Cuando, a sus 9 años, Miranda Ruiz soñó con ser médica nunca pensó que esa vocación de brindar a sus pacientes una mejor calidad de vida la iba a llevar a transitar una pesadilla. Todo comenzó en agosto de 2021, cuando la Justicia de Tartagal, Salta, la imputó y encarceló indebidamente por haber garantizado un aborto legal. La historia clínica de la paciente detallaba que el procedimiento se había realizado con su consentimiento, en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y que la intervención había contado con el apoyo de un equipo interdisciplinario y con el aval de las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud salteño. El Poder Judicial hizo oídos sordos a todo esto y así empezó el derrotero de Miranda, injustamente perseguida solo por haber hecho su trabajo.
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Cuando, a sus 9 años, Miranda Ruiz soñó con ser médica nunca pensó que esa vocación de brindar a sus pacientes una mejor calidad de vida la iba a llevar a transitar una pesadilla. Todo comenzó en agosto de 2021, cuando la Justicia de Tartagal, Salta, la imputó y encarceló indebidamente por haber garantizado un aborto legal. La historia clínica de la paciente detallaba que el procedimiento se había realizado con su consentimiento, en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y que la intervención había contado con el apoyo de un equipo interdisciplinario y con el aval de las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud salteño. El Poder Judicial hizo oídos sordos a todo esto y así empezó el derrotero de Miranda, injustamente perseguida solo por haber hecho su trabajo.
Miranda Ruiz sufrió meses, a pesar de que nunca debió ser investigada. Finalmente, en septiembre fue sobreseída. Sin embargo, la decisión que hace justicia llega después de un año de haber pasado por un proceso judicial hostil e injusto que Miranda debió afrontar por sus propios medios, sometida indebidamente a medidas restrictivas de su libertad, y en el marco del cual su defensa denunció irregularidades y violación de garantías constitucionales. El caso visibiliza, entre varios, una de las respuestas que da el Estado, en este caso del Poder Judicial, cuando las y los profesionales de la salud, en ciertas provincias y ciudades, deciden interrumpir un embarazo autorizados por ley.
Miranda Ruiz es una profesional que decidió ejercer su profesión en una zona en emergencia sociosanitaria. Una médica notable que entiende que en las zonas más críticas deben trabajar los mejores equipos. Incluso fue nombrada profesional destacada en la gestión de la pandemia de COVID-19 por el Ministerio de Salud de la Nación, a propuesta del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
El fallo que la sobresee hace justicia en su caso, hace justicia para su comunidad, y además refuerza la plena vigencia de la ley que habilita el aborto en nuestro país.
Es indudable que nos va a llevar tiempo lograr que cuando se solicite un aborto sea efectivizado sin dilaciones, y para que ello suceda es necesario que profesionales de la salud, dispuestos a hacerlo, puedan trabajar en ámbitos seguros. Por eso, su trabajo debe ser valorado mediante acciones concretas del Estado. Entre otras, un fuerte respaldo institucional frente a persecuciones y hostigamientos, el desarrollo de capacitaciones, la provisión de insumos, y el fortalecimiento y acompañamiento de los equipos que garantizan la práctica. Resulta paradójico que, si bien hace ya diez años la Corte Suprema dejó en claro en el fallo F.A.L que los operadores judiciales no deben impedir el acceso al aborto, las barreras aún siguen levantándose.
Justamente, en el mismo sentido se pronunciaron numerosos organismos internacionales de derechos humanos, que enfáticamente desaconsejaron la persecución penal del aborto por el daño a la salud y a la autonomía de las personas que la judicialización conlleva.
La ley de acceso a la interrupción del embarazo que se aprobó en diciembre de 2020 y el protocolo nacional que guía su implementación no dejan dudas sobre las condiciones que debe reunir un procedimiento de aborto para ser legal.
Por eso, desde Amnistía Internacional sostenemos que es necesario que el Poder Judicial revise y medite sus intervenciones, sobre todo cuando restringen derechos. Ministerios públicos deben instruir y capacitar a sus fiscales para que no persigan indebidamente abortos legales, y, en todo caso, adecuen su política punitiva para investigar las acciones que todavía obstruyen el acceso a la práctica, como la negativa a brindar información, las demoras injustificadas, la denegación de la práctica y la falta de derivación adecuada. Es el Estado el responsable, en todos sus niveles, de que ni Miranda ni ningún otro profesional de la salud deba pasar por una situación como ésta.