Durante una extensa jornada judicial, el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue informado ayer sobre las imputaciones en su contra en la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta, y además prestó declaración sobre su accionar. Ante la fiscalía negó las estafas.
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Durante una extensa jornada judicial, el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue informado ayer sobre las imputaciones en su contra en la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta, y además prestó declaración sobre su accionar. Ante la fiscalía negó las estafas.
Cositorto aseguró que su profesión es la de "coach ontológico", y dijo que la empresa que formó junto a su hermano solo se dedica a las capacitaciones en inglés, PNL (programación neurolinguística), locución, periodismo y otras 30 carreras más. Dijo que su empresa está presente en 21 países y cuenta con 72 sucursales.
En cuanto a las acusaciones por estafas, Cositorto las rechazó y apuntó hacia otras empresas por buscar que Generación Zoe deje de funcionar. También destacó que la organización está inscripta "bajo el fideicomiso ordinario ZoeLatam", y detalló que, incluso durante la pandemia, tenían una facturación de 40 millones de dólares mensuales.
Cositorto fue trasladado desde Córdoba -donde estaba preso por estafas- a Salta por requerimiento de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, a raíz de 60 denuncias contra Zoe que se investigan en la provincia. Según adelantó la fiscal a El Tribuno, será llevado nuevamente a Córdoba la semana que viene.
Cositorto agregó que Zoe abrió 35 operaciones de diferentes unidades de negocio a nivel mundial. Aseguró que compró tierras en la zona de Pilar y en Cartagena de Indias. En este punto, el imputado acusó directamente a Pablo Salum, Javier Esmaldone y Beto Mendeleiev de iniciar una "campaña de difamación".
También aclaró que hasta el 18 de febrero de este año no tenían ninguna denuncia y dijo que a partir de ese momento, fueron las acciones de la Justicia de Córdoba las que llevaron a que la empresa Generación Zoe empezaran a tener pérdidas y no lograra cumplir con los compromisos asumidos con los inversores que pusieron capital en la firma.
La voz de la fiscalía
En tanto, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Nelson Leonardo Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (60 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.
La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las denuncias realizadas, asciende a 3.901.700 pesos y 228.557,29 dólares.
Durante la audiencia Cositorto aceptó declarar aunque no contestó preguntas, tal como lo hiciera en otras provincias.
A lo largo de las más de dos horas que duró el procedimiento, el CEO de Generación Zoe aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio.
Por su parte, Jorge Vilardel, Ricardo Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, también asistidos por abogado particular, se abstuvieron de declarar.
Al finalizar las audiencias los cinco imputados fueron trasladados a la Alcaidía.
Los roles de los imputados
Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:
Leonardo Cositorto: director ejecutivo de "Generación Zoe", firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de transferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser "Zoe Empowerment S.A.", donde él mismo revestía el carácter de presidente.
Ricardo Gabriel Vilardel: director y representante de Zoe en Salta. Atendía a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban por el dinero entregado.
Ana Vilardel: secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados.
Jorge Federico Vilardel: encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria, según quedó probado.
Griselda Albornoz: junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir a la financiera.
El modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual.