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La Justicia ordenó allanamientos por denuncias de estafa en fideicomisos

Las medidas se cumplieron el jueves en las oficinas de la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones, de Leguizamón 753, en dos propiedades de San Lorenzo. 
Viernes, 27 de mayo de 2022 20:39
Foto: Jan Touzeau

El pasado jueves, la Justicia allanó las oficinas comerciales de la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones, a instancias de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, que investiga denuncias por estafa, defraudación por retención indebida y administración fraudulenta en fideicomisos de la citada empresa.

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El pasado jueves, la Justicia allanó las oficinas comerciales de la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones, a instancias de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, que investiga denuncias por estafa, defraudación por retención indebida y administración fraudulenta en fideicomisos de la citada empresa.

Los allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías 8, a cargo de la magistrada Claudia Puertas, se extendieron a dos propiedades de San Lorenzo, según precisaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
En la Unidad de Delitos Económicos Complejos hay al menos una docena de denuncias penales presentadas contra la presidenta de la firma, María Mercedes Ibarra, y otros directivos.

Dos de las presentaciones penales se remontan hasta el 10 de septiembre y el 15 de octubre de 2019. Otra se radicó el 1 de diciembre de 2020. El año pasado se sumaron tres, mientras que desde marzo último se agregaron al menos cinco más. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio está al frente de la investigación de los casos que exponen afectaciones patrimoniales por una suma global en dólares que ascendería a las siete cifras.

Algunos de los denunciantes se manifestaron defraudados con departamentos con cocheras que pagaron, pero que tienen desde hace largo tiempo las obras a medias y paralizadas en edificios como los de Ameghino 423 (Vento) y el pasaje Arteaga entre Adolfo Güemes y Alvear (Style). La operatoria de los fideicomisos inmobiliarios que se constituyeron en 2016 también fue acompañada con la firma de contratos de negocio en participación, por los cuales inversores damnificados aportaron ahorros en dólares que la empresa gestora -representada también en esos mutuos por Ibarra- se obligó a devolverles a los 24 meses, con las correspondientes utilidades pactadas, en dinero o en metros cuadrados. 

El negocio en participación, figura regulada en los artículos 1448 a 1452 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor.

El partícipe (particular aportante) tiene derecho a que el gestor le brinde información y acceso a la documentación relativa al negocio. También, a una rendición de cuentas de la gestión en la forma y tiempo pactados o, en su defecto, anualmente y al concluir la negociación.
Algunos de los aportantes afectados denunciaron que la gestora incumplió las rendiciones de cuentas, a pesar de las intimaciones formales que se le hicieron. Manifestaron que, ante los reclamos más insistentes, Ibarra se comprometió verbalmente o por vía telefónica a regularizar las obligaciones legales y contractuales, pero sin cumplir durante meses. En otros casos -siempre según las presentaciones penales- no respondió a los mensajes ni atendió las llamadas y tampoco se la pudo localizar en las oficinas comerciales que la Justicia allanó el jueves último en Leguizamón 753 de la ciudad de Salta

En relación con las denuncias que ocupan a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, diferentes registros públicos exponen una serie de hechos y situaciones de interés.

El 13 de septiembre de 2019, tres días después de que se formalizara la primera presentación penal contra la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones, uno de sus directores titulares, Federico Gianola Terán, presentó su renuncia a ese cargo y también al de vicepresidente de la empresa. En esa carta documento -la primera de cuatro con las que insistió hasta el 28 de enero de 2020 en reclamo de la aceptación de su dimisión- Gianola Terán dejó en claro que el motivo que lo llevó a tomar esa decisión fue que la sociedad se encontraba realizando actos de administración y disposición de los cuáles él no había sido partícipe ni en su deliberación, decisión, planeamiento estratégico y, por ende, menos en su ejecución. Gianola Terán inclusive hizo notar que dichos actos podrían afectar su honor y buen nombre. También sostuvo que el desempeño de su cargo era meramente formal, ya que no contaba con información, ni siquiera para saber el rumbo que pretendía darse a la compañía. 

Tras un largo y áspero cruce epistolar, y sin que el directorio de la sociedad anónima aceptara formalmente la dimisión de Gianola Terán, la Subsecretaría de Registro del Estado Civil y Personas Jurídicas ordenó de oficio la inscripción de su renuncia el 4 de agosto de 2020. Siete meses antes había empezado a desencadenarse un aluvión de cheques rechazados por falta de fondos. 

 

 

Más de mil cheques rechazados por falta de fondos 


Desde marzo de 2020 rebotaron órdenes de pago de la firma allanada y sus fideicomisos por $121 millones. En el BCRA figuran recuperados $30 millones. 

En la Central de Deudores del Sistema Financiero, base de datos con acceso público del Banco Central de la República Argentina, la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones y sus fideicomisos Vento Ameghino, Style, Edificio Rivadavia I, Loteo La Eulogia, Loteo La Jacinta y Loteo La Carlota aparecen con 1.094 cheques rechazados desde el 26 de marzo de 2020 hasta el pasado 15 de mayo por un total de $121.309.777. Y en ese registro oficial del BCRA, solo 351 de esas órdenes de pago figuran como abonadas, por un total de $29.785.783, de lo que se desprende que 743 de los cheques rechazados habrían quedado impagos por una suma cercana a los $91,5 millones. 

Parte de las constancias a las que accedió El Tribuno, también muestran a la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones con legajos actualizados ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia hasta 2017. Desde ese año, en el ente de contralor de las sociedades no hubo registros de la actividad comercial ni de los actos de administración de la firma allanada, salvo por dos excepciones: una fue el legajo que se abrió tras la carta documento con la cual quien fuera su vicepresidente presentó la renuncia al cargo en septiembre de 2019. 

En una entrevista publicada el 26 de mayo de 2021 por InSalta, diario digital del mundo empresarial, la titular de la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones manifestó que, pese a dos años difíciles, la empresa seguía firme con sus emprendimientos inmobiliarios. En esa nota, Ibarra invitó a los inversores a que confíen en la calidad de construcción, trayectoria y productos de la firma. “Hay gente que se asustó, pero aquí estamos firmes. Tenemos propuestas de loteos, avanzamos con nuestras obras”, afirmó entonces. 
 

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