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Agencia Tartagal
"Esto fue un asesinato, no un aborto. La criatura lloraba y tenía autonomía vital cuando se la sacaron a la madre. La asfixiaron y luego la tiraron a la basura...". Tan dramático como cruel, este sería uno de los testimonios que investiga puntillosamente el fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, con relación al aborto de 22 semanas que se practicó a una joven en el hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal y que ahora resulta un advertido punto de inflexión en la recientemente aprobada ley del aborto .
"Estamos actuando conforme lo establece la ley y con todas las garantías a quien o quienes resulten imputados por este caso", manifestó el fiscal Vega en diálogo con El Tribuno al referirse a la detención y posterior liberación de la médica Miranda Ruiz, acusada del delito de aborto, contemplado en el artículo 85 inciso segundo del Código Penal. "Atento a lo que surgió del expediente, se solicitó la detención de esta profesional y se le imputó el delito de aborto, porque de las actuaciones surge que esta médica le practicó un aborto a una mujer estando de 22 semanas y 2 días de gestación. La ley establece que el aborto se permite hasta las 14 semanas de gestación. Transcurrido ese período solo puede considerarse una práctica legal si la gestante ha quedado embarazada producto de un abuso sexual o si el embarazo pone en riesgo la salud integral de la gestante. Esas son las únicas dos excepciones que contempla la ley de interrupción voluntaria del embarazo", precisó el fiscal, y agregó que "del análisis de la historia clínica no surge que la mujer gestante haya sido víctima de abuso sexual, como tampoco que el embarazo represente una amenaza para su salud integral. Tampoco esta situación está debidamente fundada en la historia clínica que se secuestró del hospital Perón, porque lo que tenemos acreditado hasta ahora es que llegó por sus propios medios al hospital, nunca fue internada de urgencia, nunca fue derivada al servicio de cuidados intensivos. Todo lo contrario: luego de producirse el aborto, al día siguiente fue dada de alta y se fue por sus propios medios" precisó el fiscal a El Tribuno.
Miranda Ruiz, la médica de 38 años que el lunes 30 de agosto le practicó un aborto a una joven que se encontraba transitando las 22 semanas y dos días de gestación, fue detenida en la mañana de ayer por orden del juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta, a solicitud del fiscal Vega.
El Tribuno pudo conocer que una de las personas que más comprometen a la médica Ruiz y a otros profesionales es una enfermera de sala. Una testigo citada a declarar manifestó un hecho que resulta más que preocupante: la joven había desistido de hacerse el aborto.
Pocas horas más tarde, un grupo de chicas jóvenes se congregaron en las puertas del hospital Perón portando pañuelos verdes para protestar contra lo que consideraban "una arbitraria" detención de la médica Ruiz. Otro grupo hacía lo propio en Salta capital y también en Buenos Aires.
En la tarde de ayer Cristian Villagrán, el abogado oranense que asesora a la médica Miranda Ruiz, pidió la eximición de detención de la médica de familia, a la que Mariscal Astigueta le hizo lugar. Por tanto, y mientras dure el proceso investigativo, Ruiz deberá presentarse semanalmente ante la Fiscalía Penal y tiene prohibido ausentarse de la ciudad de Tartagal sin autorización previa del Tribunal.
El Tribuno pudo conocer que una de las personas que más comprometen a la médica Miranda Ruiz, pero también a otros profesionales, es una enfermera de sala, quien fue citada a declarar en calidad de testigo. La mujer manifestó un hecho que resulta más que preocupante: la joven había desistido de hacerse el aborto y por el contrario pretendía irse del hospital, pero no le permitieron salir porque ya había ingerido pastillas para el aborto.
Además de esto, de la historia clínica no se desprende que la asistente social del hospital haya realizado un trabajo exhaustivo para determinar la situación de la mujer que, argumentando estar en situación de calle, había pedido el aborto, cuando en realidad residía en la casa de un tío y que otra tía residente en General Mosconi -que formalizó una denuncia penal casi paralelamente a las actuaciones de oficio de Vega- la ayudaba con la crianza de una nena de 2 años de la joven.
Tampoco se habría realizado un trabajo acorde a la situación por parte de los psicólogos del hospital Perón de Tartagal para determinar la situación emocional y psicológica de la mu jer.
Los que están citados a declarar
El mismo día de la publicación de El Tribuno, el fiscal Vega, en base a la “notitia criminis”, inició la investigación de oficio.
La médica legal, en base a la historia clínica y a una ecografía contenida en la misma, confirmó que la mujer tenía 22 semanas y 2 días de gestación al momento del aborto.
La mujer gestante, quien si bien primero se presentó en el hospital pidiendo que le realicen el aborto legal, con el paso de las horas se arrepintió del mismo.
“Yo integro uno de los turnos y a mí la chica me dijo que no quería hacerse el aborto, que estaba arrepentida”, declaró la enfermera de sala. Si bien el fiscal Vega prefirió no referirse al contenido de las declaraciones, solo informó que la próxima semana están citados a declarar otro médico objetor de conciencia que se negó a realizarle la práctica; la mujer gestante (quien no se encontraba en condiciones de declarar dada la trascendencia que tuvo el tema) y la secretaria de la Niñez del municipio de Salvador Mazza, Claudia Subelza.
La funcionaria, quien ante El Tribuno reveló que le había pedido al gerente del hospital, Santiago Payo, que detenga el aborto, ya que la mamá gestante había desistido del mismo, pero sin resultado alguno, había sido citada para el miércoles anterior, pero presentó un certificado médico.
Su declaración podría comprometer al gerente del hospital de Tartagal si en sede judicial mantiene sus dichos.