La situación es insólita, porque es precisamente en el ámbito donde se deben garantizar los derechos de los ciudadanos en su conjunto donde varios obreros mantienen una manifestación desde hace prácticamente dos semanas. Los trabajadores con sus familias y otros obreros que diariamente le hacen "el aguante" están instalados en carpas en el frontispicio del complejo judicial de Tartagal, a la vista de todos los funcionarios de ese poder del Estado, del Ministerio Púbico, de la Justicia Federal, entre los organismos que funcionan en el lugar, ubicado entre la ruta nacional 34 y la Av. Mosconi.
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La situación es insólita, porque es precisamente en el ámbito donde se deben garantizar los derechos de los ciudadanos en su conjunto donde varios obreros mantienen una manifestación desde hace prácticamente dos semanas. Los trabajadores con sus familias y otros obreros que diariamente le hacen "el aguante" están instalados en carpas en el frontispicio del complejo judicial de Tartagal, a la vista de todos los funcionarios de ese poder del Estado, del Ministerio Púbico, de la Justicia Federal, entre los organismos que funcionan en el lugar, ubicado entre la ruta nacional 34 y la Av. Mosconi.
El tema, que dista de resolverse, involucra indirectamente al Poder Judicial de la Provincia, porque los que están instalados en carpa desde hace casi dos semanas son trabajadores despedidos de la empresa que tiene el servicio de limpieza y mantenimiento en el Distrito Judicial Tartagal, Centro y en el Sur de la provincia. El conflicto viene sin resolverse desde el año pasado, cuando procedieron al despido de cinco trabajadores que protestaban por la falta de pagos, aportes de obra social, y por no actualizar los montos de los convenios colectivos de trabajo.
Según los despedidos, la empresa "pretendía manejarse con un convenio colectivo de trabajo que rige en la provincia de Buenos Aires, no en Salta. Es tal el nivel de irregularidad que recién el 28 de marzo, a los 11 que todavía trabajan en el complejo judicial de Tartagal les terminaron de abonar el sueldo del mes de febrero. A estos cinco trabajadores despedidos los cesantearon porque reclamaban lo que por ley les corresponde", enfatizó el delegado sindical de los trabajadores del comercio, Domingo Ruiz, quien los está representando en su reclamo.
Doce días
El miércoles se cumplieron doce días de la protesta y a pesar de lo extensa de la medida los despedidos no han tenido respuesta alguna. "Nos preocupa por el feriado de Semana Santa y serán muchos días feriados, pero acá vamos a permanecer", expresó María Guitián, una de las mujeres que se encuentran guareciéndose debajo de una precaria carpa.
Rubén Hoyos es otro de los despedidos de la empresa que realiza el servicio de mantenimiento y limpieza en los complejos judiciales de la provincia y que fue despedido de Tartagal después de siete años en las tareas luego de reclamar por las condiciones laborales.
"Los despedidos somos cinco personas y a mí me llamaron a un audiencia por el reclamo que estoy haciendo, pero la empresa no se presentó, así que quedamos siempre en la misma situación. Ojalá que alguien se compadezca, porque más allá de la solidaridad y el acompañamiento de los compañeros de trabajo de la empresa, nadie más vino a darnos esperanza de que esta situación se pueda solucionar, porque no queremos seguir en este lugar, en el que ya vamos a completar dos semanas", expresó María.
Rubén Hoyos por su parte, reconoció que "esta medida de fuerza es muy desgastante, pero voy a seguir porque estoy seguro de lo que estoy reclamando. Estos despidos llevan mucho tiempo y nosotros los hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y por eso tomaron represalias, dejándonos sin trabajo, sin tener ninguna razón. Jamás han cumplido lo que se comprometieron en las audiencias a las que hemos sido convocadas las partes", dijo.
“Una injusticia”
Hoyos aseguró que “nosotros pertenecíamos a un gremio y la empresa jamás respetó ese convenio colectivo de trabajo, por lo tanto nos adeudan del año pasado. Nos pagaban de sueldo $25.500, porque no se respetaban los aumentos, además de la permanente persecución laboral que sufríamos. Pero la medida que tomaron no fue escuchar los reclamos, pagar lo que corresponde, sino despedirnos por reclamar lo que es justo”, indicó.
Por su parte, el secretario general de los empleados de comercio de Tartagal, Domingo Ruiz, precisó que “es una injusticia lo que vive esta gente, pero peor lo es porque el que es solidariamente responsable es el Poder Judicial de Salta. Esta gente está hace casi dos semanas con medida de fuerza y ningún funcionario del Poder Judicial se ocupó al menos de interesarse por la situación”.
Una cuestión gremial en el trasfondo del tema
El secretario general de Comercio, Domingo Ruiz, explicó que la medida “comenzó el año pasado, cuando estas cinco personas comenzaron a reclamar lo básico y elemental: que les abonen lo que corresponde, que se rijan por un convenio colectivo de trabajo que esté vigente en Salta, que se les dé las condiciones mínimas para realizar las tareas. Los tomaron por problemáticos y bochincheros y los echaron”.
Por su parte los responsables de la empresa “Limpieza Salta” aseguraron a El Tribuno que “este problema viene desde hace 8 meses por un conflicto de tipo gremial. Los empleados de la firma están agrupados en el Sindicato de Obreros de Maestranzas (SOM), con el que mantienen acuerdos salariales a nivel nacional y es con quien negociamos en todo el país”. (Corresponsalía Tartagal)