Ni la acuciante falta de agua que afecta desde hace meses a todo el departamento San Martín ni el pésimo estado de la ruta nacional 34, que para los sanmartinianos es una verdadera trampa mortal, como tampoco la muerte de niños y bebés originarios que fallecen por falta de alimentos, agua segura o controles médicos. Ninguna de esas situaciones límite logró reunir a legisladores nacionales, provinciales, referentes del movimiento feminista y profesionales médicos para reclamar por una causa.
inicia sesión o regístrate.
Ni la acuciante falta de agua que afecta desde hace meses a todo el departamento San Martín ni el pésimo estado de la ruta nacional 34, que para los sanmartinianos es una verdadera trampa mortal, como tampoco la muerte de niños y bebés originarios que fallecen por falta de alimentos, agua segura o controles médicos. Ninguna de esas situaciones límite logró reunir a legisladores nacionales, provinciales, referentes del movimiento feminista y profesionales médicos para reclamar por una causa.
Pero sí lo hizo la situación procesal de la médica del hospital Juan Domingo Perón, Miranda Ruiz, a quien en segunda instancia la Justicia le denegó el pedido de sobreseimiento solicitado por sus abogados defensores. La médica se encuentra imputada desde el año pasado por el delito de aborto sin consentimiento que le practicara a una chica de 21 años de edad residente en la localidad de Salvador Mazza, quien la denunció por esta práctica cuando había superado los 6 meses de gestación de la bebé que llevaba en su vientre.
La causa desde sus inicios es investigada por el fiscal penal Gonzalo Vega, quien apenas conocido el hecho ordenó la detención de la médica, pero el juez de Garantías decidió que la mujer quedara en libertad mientras se realiza la investigación. De las más diversas pruebas colectadas el agente fiscal concluyó en que la mujer realizó el aborto sin el consentimiento de la mamá gestante -según la denuncia de la misma chica y las declaraciones que aportaron los testigos- y le dictó el procesamiento. Los defensores de Miranda Ruiz apelaron la medida, que terminó siendo confirmada en segunda instancia. Ante este panorama los dirigentes apelaron a la presión política e intentaron hacer aparecer que a la médica "se la persigue porque es mujer", y hasta se refirieron a una persecución religiosa.
La conferencia de prensa estuvo liderada por la diputada nacional por Salta Lía Verónica Caliva, y participaron de la misma legisladores provinciales por el mismo espacio político y el gerente del hospital de Tartagal, además de la propia médica y su defensora.
La abogada de la médica, Paula Tkaczec, destacó la figura de "consentimiento" que establece la ley antes de realizarse la práctica, como también la figura de "arrepentimiento". Entre la documentación elevada en la historia clínica "en ningún momento consta un arrepentimiento por escrito", justificó en referencia a la joven madre que se encontraba internada en el hospital de Tartagal , y remarcó que en caso de solicitarse la elevación a juicio de la médica Ruiz esta será rechazada.
"La fiscalía lo único que tiene es un relato y no pruebas", aseguró el gerente del hospital donde se practicó el aborto, Santiago Payo, un destacado pediatra norteño pero quien lleva adelante una de las gestiones más cuestionadas de los últimos años al frente del hospital de referencia de todo el departamento San Martín, blanco de críticas permanentes por la falta de médicos, de insumos, por el robo de medicamentos, entre otros temas que se hicieron de conocimiento público.
Una encubierta e injustificada presión política
Quien salió a responder al grupo de mujeres que defienden a la médica fue la ex directora de la Niñez de Salvador Mazza Claudia Subelza, quien ya había puesto en conocimiento de la Justicia la situación por la que atravesaba la joven de esa localidad, quien había llegado al hospital de Tartagal con la intención de practicarse un aborto, pero que horas antes había desistido, cuando la entonces funcionaria Subelza le aseguró que desde el municipio de la localidad fronteriza le iban a brindar todo el apoyo y la contención para que pudiera criar a la bebé que gestaba en su vientre. “Es una barbaridad que esta gente haga conferencias de prensa para presionar a la Justicia, cuando esa médica tiene todos los medios para costearse abogados y cuando le dieron todas las garantías para defenderse. Como en la Justicia no pudo de ninguna manera justificar su accionar, ahora quieren usar la política para presionar a los jueces y al fiscal. Hubiesen venido a Tartagal a hacer conferencias de prensa cuando se mueren los niños aborígenes, cuando criollos ni aborígenes no tenemos agua; pero evidentemente a ninguno de los que estuvieron ahí estos temas les interesa. Solo quieren justificar un hecho atroz que a quienes somos madres, padres de familia nos sigue doliendo”.
La exfuncionaria explicó que “desde la intervención del municipio de Salvador Mazza no me desempeño más en esa área de la niñez y tampoco soy concejal, porque el año pasado terminó mi mandato. Pero no necesito un cargo público para seguir denunciando estas atrocidades. He declarado como testigo en esa causa y le conté al fiscal absolutamente todo lo que sucedió, porque la mamá de la bebé habló conmigo cuando la chiquita estaba en su vientre; ella había desistido del aborto, la bebé tenía más de 6 meses de gestación y le aseguramos que la íbamos a ayudar para que saliera adelante, porque no era fácil para ella la situación que estaba viviendo. No puedo creer que toda esta gente haga conferencias de prensa para presionar a la Justicia cuando lo que los ciudadanos exigimos es una justicia independiente del poder político, es algo totalmente inadmisible” expresó.
“No se la van a llevar de arriba”
La legisladora nacional por Salta Verónica Caliva aseguró que “todo se trata de una causa armada y mediatizada de estos sectores que no les va a quedar otra que ajustarse a derecho y no se la van a llevar de arriba, porque lo que hicieron fue mentir; hay que investigar cómo se pudo montar una causa como esta y deben pagar por lo que hicieron. No puede ser que cualquiera mienta y dañe una carrera profesional impecable, le produzca un daño irreparable a la doctora Ruiz y nos afecte a todos y a todas”, expresó además de asegurar que desde el hospital de Tartagal “se viene trabajando correctamente en este tema, garantizando el derecho a la interrupción del embarazo de las mujeres que así lo deciden”. (Agencia Tartagal)