Cinco meses después de denunciar por violencia de género al arzobispo Mario Cargnello, las Carmelitas Descalzas firmaron un acuerdo con la Iglesia y se levantó la custodia policial que tenían en la puerta del convento por disposición de la Justicia. Un delegado del Papa Francisco actuó como mediador entre las partes y visitará periódicamente Salta para monitorerar la situación.
A mediados de abril, el arzobispo fue denunciado por religiosas del Convento San Bernardo. La acusación de las monjas de clausura era por violencia psicológica, económica y física. La jueza a cargo de la causa, Carolina Cáceres Moreno, había ordenado que hubiera una consigna policial fija afuera del monasterio, ubicado en la calle Caseros.
El 27 de agosto, las denunciantes y el Arzobispado llegaron a un acuerdo con la intermediación de un abogado del Vaticano que a partir de ahora será una suerte de mediador que deberá supervisar cómo se sigue desarrollando la relación: Javier Belda Iniesta.
En el documento que firmaron, las partes asumieron compromisos para continuar de ahora en adelante con el vínculo.
Se especificó que “cada hermana puede practicar las devociones particulares que desee teniendo siempre presente la obligación de preservar la comunión con la Iglesia”. Esta cláusula, sin explicitarlo, zanja uno de los conflictos entre el Arzobispado -que desaprueba a la Virgen del Cerro- y las Carmelitas, que desde el inicio estuvieron vinculadas con el movimiento de fe de la denominada “Inmaculada Madre del Corazón Eucarístico de Jesús” y con María Livia Galliano, la salteña que dice haber recibido mensajes de esa virgen.
Incluso algunas versiones dieron cuenta de que la denuncia de violencia contra Cargnello surgió luego de que el arzobispo se disgustara porque había una imagen de la Virgen del Cerro en el Convento, lo que habría derivado en una fuerte discusión.
Las partes también acordaron que el Arzobispado designaría a un delegado para que se haga la elección de la “priora”, que es la máxima autoridad del Convento. Las religiosas habían denunciado que Cargnello ponía trabas para que se realizara este trámite y que, sin una autoridad designada formalmente, las monjas tenían dificultades para administrar sus ingresos, lo que les generaba complicaciones económicas en el manejo del monasterio.
Eduardo Romani, abogado del arzobispo Mario Cargnello, confirmó que tras la firma del documento y, con acuerdo de ambas partes ante el juzgado, se suspendió la consigna policial afuera del Convento. También indicó que se replanteó la prohibición de acercamiento al monasterio que se le había impuesto al arzobispo: antes era de 300 metros y quedó establecida en 100.
Las monjas, por su parte, asumieron el compromiso de presentar periódicamente ante el Arzobispado balances sobre sus ingresos y egresos.
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Cinco meses después de denunciar por violencia de género al arzobispo Mario Cargnello, las Carmelitas Descalzas firmaron un acuerdo con la Iglesia y se levantó la custodia policial que tenían en la puerta del convento por disposición de la Justicia. Un delegado del Papa Francisco actuó como mediador entre las partes y visitará periódicamente Salta para monitorerar la situación.
A mediados de abril, el arzobispo fue denunciado por religiosas del Convento San Bernardo. La acusación de las monjas de clausura era por violencia psicológica, económica y física. La jueza a cargo de la causa, Carolina Cáceres Moreno, había ordenado que hubiera una consigna policial fija afuera del monasterio, ubicado en la calle Caseros.
El 27 de agosto, las denunciantes y el Arzobispado llegaron a un acuerdo con la intermediación de un abogado del Vaticano que a partir de ahora será una suerte de mediador que deberá supervisar cómo se sigue desarrollando la relación: Javier Belda Iniesta.
En el documento que firmaron, las partes asumieron compromisos para continuar de ahora en adelante con el vínculo.
Se especificó que “cada hermana puede practicar las devociones particulares que desee teniendo siempre presente la obligación de preservar la comunión con la Iglesia”. Esta cláusula, sin explicitarlo, zanja uno de los conflictos entre el Arzobispado -que desaprueba a la Virgen del Cerro- y las Carmelitas, que desde el inicio estuvieron vinculadas con el movimiento de fe de la denominada “Inmaculada Madre del Corazón Eucarístico de Jesús” y con María Livia Galliano, la salteña que dice haber recibido mensajes de esa virgen.
Incluso algunas versiones dieron cuenta de que la denuncia de violencia contra Cargnello surgió luego de que el arzobispo se disgustara porque había una imagen de la Virgen del Cerro en el Convento, lo que habría derivado en una fuerte discusión.
Las partes también acordaron que el Arzobispado designaría a un delegado para que se haga la elección de la “priora”, que es la máxima autoridad del Convento. Las religiosas habían denunciado que Cargnello ponía trabas para que se realizara este trámite y que, sin una autoridad designada formalmente, las monjas tenían dificultades para administrar sus ingresos, lo que les generaba complicaciones económicas en el manejo del monasterio.
Eduardo Romani, abogado del arzobispo Mario Cargnello, confirmó que tras la firma del documento y, con acuerdo de ambas partes ante el juzgado, se suspendió la consigna policial afuera del Convento. También indicó que se replanteó la prohibición de acercamiento al monasterio que se le había impuesto al arzobispo: antes era de 300 metros y quedó establecida en 100.
Las monjas, por su parte, asumieron el compromiso de presentar periódicamente ante el Arzobispado balances sobre sus ingresos y egresos.
Claudia Zerda Lamas, abogada de las Carmelitas Descalzas, prefirió no hacer declaraciones a El Tribuno sobre los términos del acuerdo y la continuidad de la causa judicial que iniciaron contra Mario Cargnello.
“Devoción privada”
El mismo día en que la Iglesia y las Carmelitas Descalzas firmaron un acuerdo, el 27 de agosto pasado, el Arzobispado de Salta emitió un comunicado en el que autoriza que se celebre una misa en el cerro de la virgen el 10 de diciembre y que los sacerdotes confiesen a los fieles que se concentren en el lugar.
Si bien en el documento se recuerda que la Iglesia no legitima el movimiento del cerro ni las supuestas apariciones y mensajes de la virgen a María Livia Galliano, el arzobispo cede en algunos aspectos. Por un lado, permite que los curas participen en la fiesta que habitualmente se hace en el primer o segundo sábado diciembre en el cerro, con una concentración masiva de fieles y una procesión. Además, admite que “es un hecho que en el territorio que me ha sido encomendado es frecuente la presencia de fieles que peregrinan” a una de las cimas de Tres Cerritos y que “tal práctica se encuadra en el derecho universal de todo fiel de poder profesar las devociones particulares que desee, teniendo siempre presente la obligación de preservar la comunión con la Iglesia”.
“La autorización de la celebración de la Sagrada Eucaristía y de la administración del Sacramento de la Reconciliación implica exclusivamente una forma de garantizar el acceso de los peregrinos a los bienes espirituales que administra la Iglesia, sin que pueda entenderse como una autorización, legitimación o anticipo del juicio de la Iglesia en cuanto a la posible naturaleza sobrenatural (sic) de los acontecimientos y mensajes que rodean a esta devoción privada. Tal juicio concierne a la autoridad competente de la Iglesia, ante lo que todo fiel debe someterse”, sostiene el comunicado firmado por el arzobispo.