El año próximo la Provincia de Salta debería destinar el 10% del presupuesto de Salud Pública para la salud mental.
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El año próximo la Provincia de Salta debería destinar el 10% del presupuesto de Salud Pública para la salud mental.
El 25 de julio, la jueza de Familia 2 de Orán, Ana María Carriquiry, ordenó al Ejecutivo provincial que cumpla con este porcentaje, tal como dispone la Ley N° 26.657. Según dijo en su fallo, el porcentaje venía siendo dramáticamente más bajo, del 0,4%.
La sentencia de la jueza se dictó alrededor de un mes y medio después de que los asesores de Incapaces 1 y 2, Gladys Reynoso y Cristian Babicz, respectivamente, presentaran un amparo colectivo contra la Provincia por la deficiente atención en salud mental en el departamento Orán.
Si bien el Ejecutivo provincial apeló la sentencia, que se encuentra en la Corte de Justicia, desde la Provincia comenzaron a cumplir con lo ordenado por Carriquiry, según reveló la misma jueza.
Además de pedir que cumplan con el porcentaje, la jueza mandó al Ejecutivo a presentar en 10 días un plan de salud mental e impuso otras medidas: efectivización de los trabajadores del hospital San Vicente de Paul; pleno funcionamiento del centro para tratamiento de adicciones Tinku; incorporación de al menos 3 médicos psiquiatras y al menos 10 psicólogos para el departamento Orán y capacitación obligatoria para la totalidad del personal del hospital.
Dispuso que haya un sector refaccionado y reacondicionado en el hospital para la atención de pacientes con padecimientos mentales y que se ponga en funcionamiento el Órgano de Revisión en Salud Mental en 90 días y que, hasta tanto, intervenga el Comité contra la Tortura. Ordenó que Auditoría General de la Provincia intervenga en el control de la ejecución del presupuesto en materia de salud y salud mental, "toda vez que el Ejecutivo provincial dice carecer de la información específica sobre el presupuesto".
La propuesta que presentó la Provincia tras el fallo fue aceptada por los asesores Babicz y Reynoso. "La primera etapa está en marcha", manifestó Carriquiry, y apuntó que "el Estado no puede desoír una sentencia judicial". "Vamos a ver el cumplimiento del presupuesto", agregó.
Babicz contó que la presentación judicial fue motivada por la deficiencia que ven, a lo largo de los años y los gobiernos, en la respuesta del sistema de salud para las personas que consultan por salud mental en Orán. Además, dijo que faltan profesionales especializados en estos problemas. "El servicio de salud no resultaba acorde con las necesidades de la población", observó, y remarcó que esto "se agudizó con la pandemia".
Explicó que algunos pacientes no tienen una respuesta inmediata y que otros no tienen una salida adecuada, como sucede, por ejemplo, cuando son trasladados a la ciudad de Salta: "Eso repercute de manera negativa en su realidad personal, familiar y social. Ven quebrantados sus vínculos a raíz de padecer una enfermedad mental".
Comentó que se busca que las derivaciones representen la última posibilidad para atender al paciente y que se trate de resolver en Orán. "El problema es que no hay recursos humanos acá", planteó. Cuando iniciaron la acción de amparo el hospital local tenía tres psicólogas y un médico psiquiatra, que ya no está más. "La situación se vio agravada", apuntó. Contó que ahora hay cuatro psicólogas, pero que este número resulta "sumamente escaso" para la población que atiende el hospital regional. En todo el departamento y zona de influencia hay unas 140 mil personas.
Babicz señaló que el fallo fue satisfactorio para él y su par, Reynoso: "La sentencia fue conforme a lo que se peticionó desde el Ministerio Público Pupilar". Ahora esperan a que la Corte se expida para que quede firme.
El magistrado observó que el plan de trabajo que presentó la Provincia es progresivo y que consta de diversas etapas. "La primera se tiene que cumplir hasta diciembre de este año, con incorporación y capacitación de profesionales. En diciembre se va a saber si se avanzó o no", expresó, y dijo que van a "procurar su cumplimiento".