Luego de que la Cámara Salteña de Construcción advirtiera a El Tribuno sobre retrasos de obras por la escasez de materiales y el descalabro cambiario y de precios en el país, en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sostienen que ningún plan de ese organismo sufre, hasta ahora, demoras.
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Luego de que la Cámara Salteña de Construcción advirtiera a El Tribuno sobre retrasos de obras por la escasez de materiales y el descalabro cambiario y de precios en el país, en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sostienen que ningún plan de ese organismo sufre, hasta ahora, demoras.
Sin embargo, el titular del IPV, Gustavo Carrizo, sí reconoció, consultado para esta nota, que por primera vez en lo que va del año hay un atraso desde Nación en los pagos a las constructoras locales que tienen adjudicadas edificaciones de casas sociales.
Dijo que lleva demorado poco más de un semana el depósito a las empresas del rubro, que estaba previsto para los días 6, 7 y 8 de julio. Esto se debería, según le explicaron desde el Gobierno nacional, a que el nuevo equipo económico de la flamante ministra Silvina Batakis recién se está acomodando en sus nuevas funciones y esto lleva a trabas burocráticas.
"Se va a solucionar a la brevedad", señaló Carrizo, quien el jueves y viernes pasado estuvo en Buenos Aires justamente para interiorizarse de la deuda y para coordinar con Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación el plan de construcción de dos mil viviendas en Salta.
Explicó, además, que las obras a cargo del IPV "no se pueden retrasar porque todas tienen un cronograma de trabajo y se hace una auditoría por semana controlada por Nación".
Si los avances de los trabajos no son los acordados, el monto que se les paga a las constructoras no se actualiza hasta que se cumpla con lo pactado y eso obliga a las empresas a no parar para no quedar rezagadas con respecto a la inflación.
"Cada obra se actualiza mes a mes conforme valores de referencia acordados a la firma del contrato por parte de Nación, cada una de las empresas y nosotros", puntualizó el funcionario provincial.
Referencia
El valor de referencia se establece con la Unidad de Vivienda (UVI), que es un indicador actualizado todos los meses en función del coeficiente de ajuste por el índice del costo de la construcción medido por el Indec. Es una unidad ajustada por inflación.
El UVI actual tiene un valor de $122,35, lo que lleva el costo de una vivienda social a $7.712.944, de acuerdo a la última estimación.
Esto es sin tener en cuenta el precio del terreno ni la inversión que se debe hacer en la infraestructura básica de saneamiento y servicios de energía para que un lote sea habitable.
Desde el sector empresarial de la construcción consideran que el UVI no llega a reflejar los costos reales.
Reclamo sectorial
"En distintos planes de Nación se produjeron atrasos, esto nos dificulta porque no tenemos precios y no podemos redeterminarlos. Tenemos que ir a comprar los materiales y no solo no hay, sino que nos exigen cheque al día y nosotros no estamos cobrando", resumió Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara Salteña de Construcción, el reclamo sectorial.
En cuanto al faltante de material mencionó el hierro, cemento, insumos eléctricos, aluminio y vidrio.
Los últimos reportes sobre los despachos de cemento, que sirven como un termómetro de cómo se encuentra la actividad de la construcción, ratifican el planteo de Segura. En Salta el consumo de cemento cayó casi un 6% en junio pasado con respecto al mismo mes de 2021, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). Fue la primera caída del año y la razón se explica por el desabastecimiento, que se podrá comprobar con los números sectoriales que estarán disponibles al término de este mes.
El cemento se vende por bolsas o a granel, que es lo que se utiliza sobre todo para la obra pública. Entre los dos rubros de venta la comercialización del producto fraccionado fue la que tuvo un descenso abrupto el mes pasado en los corralones salteños, con una merma interanual del 22%, de acuerdo a la AFCP.
Obras
Luego de que la gestión anterior del Gobierno provincial dejara de licitar la construcción de viviendas sociales, desde 2016, la actual administración pudo revertir esa situación de desidia y en este momento están en edificación 3.942 casas del IPV en distintos puntos de la provincia.
A eso hay que sumar otras 2.000 viviendas que fueron comprometidas esta semana mediante un convenio que firmó el gobernador Gustavo Sáenz con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi.
La construcción de las nuevas unidades se inscribe en el programa nacional Casa Propia-Construir Futuro que en Salta ejecuta el IPV.
"Con proyectos de Nación ya tenemos 45 obras licitadas en nuestra gestión", destacó Gustavo Carrizo.
El presidente del IPV indicó que hay unas 15 mil familias inscriptas en el organismo que dirige y que cumplen con todos los requisitos para participar en los sorteos para la adjudicación de viviendas.
"Está abierta siempre la inscripción para los planes de viviendas a través de la página online del IPV. Se puede anotar cualquier familia que necesite una vivienda y cumpla con los requisitos", resaltó el funcionario.