Ana Pérez Declercq es directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magister en Salud Pública por la Universidad Nacional de Salta y doctora en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona. En diálogo con El Tribuno se refirió al caso de la mujer que parió a su beba en la vereda del hospital Papa Francisco, donde le negaron asistencia médica, lo que encendió las alarmas sobre la problemática de la violencia obstétrica en Salta. La especialista se refirió al marco legal, describió el mecanismo de funcionamiento de este tipo de violencia que no es muy denunciada, por lo que no hay estadísticas y destacó la necesidad de la visibilización de los casos, un cambio en las instituciones y, fundamentalmente, la capacitación del personal de salud.
inicia sesión o regístrate.
Ana Pérez Declercq es directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magister en Salud Pública por la Universidad Nacional de Salta y doctora en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona. En diálogo con El Tribuno se refirió al caso de la mujer que parió a su beba en la vereda del hospital Papa Francisco, donde le negaron asistencia médica, lo que encendió las alarmas sobre la problemática de la violencia obstétrica en Salta. La especialista se refirió al marco legal, describió el mecanismo de funcionamiento de este tipo de violencia que no es muy denunciada, por lo que no hay estadísticas y destacó la necesidad de la visibilización de los casos, un cambio en las instituciones y, fundamentalmente, la capacitación del personal de salud.
¿Qué es la violencia obstétrica y cómo está regulada?
Es importante destacar que la violencia obstétrica está contemplada dentro de la ley 26.485 que refiere a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En el artículo 6, inciso E define a la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25.929 de Parto Humanizado. Es decir, la violencia obstétrica tiene que ver con relaciones de poder.
¿Hay estadísticas al respecto, las denuncias son pocas o muchas?
En cuanto a cifras, lamentablemente no es una violencia muy denunciada justamente por esto: al estar atravesada por relaciones de poder y por una situación de salud, en la mayoría de los casos no se denuncia o no se percibe como violento el hecho que sucede, salvo cuando son casos extremos como el que estamos comentando ahora. En números tenemos una encuesta que hicimos en colaboración con una organización que se llama Las Casildas, a nivel nacional, y Salta hizo un relevamiento, pero los datos son de 2016 así que no son números actualizados.
¿El Observatorio intervino en algún caso?
El Observatorio sí acompañó, con asesoramiento, en algunas denuncias que tuvieron curso y también la Justicia determinó que se realicen capacitaciones a dos instituciones privadas que habían sido denunciadas por violencia obstétrica. Otras de las acciones del Observatorio fue trabajar en una mesa intersectorial sobre violencia obstétrica, la cual tuvo sus altibajos. Es decir, no tuvo la continuidad que deseábamos porque cada institución está ocupada en sus tareas, pero la idea es sostener ese espacio porque no hay números, pero sí hay una realidad que afecta a las personas gestantes y es importante que todo esto se visibilice. En este sentido, es importante el rol de la prensa para visibilizar estos hechos porque, por ejemplo, el año pasado para esta misma fecha murió una chica que era de la comunidad wichi La Puntana y se había trasladado a un centro de mayor complejidad a la ciudad de Tartagal. Allí, aún teniendo el feto muerto dentro de su cuerpo, se habían negado a realizarle una cesárea, obligándola a parir un feto muerto y finalmente fallece. Me parece importante recordar este hecho del año pasado junto con este otro porque sino siempre estamos trabajando sobre la urgencia y no nos damos cuenta que eso lamentablemente se repite a diario.
¿Qué contempla la ley de parto humanizado o respetado?
La contracara de la violencia obstétrica es que tenemos una ley de parto respetado que, a diferencia de otras prácticas médicas, justamente habla del derecho de las personas gestantes a decidir, a ser escuchadas. Muchas veces, desde la práctica médica, no están habituados a respetar lo que esta ley exige.
¿Cuál es la visión del Observatorio sobre el caso ocurrido recientemente?
En este caso puntual que estamos analizando del hospital Papa Francisco la persona se acerca, comenta su situación y, como muchos otros casos, no es tenida en cuenta su propia evaluación sobre su estado, es decir, que estaba por parir. Entonces acá se ve claro cómo se juegan las relaciones de poder, quién posee el saber y quién no lo posee y cómo esa relación desigual de poder, de género, también tiene que ver con una relación desigual en cuanto a clase, la profesión médica o los profesionales de la salud. Se ve claro en este caso cómo no es escuchada la persona que está solicitando la asistencia.
¿Considera que le falta capacitación al personal de salud?
Sí. Nosotros fuimos convocados por el Ministerio de Salud porque también la Justicia lo obligaba a dar capacitaciones y consideramos que son insuficientes las que se dan porque, así como la ley Micaela, este tipo de capacitaciones trabajan no sobre aprender una práctica o una técnica, sino que tienen que ver con un proceso de cambio de patrones culturales.
¿Por qué resultan insuficientes?
Porque ese tipo de capacitación no puede consistir en que yo voy, doy un contenido y me retiro, sino que es un trabajo reflexivo donde la persona que participa trae sus propias concepciones sobre lo que es la salud, una persona gestante, la práctica médica y sobre ellas tiene que trabajar para modificarlas, para entender lo que significa la ley de parto respetado y poder empezar a cambiar ciertas estructuras que se aprenden desde el jardín de infantes. Esa recepcionista, esa enfermera o enfermero, médica o médico aprendieron lo que es la cultura machista en el jardín de infantes, luego la primaria, la secundaria y donde han estudiado después también se reproducen esos sesgos. Es fundamental que se empiecen a considerar que son legítimos esos derechos de las personas porque yo puedo leer la ley, pero si yo no considero que es legitimo que la mujer acceda a ser revisada, asistida, no va a cambiar la realidad. Se trata de reconocer que la otra persona también tiene sus saberes, que también sabe entender lo que le pasa a su propio cuerpo y que puede decidir sobre él. Como sociedad estamos atravesados y atravesadas por consagrar el saber científico y no atender a otro tipo de saberes y eso es lo que hay que modificar.
¿Cómo se puede cambiar esta realidad?
Como comunidad, lo que podemos hacer como primer paso para que esto empiece a cambiar es visibilizar estas situaciones. Hoy tenemos una legislación y tenemos las luchas sociales, las movilizaciones, el movimiento feminista que también dejan ver estas relaciones asimétricas. Lo que necesitamos es empezar a cambiar esta cultura institucional que infelizmente termina causando violencia sobre las personas gestantes y/o las que van a nacer o han nacido, ya sea acabando con la vida o provocándoles alguna lesión o daño.