Otro “Animanazo”,  ahora con detenidos,  éxodos y amenazas de huelga general 

Como se recordará, el pasado 24 de julio nos ocupamos en esta misma columna del conflicto ocurrido hace cincuenta años en Animaná, protesta conocida como el “Animanazo”. Este hecho se precipitó cuando los trabajadores de una finca viñatera se enteraron que las negociaciones entabladas para cobrar sus haberes atrasados habían fracasado en los corrillos judiciales. Tanto a obreros como a empleados, esta noticia les cayó como un baldazo de agua fría y, como es de imaginar, la solidaridad del pueblo de Animaná no se hizo esperar.
Aquel revés trajo como consecuencia que el sindicato de los vitivinícolas, liderado por Pablo Salomón Ríos, convocara a una asamblea. De ella participaron no solo los trabajadores en conflicto sino también docentes, comerciantes y empleados municipales. La reunión se realizó la noche del 18 y 19 de julio y en ella se aprobó: la ocupación de la Finca Animaná, toma del pueblo y Casa Municipal, designación del intendente don Inocencio Ramírez y corte de la RN40 que cruza el pueblo.

Un arreglo

La rebeldía se aplacó cuando a menos de 24 horas de iniciado el conflicto, las autoridades provinciales enviaron a un hábil político de la época para que tratara de sortear la situación. De esas negociaciones entabladas el 19 de julio surgió una solución: la Provincia, vía Instituto de Promoción Social (exBanco de Préstamos), abonaría los haberes adeudados a los trabajadores por “Bodegas y Viñedos Animaná de Michel Hnos. S.R.L., suma que rondaba los $12.000.000 m/n.
Finalmente, el 25 de julio se concretó lo convenido seis días antes en Animaná. Fue rubricado por el presidente del Instituto de Promoción, don Humberto Gifre, el administrador judicial de la firma, CPN Mario Villada y el representante sindical, Dr. Julio Mera Figueroa. Ese mismo día, en declaraciones a El Tribuno, Pablo Ríos dijo que “el Animanazo no se había originado por decisión de agitadores sino que fue una auténtica protesta de los sufridos trabajadores en demanda de sus legítimos derechos, al haberse agotado anteriores gestiones”.
Al día siguiente, un blindado del Banco de la Provincia llegó a Animaná y de inmediato los trabajadores en conflicto comenzaron a cobrar sus haberes atrasados. De esta forma, el “Animanazo” quedaba atrás. La rebeldía de un pueblito calchaquí, casi desconocido hasta entonces, había dado sus frutos, pero la paz no duraría mucho.

Detenciones y repudios

Hacía 10 días que había retornado la calma al pueblo de Animaná, cuando la Policía provincial detuvo, incomunicó y envió a Salta a Pablo Salomón Ríos, secretario general del Sindicato de Obreros Vitivinícolas de Cafayate, y a Inocencio Ramírez, ambos de activa participación en el “Animanazo”. El juez Benítez les había iniciado una causa por usurpación de la Finca Animaná y la Municipalidad de esa localidad. También estaba involucrado en la causa el abogado Julio Mera Figueroa. Cabe recordar que en este caso el Dr. Vicente Solá tomó la defensa de ambos gremialistas. 
Las reacciones ante las detenciones de los dirigentes sindicales no se hicieron esperar. Primero fue la CGT que el 7 de agosto emitió una solicitada en El Tribuno y luego siguió una larga lista de gremios locales y nacionales que repudiaron el hecho.
Y mientras los sindicatos se solidarizaban con los detenidos, en Animaná de nuevo comenzaron a caldearse los ánimos y así fue que los vitivinícolas de esa localidad resolvieron declarar una huelga general. Por su parte la CGT, provisoriamente a cargo del cervecero Jorge Lavandenz y del tabaco Guillermo Álzaga, resolvió constituirse en Animaná. Cuando estos dirigentes llegaron a la localidad, unas 200 personas ya se encontraban reunidas analizando medidas tendientes a lograr la libertad de Ríos y Ramírez.
Y así fue que en asamblea los trabajadores resolvieron declararse corresponsables de todo lo actuado en el “Animanazo”, y marchar hasta la dependencia policial del pueblo. A las 10 de la mañana unas 500 personas llegaron a la comisaría y al personal de la repartición dijeron ser los coautores de todo lo sucedido. “Y si eso agregaron- era considerado un delito, pedían ser detenidos al igual que Ríos y Ramírez. El agente Lorenzo Liendro respondió que no podía detenerlos ya que no pesaba ninguna orden de detención sobre ellos. El policía les dijo que debían plantear el caso en la Inspectoría de Zona con asiento en Cafayate.

El éxodo

Y así fue que la cada vez más nutrida multitud resolvió irse a pie a Cafayate, produciendo un verdadero éxodo de animaneños, mientras las puertas de los comercios se cerraban en adhesión a esa decisión. Lo mismo pasó con la escuela cuando los padres se negaron a enviar a sus hijos.
Los primeros grupos del éxodo comenzaron a llegar a Cafayate antes del mediodía, recibiendo en las calles adhesiones de los vecinos, en tanto, los trabajadores de bodegas y viñedos cafayateños comenzaron a abandonar sus trabajos. El lugar de encuentro era el sindicato de los vitivinícolas, sitio que a las 15 estaba rodeado por una multitud estimada en un millar de personas.
En horas de la siesta, la multitud resolvió dirigirse a la comisaría donde funcionaba la Inspectoría de Zona en compañía del Dr. Mera Figueroa y Guillermo Álzaga (CGT). Una cuadra antes la columna fue detenida por un cordón policial a cargo del inspector de zona Santiago Guaymás, quien pidió se constituya una comisión para dialogar en la comisaría. Y así fue que un grupo encabezado por Mera Figueroa, Álzaga, Avelino Ecónomo, Pedro Vargas, Horacio Guaymás, Edmundo Cutipa y Ángel Guaymás ingresaron a la oficina policial para dar a conocer el motivo que los llevaba. “Queremos que nos detengan -dijeron-, nos consideramos coautores del Animanazo”. La respuesta fue que sobre ellos no pesaba orden de detención y que, además, “el sumario no está en Cafayate, por labrarse el mismo en Salta”.
Así las cosas, la comitiva se retiró mientras una multitud congregada en la plaza esperaba su regreso. Cuando llegó, la reunión se transformó en un acto público donde hablaron Álzaga y Mera Figueroa. Luego de alentar la lucha por la libertad de los detenidos, agregaron que “la protesta no solo debe ser por la libertad de Ríos y Ramírez, sino también para denunciar los atropellos policiales”. Por fin, responsabilizaron de los hechos al ministro de Gobierno, Dr. Víctor Museli. 

Solidaridad cafayateña

Y mientras transcurría el acto en la plaza, el comercio de Cafayate comenzó a cerrar sus puertas en adhesión al movimiento cívico que, a las seis de la tarde, reunía unas tres mil personas entre animaneños y cafayateños.
A la siete de la tarde comenzó la desconcentración y de nuevo la RN40 se pobló de caminantes, mientras la comitiva capitalina integrada por Guillermo Álzaga, Ernesto Tártalos, Jorge Flores y Mera Figueroa emprendía el regreso a Salta. Pero no llegaron muy lejos. A solo un kilómetro del pueblo una comisión policial detuvo el coche y por orden del juez Benítez apresó al Dr. Mera Figueroa. El hábil abogado intentó zafar arguyendo: “Pero si recién me ha dicho el inspector de zona que no tenía ninguna orden de detención...”. “Tiene razón -le espetó el agente- pero marche preso ya que mañana al alba será trasladado a Salta”. Eran las siete y media de una fría tarde de invierno del día 9 de agosto de 1972.

Liberados

La orden del juez Benítez operó como apagar el fuego con un balde de nafta. De inmediato generó una reacción inusitada de los trabajadores vallistos, quienes de urgencia convocaron a una asamblea para declarar una huelga general en bodegas y viñedos de Cafayate, San Carlos y Santa María en Catamarca. Y otro tanto hizo el comercio de la región. Y en esos aprontes estaban cuando pasadas las dos de la tarde del día siguiente (10/08/72) el sindicato recibió la noticia que en Salta a Pablo Ríos, Inocencio Ramírez y Mera Figueroa habían sido liberados. Y más aún: “Ríos y Ramírez habían sido declarados inocentes por falta de méritos”. Como para no dudar que el diablo había metido la cola.
 

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