Proyecto antiproductivo

¿Por qué se podría categorizar como "cipayos" a aquellos legisladores que voten a favor de una ley de humedales?

Un problema de orden provincial -la quema de pastizales en los deltas del río Paraná-, potenciado por la ineficiencia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (a pesar de contar con un presupuesto gigantesco), parece ser la excusa perfecta para solicitar nuevamente el tratamiento de un proyecto de "ley de humedales" en el Congreso nacional. Los diputados están convocados para el jueves. La iniciativa en cuestión propone realizar un "Inventario Nacional de Humedales" para instrumentar un "ordenamiento territorial" en el cuál debería hacerse un aprovechamiento "sustentable" con previa autorización de la autoridad ambiental. El proyecto prevé, además, delimitar áreas de "conservación" en las que no se podrá producir nada, las cuales, para compensar el lucro cesante, recibirían compensaciones de un "Fondo Nacional de Humedales".

La cuestión es que el espíritu del proyecto de la ley de humedales es similar al de la Ley 26.331 ("Ley de bosques"), la cual fue violada sistemáticamente durante más de una década por el Estado nacional porque jamás integró el Fondo de Conservación -que supuestamente debía compensar a los propietarios de las tierras que quedaron fuera de producción- con la cifra determinada por esa misma legislación. La legislación vigente determina que en 2023 el Fondo de Conservación de Bosques Nativos debería ser por lo menos de 118.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2023 asigna una partida de apenas 8.500 millones de pesos (es decir: apenas un 7% del monto correspondiente).

Se trata de un buen momento para recordar que los programas oficiales instrumentados para preservar los humedales en EEUU y la Unión Europea son voluntarios (es decir, lo contrario a compulsivos) y que este año, además, los mismos fueron desactivados -en el marco de la emergencia generada por el conflicto ruso-ucraniano- con el propósito de incrementar la disponibilidad de superficie en producción.

Por lo tanto, con tales evidencias sobre la mesa, no le cabe otro término que "cipayos" a aquellos legisladores que promuevan y voten a favor del proyecto de "ley de humedales", pues el mismo es contrario a la protección de los intereses argentinos.

Un detalle no menor es que el proyecto de ley de humedales implica aumentar el gasto público en un momento en el cual el Estado nacional está técnicamente quebrado y se financia con emisión monetaria que genera inflación y pauperiza de manera progresiva a la población.

Resulta insólito, además, que un país en el cual más de la mitad de los niños menores de 14 años es pobre tenga que resignar vastas extensiones de tierra en las cuales se elaboran productos agroindustriales que son prácticamente la única fuente de divisas con las que cuenta la economía argentina.

En ese marco, las marchas de personas preocupadas por la cuestión ambiental, muchas de las cuales tienen seguramente preocupaciones genuinas al respecto, deberían primero estar focalizadas en solicitar que se cumpla lo establecido en la Ley 26.331.

 

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