El conocido empresario Marcos Levín junto a José Antonio Grueso, exdirector de personal de la empresa La Veloz del Norte, y los expolicías Víctor Almirón y Enrique Cardozo, todos procesados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 16 y 17 personas, recibieron ayer el arresto domiciliario solicitado por el fiscal general Carlos Amad.
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El conocido empresario Marcos Levín junto a José Antonio Grueso, exdirector de personal de la empresa La Veloz del Norte, y los expolicías Víctor Almirón y Enrique Cardozo, todos procesados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 16 y 17 personas, recibieron ayer el arresto domiciliario solicitado por el fiscal general Carlos Amad.
El pasado 21 de octubre el fiscal general había solicitado al tribunal la detención del empresario, el exdirector de personal y de los expolicías Almirón y Cardozo en el marco de la causa "La Veloz del Norte II", la que se encuentra en trámite ante ese tribunal.
El pedido se fundó en el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del pasado 18 de octubre, oportunidad en la que ordenó dejar sin efecto la absolución de los acusados, dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal tras revisar las condenas dictadas en el año 2016 por el tribunal oral de Salta.
Además del arresto domiciliario también se requirió y se hizo lugar a la actualización de los montos de embargos contra los imputados, que ya habían sido ordenados en el procesamiento, con lo cual al empresario Levín se fijó una suma de 2.400.000 pesos, mientras que la del resto quedó en 1.200.000.
El Tribunal, conformado por Marta L. Snopek, María A. Cataldi y Juan C. Reynaga, ordenó la prohibición de salir del país de los cuatro acusados y la colocación de pulseras electrónicas. Se libró oficio de lo dispuesto al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Lesa humanidad
Entre los fundamentos expuestos por el fiscal Amad, luego de lo resuelto por la Corte nacional quedó demostrado que los hechos forman parte de los ataques perpetrados en el marco de la última dictadura militar en el país, durante el terrorismo de Estado. En tal sentido, los hechos deben ser considerados crímenes de lesa humanidad.
Tras el pronunciamiento del máximo tribunal se agravaron los riesgos de fuga de los acusados y de entorpecimiento del proceso. Levín, Grueso, Almirón y Cardozo enfrentan acusaciones por 16 y 17 casos de privaciones ilegal de libertad y torturas, cometidas en perjuicio de los trabajadores de la empresa "La Veloz del Norte" entre los meses de enero y febrero del año 1977.