoritarias del joven mandatario.
Pero el idilio con Washington se rompió con la llegada de Joe Biden. La bandera de la “alianza de las democracias” enarbolada por el nuevo inquilino de la Casa Blanca exigía una mirada más escrupulosa en las cuestiones institucionales. El Salvador pasó entonces a integrar una “lista gris” de países sospechosos. El Departamento de Justicia incluyó a varios funcionarios en una nómina de posibles involucrados en actos de corrupción. La adopción del bitcoin fue objetada por Washington por las facilidades que abre para el lavado de dinero.
Con su proverbial pragmatismo, Bukele no vaciló a apostar a la “carta china”. El Salvador manifestó su predisposición a sumarse a la “Ruta y la Franja de la Seda” impulsada por Beijing. Para un país pequeño, las ventajas que pueden suponer las inversiones del coloso asiático en infraestructura constituyen una tentación difícil de rehusar. Pero esa aproximación tiene un límite infranqueable: la relación con Estados Unidos es vital para El Salvador. Las remesas de los dos millones de emigrantes salvadoreños ascienden a 6.000 millones de dólares anuales y son la principal fuente de divisas para su economía.
Ese mismo pragmatismo empleado para relacionarse con Beijing le permitió a Bukele reducir drásticamente los índices de criminalidad en uno de los países más violentos del mundo. La tasa de homicidios bajó de 50 a 20 muertes diarias. La opinión pública reconoce ese logro y presta poca atención a las denuncias de que ese avance es el resultado de negociaciones secretas entre las autoridades y las pandillas criminales que redundaron en un mejoramiento en las condiciones de detención de sus jefes que se encuentran en prisión.
Si bien las encuestas indican que la adopción del bitcoin no tiene un apoyo mayoritario y generó inclusive algunas manifestaciones de protesta, la medida no parece haber mellado los índices de aprobación presidencial.
Más allá del incierto resultado del experimento en curso, Bukele logró algo que ninguno de sus antecesores había conseguido. Por primera vez en sus doscientos años de historia, El Salvador entró en la pantalla de radar de la política mundial.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico