La empresa Gasnor me ha enviado información contradictoria con relación a la facturación. Todos los meses abono el importe que aparece en las pantallas de los Rapipago a los que acudo para el desembolso de mis compromisos con esta empresa, Edesa, Telecom y otras. Sin embargo, durante agosto pasado, me llegó un aviso en mi correo electrónico que me reclamaba una deuda equivalente a dos meses de servicio supuestamente incumplidos, por una cifra de alrededor de $7.000. Cuando consulto en el Rapipago, en la pantalla figuraba en cambio un “crédito” por $500. Luego de muchos intentos por procurar ser atendido en persona por Gasnor dado que las opciones “on line” no contemplaban mi situación, logré concitar la atención de uno de ellos, quien me dijo que no debía nada y que desechara el reclamo de deuda. Para mi sorpresa, días pasados Gasnor me envía un nuevo reclamo de pago, esta vez por algo más de $11.000, lo que me llevó a requerir nuevamente la comunicación en forma personal, esfuerzo bastante intenso que me obligó nuevamente a expresar mi opinión respecto a la desaprensión de la empresa, amparada en su condición monopólica y que, al amparo de “medidas sanitarias”, prescinde, al igual que otras, de parte de su personal, obligando al público usuario a “pagar” el costo ahorrado por la empresa, con su tiempo. En definitiva, el empleado/a, no sin sentirse tocado por la “dignidad ofendida” y sin ofrecer en cambio sus disculpas ante lo que es, por el contrario, un agravio grosero de la empresa a sus clientes, ratificó el último dato, es decir, un reclamo de presunta deuda por una suma superior a los $11.000, sin reconocer que, cuanto menos, cabe un descuento por proporcionar información confusa y contradictoria, y sin ofrecer, como se dijo, mínimas disculpas.
No es el único caso, Sr. director, de prácticas monopólicas observadas en nuestra Argentina, a cuya población se la priva de una sana competencia interna e internacional para lograr los mejores bienes, servicios y precios, al amparo de “defender la producción nacional”, estrategia que en cambio solo protege intereses particulares y desampara a la población.
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La empresa Gasnor me ha enviado información contradictoria con relación a la facturación. Todos los meses abono el importe que aparece en las pantallas de los Rapipago a los que acudo para el desembolso de mis compromisos con esta empresa, Edesa, Telecom y otras. Sin embargo, durante agosto pasado, me llegó un aviso en mi correo electrónico que me reclamaba una deuda equivalente a dos meses de servicio supuestamente incumplidos, por una cifra de alrededor de $7.000. Cuando consulto en el Rapipago, en la pantalla figuraba en cambio un “crédito” por $500. Luego de muchos intentos por procurar ser atendido en persona por Gasnor dado que las opciones “on line” no contemplaban mi situación, logré concitar la atención de uno de ellos, quien me dijo que no debía nada y que desechara el reclamo de deuda. Para mi sorpresa, días pasados Gasnor me envía un nuevo reclamo de pago, esta vez por algo más de $11.000, lo que me llevó a requerir nuevamente la comunicación en forma personal, esfuerzo bastante intenso que me obligó nuevamente a expresar mi opinión respecto a la desaprensión de la empresa, amparada en su condición monopólica y que, al amparo de “medidas sanitarias”, prescinde, al igual que otras, de parte de su personal, obligando al público usuario a “pagar” el costo ahorrado por la empresa, con su tiempo. En definitiva, el empleado/a, no sin sentirse tocado por la “dignidad ofendida” y sin ofrecer en cambio sus disculpas ante lo que es, por el contrario, un agravio grosero de la empresa a sus clientes, ratificó el último dato, es decir, un reclamo de presunta deuda por una suma superior a los $11.000, sin reconocer que, cuanto menos, cabe un descuento por proporcionar información confusa y contradictoria, y sin ofrecer, como se dijo, mínimas disculpas.
No es el único caso, Sr. director, de prácticas monopólicas observadas en nuestra Argentina, a cuya población se la priva de una sana competencia interna e internacional para lograr los mejores bienes, servicios y precios, al amparo de “defender la producción nacional”, estrategia que en cambio solo protege intereses particulares y desampara a la población.