Finalmente, tras sucesivas postergaciones, desde el 1 de diciembre entró formalmente en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, para el tratamiento de una creciente cantidad de casos de chicos en conflicto con la ley. El principal giro se encuentra en el cambio hacia un sistema en el que un fiscal investiga, un juez supervisa el proceso, otro magistrado juzga y un asesor de incapaces interviene ante la vulneración de derechos de los adolescentes. Esperan más celeridad y oportunidades de que los chicos puedan cortar el círculo de conflictos que muchas veces los condena a terminar en una cárcel cuando son adultos.
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Finalmente, tras sucesivas postergaciones, desde el 1 de diciembre entró formalmente en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, para el tratamiento de una creciente cantidad de casos de chicos en conflicto con la ley. El principal giro se encuentra en el cambio hacia un sistema en el que un fiscal investiga, un juez supervisa el proceso, otro magistrado juzga y un asesor de incapaces interviene ante la vulneración de derechos de los adolescentes. Esperan más celeridad y oportunidades de que los chicos puedan cortar el círculo de conflictos que muchas veces los condena a terminar en una cárcel cuando son adultos.
En 2022 ingresaron a los juzgados de menores 1.318 causas penales que involucran a adolescentes de hasta 18 años: un promedio de 138 por mes que este año se elevó a 149. En 2023 solo hasta el 24 de noviembre se iniciaron 1.642 casos de este tipo, es decir más que en todo el año pasado, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial de Salta.
El régimen que estaba vigente hasta noviembre era "inquisitivo", lo que implica que el mismo juez investigaba el delito, decidía la situación procesal del adolescente acusado, tenía a su cargo la implementación de medidas, como la restricción de la libertad, y resolvía si la causa se remitía a juicio.
Ahora son fiscales especializados los que investigan y los jueces de Menores pasaron a ser "jueces Penales Juveniles" que controlan las acciones que la fiscalía va requiriendo a medida que se desarrolla el proceso.
"El paso a un sistema acusatorio, que es la impronta de este nuevo régimen procesal, implica que el juez de Menores ya no es el que investiga los delitos, sino que esa función se pone a cargo de la Fiscalía Penal de Menores. El Juzgado Penal Juvenil pasa a cumplir las funciones de Juzgado de Garantías, con lo cual concentra todo lo que es el contralor de aquellas medidas que pueden resultar restrictivas de los derechos de quienes están acusados", explicó Carina Quinteros, asesora de Incapaces Nº 7 del distrito judicial centro.
La jueza Penal Juvenil Nº1, Tatiana Dip Torres, remarcó que las modificaciones que rigen a partir de este mes adaptan el modelo a tratados internacionales de derechos humanos y a las leyes vigentes en Argentina.
"Estamos frente a un sistema que se adecua a los nuevos estándares internacionales, a las nuevas formas, a los nuevos procesos, además de dar, por supuesto, más celeridad a las causas, que es lo que todos queremos. Dejamos atrás ya un rol más tutelar que tenía la Ley 2278 hace mucho tiempo y vamos hacia nuevos estándares internacionales que contemplan a los niños, niñas y adolescentes como plenos sujetos de derechos", señaló la magistrada.
Tatiana Dip Torres se refirió al incremento en la cantidad de causas. "Sí, ha crecido. No es una sensación. Si bien no hay tantos jóvenes privados de la libertad, porque la detención se contempla como última opción, sí vemos incrementada la cantidad de intervenciones que tenemos", aseguró.
La magistrada indicó que las causas que más aumentaron son las relacionadas con delitos contra la integridad sexual. La jueza asoció este aumento al hecho de que hay más denuncias por abusos. Señaló que la educación sexual creó espacios en las escuelas donde los chicos pueden transmitir lo que les ha pasado o lo que les está pasando, y esto derivó en que esas causas lleguen más rápido a la Justicia.
Carina Quinteros, en tanto, dijo que últimamente se están presentando muchos casos de parejas de adolescentes en las que hay violencia y delitos de lesiones del varón hacia la mujer, además de abusos sexuales intrafamiliares. Aclaró que en esas causas interviene un asesor por los derechos de la víctima y otro por los derechos del menor de 18 años acusado de un delito.
Medidas socioeducativas para mantenerlos en su núcleo familiar
Con respecto a la relación entre la situación de crisis económica y social que atraviesa el país y la cantidad de chicos vinculados con hechos de violencia o delitos, Tatiana Dip Torres expresó: "Creo que la vulnerabilidad viene acompañada de una realidad social, económica y, por supuesto, de pobreza. Llegar a la vulneración de derechos también lamentablemente tiene que ver con la pobreza y la violencia que se da en los ámbitos familiares. Yo creo que no somos ajenos. El rol de la Justicia es justamente poder dar respuesta a la vulneración de derechos y tratar de recomponer la situación por medio de respuestas. La situación del país no es ajena a lo que sucede con los chicos y chicas en nuestra provincia", aseveró.
Dip Torres agregó que lamentablemente la mayoría de las causas vienen muchas veces acompañadas con el consumo problemático de sustancias y que trabajan con organismos del Estado que pueden ofrecer un tratamiento para avanzar también en la cuestión de la responsabilidad penal.
Desde el Ministerio Público Pupilar, la asesora Carina Quinteros coincidió con el análisis de la jueza. "Usualmente un adolescente que comete un delito, ya viene de un contexto de carencias y necesidades. Generalmente son chicos que no están yendo a la escuela y muchas veces su derecho a la salud se encuentra también vulnerado o no tienen una familia que contenga y se preocupe por la protección de sus derechos. En la mayoría de los casos, hoy se puede decir que son jóvenes atravesados por la problemática de las adicciones", indicó.
Privación de la libertad
Carina Quinteros también resaltó que el nuevo sistema procesal juvenil tiene previsto que, cuando se van a tomar medidas en relación al adolescente acusado se notifique al asesor de incapaces para que pueda emitir una opinión. "Básicamente hablamos de medidas de privación de la libertad, que deberían ser la última opción. Si se puede tomar una medida menos restrictiva de derechos, habría que acudir a esa opción. Ahí es donde los asesores dictaminamos con respecto a la medida que pueda peticionar el fiscal, antes de que el juez penal juvenil ordene cumplirla", señaló.
El nuevo Código Procesal Juvenil contempla como alternativa a la privación de la libertad, cuando se trata de delitos leves, medidas socioeducativas que procuran mantener a los chicos dentro de su núcleo familiar mientras haya un adulto que pueda controlarlos y procurar que se cumplan las medidas o pautas que puede resolver el juez penal juvenil.
"Siempre se va a preferir recurrir a esas medidas menos suspensivas de otros derechos porque, si se priva de la libertad un chico deja de ir a su colegio y abandona sus actividades" dijo Carina Quinteros y remarcó lo contraproducente que puede resultar eso. "Con este nuevo régimen penal juvenil, todos estos criterios que vienen establecidos por la Convención de los Derechos del Niño se van a poder comenzar a poner en vigencia", agregó.
Para Tatiana Dip Torres "la norma amplía un montón de intervenciones que se pueden realizar en las causas de jóvenes en conflicto con la ley penal y se incorporan programas específicos. Es lo que se llama, dentro de la ley, órganos de aplicación".
La Justicia deberá articular acciones con programas del Poder Ejecutivo para la reinserción y reeducación. El objetivo es darles herramientas para que pueda entender la responsabilidad penal y lograr un cambio a futuro.
La nueva modalidad contempla también que defensores penales juveniles se hagan cargo de la representación legal. Los asesores, que dependen de la Asesora General de Incapaces Mirta Lapad, tendrán también una función fundamental como los responsables de requerir medidas específicas a distintas áreas del Poder Ejecutivo para garantizar de una manera integral los derechos de los chicos.
"Nuestro rol como asesores dentro del proceso penal juvenil está y va a seguir estando compartido con los defensores penales juveniles. La diferencia entre la función del asesor de menores y el defensor penal juvenil es que ellos ejercen la defensa técnica de un adolescente acusado de cometer un delito. Nosotros, en cambio, hacemos todo el contralor de la vulneración, no sólo de los derechos y garantías que se ven comprometidos en un proceso penal, sino también del resto de los derechos, que básicamente son los económicos, sociales y culturales", apuntó Carina Quinteros.