Un socio antoniano pide una asamblea

La vida institucional del Centro Juventud Antoniana generó preocupación e incertidumbre entre los socios e hinchas, quienes entienden que la responsabilidad de dirigir los destinos de la institución, en manos de la comisión directiva que encabeza Javier Russo, no es la acertada.

El socio Facundo Ramos Minetti (DNI número 37.720.264), presentó una nota en la secretaria de la institución solicitando que se dé cumplimiento a lo establecido en el Art. 7 del estatuto. Tal pedido se refiere al inmueble sobre calle Catamarca, restituido por el municipio capitalino al club de la Lerma, en el cual se anunció la concreción de obras con la participación de un grupo inversor.

En la nota que redactó Facundo Minetti, dice: “Numerosas han sido las especulaciones con respecto a qué finalidad se le dará al bien en cuestión. Independientemente de la resolución municipal u ordenanza que determine la finalidad de la obra a realizarse, no menos cierto es que el bien forma parte del patrimonio del Centro Juventud Antoniana y que, por ende, internamente, debe respetarse el procedimiento estipulado en el estatuto a los fines de decidir qué medidas se tomarán al respecto a la finalidad de dicho bien”.

En el párrafo siguiente agregó: “En este estatuto en el artículo 7 establece que el Centro está capacitado para adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, contraer obligaciones, realizar cualquier operación con instituciones bancarias provinciales, nacionales e internacionales. La comisión directiva no podrá sin autorización especial de una asamblea extraordinaria, ceder, enajenar ni hipotecar bienes raíces, ni enajenar o gravar bienes muebles registrables”.

De acuerdo a lo que anunció Javier Russo, en un primera etapa se construirían 6 canchas de fútbol, y vestuarios. Y una segunda parte con la instalación de canchas de y la construcción de un polideportivo (, básquet y ), Minetti expuso: “Resta dilucidar cuál será la contraprestación que deberá abordar Juventud Antoniana por la realización de obras por parte de la entidad que invertirá económicamente en la institución, las condiciones del contrato y cualquier tipo de información relevante que permita dilucidar que grado afectación patrimonial recaerá a la institución”.

“El hecho de que un grupo inversor tenga previsto la realización de una obra de tamaña envergadura en la institución, trae aparejada consigo una ineludible enajenación. Lo que implicaría directa o indirectamente la cesión de los derechos de propiedad. Es por ello que la autorización de un obra de esta magnitud requiere la autorización de una asamblea de socios”, explicó Minetti.

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