El Instituto Provincial de la Vivienda de Salta (IPV) tiene un problema histórico: una elevada proporción de los beneficiarios no pagan las cuotas. Históricamente la mora anual en promedio fue de 40 al 45%. Al comienzo de la gestión de Gustavo Sáenz (diciembre 2019) el incumplimiento se ubicó en el 43%.
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El Instituto Provincial de la Vivienda de Salta (IPV) tiene un problema histórico: una elevada proporción de los beneficiarios no pagan las cuotas. Históricamente la mora anual en promedio fue de 40 al 45%. Al comienzo de la gestión de Gustavo Sáenz (diciembre 2019) el incumplimiento se ubicó en el 43%.
A partir de marzo de 2020, con el inicio de la pandemia, el endeudamiento fue incrementando mes a mes como consecuencia de las restricciones por la cuarentena que generó una baja de la actividad económica. El año pasado la demora en los pagos creció hasta el 47%.
Actualmente la nueva administración pudo bajar esa morosidad que casi tocó el 50%, sin embargo se ubica en un número alto que llega al 42%.
Morosidad
Al 31 de enero de 2022 la cantidad de adjudicatarios activos que tiene el Instituto Provincial de la Vivienda en toda la provincia es de 43.982, de los cuales el 40% se ubica en la capital y el resto en las distintas localidades. Para ser más exactos, 17.967 se encuentran en la ciudad de Salta y 26.015 en el interior provincial.
La capital tiene una baja morosidad que alcanza a 4.275 adjudicatarios activos (23,79%). "En la ciudad de Salta la mora promedia un 23%, índice razonable para la situación actual, pero se realizan acciones de notificación temprana con personal del IPV para que no se incremente", expresa el informe al que pudo acceder El Tribuno.
La situación en el interior provincial es distinta, ya que hay una alta morosidad que supera el 50%. De los 14.311 adjudicatarios activos, 55% está atrasado en las cuotas del IPV. Al realizar un análisis detallado de la mora, desde el organismo provincial encontraron, del total de los morosos, aproximadamente el 45% (8.364 beneficiarios) tiene cuotas de menos de $1.000.
Cuotas
La cuota depende del programa con el que se haya construido la vivienda, es por eso que hay beneficiarios que pagan montos inferiores a los $1.000, ya que no se actualizaban.
A partir de 2018 se actualizan cada seis meses -en junio y en diciembre- y bajo el índice de coeficiente salarial. Sin embargo, todas las cuotas anteriores a esa fecha no tienen ninguna modificación.
El IPV es distinto, por ejemplo, al programa Procrear, en el que hay una parte financiera porque funciona con un sistema solidario. Salta ya adhirió al Fondo Solidario de Vivienda por el que se va a afectar hasta un 25% de los ingresos de los futuros beneficiarios.
Pandemia
A partir de marzo de 2020, momento en el que arranca la pandemia y comienzan a aplicarse restricciones a las actividades económicas y a la movilidad de las personas, el endeudamiento comenzó a incrementarse.
Es por eso que desde el organismo provincial debieron facilitar el pago a los adjudicatarios. Por tal motivo se procedió, como primera medida, a la apertura de bocas de cobro por medios electrónicos (cajeros automáticos, botón de pagos, transferencias, etc.), también se sumaron agentes privados y se realizaron campañas para la adhesión al débito automático por parte de los beneficiarios en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y facturas de Edesa.
Las acciones que se desarrollaron durante el período se limitaron a llamadas telefónicas a los morosos, dadas las restricciones a la movilidad.
A medida que se fueron levantando las restricciones de circulación y abrieron las distintas actividades económicas que estuvieron cerradas por varios meses, el IPV implementó distintas medidas para concientizar a los adjudicatarios del valor que tiene el pago de su cuota.
Se implementaron programas de planes de pagos muy flexibles, a mediados del año 2021 se realizó la campaña de cancelación anticipada de viviendas con cuotas de hasta $1.000 con el beneficio del descuento del 25% por pago de contado, un 20% en tres cuotas (para adjudicatarios al día) y descuentos del 15% y del 10% (para adjudicatarios en mora).
En el interior, donde la morosidad es elevada se inició el programa "El IPV se acerca a usted", que consiste en la visita por parte de personal de cobranzas a los distintos municipios del interior para brindar un servicio de consultas de deudas, impresión de boletas y planes de pago. Con esta acción el organismo logró, en forma paulatina, un descenso del atraso en los pagos y cancelaciones de viviendas.
Si los adjudicatarios no cumplen con esta obligación, impiden que el organismo provincial siga construyendo casas para quienes las necesitan.
El IPV en 2021 recuperó 11 viviendas
El informe realizado por el IPV indica que, después de cumplir con todos los pasos administrativos, el organismo provincial recuperó en el último año 11 viviendas que se encontraban sin habitar. Desde el IVP informaron que las mismas todavía no fueron asignadas debido a que se están arreglando. “De igual forma se procede con las casas por las que hay una intimación por falta de pago cuando comprobamos que los beneficiarios cuentan con los recursos económicos para cancelar la deuda”, expresaron. El IPV tiene un proceso de revocación que está contemplado en la resolución 032/10 y se aplica por dos incumplimientos.
El primero de ellos se refiere al cargo de la obligación de habitar la vivienda en tiempo y, el otro, a las ampliaciones, modificaciones o cualquier clase de obra que altere el estado edilicio del inmueble sin la autorización correspondiente del organismo.
Planes de pago
Para ingresar a algún plan de pago de deuda, el IPV tiene distintas opciones. Para cuotas de hasta $1.000 se requiere un adelanto del 30% de la mora, pasan a tener una cuota mínima de $1.000 y el plazo se extiende hasta la cancelación de la vivienda. Para cuotas que van desde $1.001 a $5.000 se requiere un adelanto del 20% de la deuda y el plazo se extiende hasta la cancelación del valor de la vivienda. Por cuotas superiores a $5.000 se requiere un adelanto por el valor de las dos últimas cuotas al vencimiento y el plazo se extiende hasta el valor de cancelación de la vivienda. Ante casos en que se comprueba la falta de recursos del adjudicatario, se analiza la situación y se realizan ajustes al plan de pago.