No trascendieron evaluaciones ni nuevas medidas públicas que demuestren preocupación de las autoridades salteñas por las estadísticas conocidas en materia de femicidios en la provincia: Salta duplica las estadísticas nacionales.
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No trascendieron evaluaciones ni nuevas medidas públicas que demuestren preocupación de las autoridades salteñas por las estadísticas conocidas en materia de femicidios en la provincia: Salta duplica las estadísticas nacionales.
Los trece femicidios ocurridos en el año 2021 en la provincia son la prueba trágica del riesgo de ser mujer en este lado del mapa.
La cifra también señala la persistencia de la violencia de género a pesar de las -siempre insuficientes- medidas institucionales y normativas para enfrentar este fenómeno.
Postergamos la vigencia de emergencia social por violencia de género sin otra consecuencia significativa que el agravamiento de las cifras de violencia.
Las formas de la violencia
Los femicidios son la manifestación más extrema de la violencia, que es, a la vez, la punta del iceberg: un indicador de la magnitud del problema de las múltiples violencias en nuestra sociedad norteña, siempre propensa a tradiciones y prácticas conservadoras que oscurecen derechos de las mujeres. Las formas más notorias de violencias, como las agresiones físicas que generan repudio social, se sustentan sobre una base imperceptible y naturalizada de prácticas violentas en nuestro entramado sociocultural con manifestaciones como los celos, el control, los chistes machistas, las publicidades sexistas, los llamados micromachismos.
Existen esfuerzos estatales dirigidos a enfrentar el problema de las violencias, sin embargo no son suficientes, lo que queda demostrado con las cifras de femicidios y demás violencias. Resulta razonable entonces practicar una evaluación minuciosa de la verdadera eficacia de los programas de gobierno en marcha y el consecuente replanteo de las estrategias de gestión actual de las violencias.
¿Cuál es el resultado de las acciones pensadas en el marco de la emergencia social vigente hace más de 7 años en la provincia? Sin monitoreos y evaluación de resultados y su difusión no es posible una reformulación de las políticas públicas para abordar seriamente la cuestión.
El problema de las violencias es atávico pero recién visible en las tres últimas décadas a partir de su reconceptualización como problema social por los estudios de género. (Aquel eslogan de "lo personal es político").
Diversos análisis sobre la persistencia de las violencias concluyen casi siempre en la necesidad de un cambio cultural, social y político que haga clivaje en la deconstrucción de sistema desigual en el que vivimos, en el que se asigna una posición inferior a las mujeres y a todo aquel que no reporte al binomio hombre-mujer.
Vale entonces detenerse a preguntarnos en qué consiste ese cambio cultural. Y lo consecuente: ¿las acciones en marcha en la provincia están realmente orientadas a semejante objetivo?
El cambio cultural, social y político como respuesta imaginada para el fin de las violencias toma la forma de un necesario cambio de las reglas de juego con el fin de subvertir y deslegitimar los códigos dominantes hasta alcanzar una cultura de la igualdad: desarmar esos machismos cotidianos que ubican a las mujeres en posiciones inferiores. Esa idea excede de manera notable las acciones actuales contra la violencia de género. De hecho, puede advertirse una linealidad en las políticas públicas que se recorta a lo policial, lo penal y lo asistencial. Las medidas están orientadas hoy a una gestión policial represiva, a juzgados de violencia con magistrados/as sin formación adecuada, con capacidad de respuestas estandarizadas y sin seguimiento, y a la insuficiente contención a las víctimas de violencias. Todas respuestas que operan con clausuras tranquilizadoras del sistema que aborda las violencias pero que hace muy poco por quienes las sufren.
Las acciones que hoy se despliegan desde el Estado responden a la noción de los hechos de violencia como episodios aislados, meras contingencias o excesos anómalos que deben sofocarse. Esta idea restringida al fenómeno violento condiciona en gran medida la imaginación y la capacidad de acción de las agencias estatales.
Comprender el carácter estructural del fenómeno de la violencia, entender los episodios violentos como manifestaciones sistemáticas de una subestructura que articula desigualdades, advertir que el germen de la violencia de género está en la idea de la subalternidad de las mujeres conduce a cambiar la perspectiva y a adquirir y promover un compromiso firme con una cultura de la igualdad.
Si hacemos ese cambio de mirada, las respuestas oficiales a las violencias van a ser distintas: no se dirigirán solo a atender el epifenómeno, sino a trabajar para transformar una cultura sustentada a través de un larguísimo proceso histórico social organizado en torno a diversas formas de discriminación, desigualdad y violencia.
El desafío de transformar nuestro entorno hacia un horizonte igualitario -el mentado "cambio cultural"- es enorme pero mandatorio: cada paso y decisión oficial debería atravesar la criba de la igualdad de género para ser consecuente con el objetivo de contraer contextos desiguales: cualquier decisión pública debe filtrase con el cedazo de la igualdad de género.
Quienes cumplen funciones en el Estado, en las tres esferas de poder y en todos los niveles de gobierno, son responsables de llevar adelante la agenda de la igualdad de género. Y esa es otra gran deuda en la provincia: en áreas tan sensibles a las cuestiones de género como la social, por ejemplo, se designan funcionarios/as que rechazan la idea de la igualdad de género. En general, es nula la formación en igualdad en los funcionarios actuales, como también es inexistente la preocupación por el tema en los círculos del poder. En general se banaliza el discurso de la igualdad de género para justificar ciertas decisiones como el aumento del número de jueces de la Corte.
Pensar las violencias como resultado de un entramado social desigual conduce a redireccionar los programas y políticas, abordándolos integral y transversalmente de modo que se conmuevan las dinámicas sociales, políticas, económicas, psicológicas que reproducen desigualdades y violencias. Implica además posicionar la agenda de la igualdad en el centro del diseño de las políticas estatales, con acciones serias, consecuentes, coordinadas entre las distintas áreas, debidamente monitoreadas y con el presupuesto suficiente. Si bien debe involucrarse a todas las áreas, es la educativa la que adquiere relevancia, ya que un cambio cultural implica revisar valores y actitudes interiorizados desde la infancia, virando hacia una educación para la igualdad necesariamente como parte del programa de estudios.
Recrear códigos igualitarios, que además en una promesa constitucional es el principio del fin de las violencias que estamos obligados a erradi car.