¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19°
27 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Llegó a la Corte Suprema la demanda de vecinos de Gaona

Piden volver a ser municipio. En 1976, con un decreto de facto, se anuló una ley de la Legislatura que había creado en 1966 esa comuna anteña.
Domingo, 17 de diciembre de 2023 01:24

El caso de Gaona, localidad anteña cuya comunidad reclama con insistencia la restitución de su carácter de municipio, reconocido por una ley provincial de 1966 que la dictadura pisoteó en 1976, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso, interpuesto contra un fallo de la Corte salteña, que en junio último rechazó la acción de amparo colectiva promovida por vecinos de Gaona, ingresó días atrás a la Secretaría Judicial Nº 4 del máximo tribunal del país para su resolución.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El caso de Gaona, localidad anteña cuya comunidad reclama con insistencia la restitución de su carácter de municipio, reconocido por una ley provincial de 1966 que la dictadura pisoteó en 1976, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso, interpuesto contra un fallo de la Corte salteña, que en junio último rechazó la acción de amparo colectiva promovida por vecinos de Gaona, ingresó días atrás a la Secretaría Judicial Nº 4 del máximo tribunal del país para su resolución.

El abogado constitucionalista Sergio Bustos, quien patrocina la demanda de la comunidad de Gaona, precisó que el recurso de queja llevado a la Corte Suprema por recurso extraordinario federal denegado "se basa, principalmente, porque los decretos creados durante el gobierno de facto son totalmente inconstitucionales".

El letrado, que es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y referente del Instituto de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Salta, señaló que por ello "se pide la inconstitucionalidad de esos decretos". Bustos manifestó que la Corte salteña "sostiene que son extemporáneos y por eso rechazó in límine la acción de amparo, desconociendo la teoría de la ilegalidad continuada, que es un tema que justamente se está dando en Salta". Recordó que otras provincias también heredaron "estos decretos ilegales" que se dictaron a espaldas de las legislaturas, pero procedieron con criterios muy distintos frente a la "inconstitucionalidad latente que aún sigue lastimando los derechos del municipio de Gaona, que en su momento supo serlo conforme a las leyes constitucionales y de la Constitución de la Provincia de Salta".

Los antecedentes

Gaona es un municipio que la dictadura hizo desaparecer en Salta en 1976. La localidad anteña llevaba diez años y nueve meses con autonomía política, económica, financiera y administrativa cuando un interventor del régimen de facto, el capitán de navío Héctor Damián Gadea, le cercenó su estatus para convertirla en un apéndice de la comuna de El Quebrachal.

El atropello institucional ocurrió el 29 de octubre de 1976, siete meses después del golpe. Ese día, a través del decreto-ley 5.061, Gadea derogó de manera ilegítima a la ley 4.124. Por esta norma -sancionada por la Legislatura el 4 de enero de 1966 y promulgada por el Ejecutivo provincial 17 días después- el municipio de Gaona se había creado una década antes del último golpe de Estado con los siguientes límites: "Norte, con municipio de Joaquín V. González, separado por las fincas Arenal, fracción Juana L. Álvarez, San Isidro, Pozo Escondido, Suri Blanco, Pozo Hondo de Tumé, lotes VII, VIII, y IX; Sud, con municipio de El Quebrachal, separado por las fincas El Gato, Quebrachal, lotes I- II- y III; Este, con el departamento Rivadavia y Lote I; y Oeste, Río Pasaje o Juramento".

Desde el momento de la restauración del orden constitucional, en diciembre de 1983, la comunidad de Gaona insistió con pedidos, reclamos y manifestaciones sin lograr que el decreto-ley de Gadea fuera anulado con una ley. A lo largo de las décadas transcurridas, más de una media docena de proyectos legislativos promovieron la reparación histórica y democrática, pero las iniciativas terminaron empantanadas por reparos presupuestarios o mezquinos intereses político-partidarios.

En concreto, la reparación nunca llegó del lado de los poderes republicanos que habían sancionado y promulgado aquella ley que la dictadura pisoteó con la suma del poder conferida por el estatuto del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD