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La comunidad de Gaona pidió a la Justicia que restituya su municipio

La última dictadura no solo llenó al país de desaparecidos. En Salta también hizo desaparecer a cuatro municipios en 1976.

Gaona, del departamento Anta, fue uno de ellos. La localidad anteña que hoy es un apéndice de El Quebrachal llevaba diez años y nueve meses de vida con autonomía política, económica, financiera y administrativa cuando un interventor puesto por el régimen de facto en la provincia sentenció su muerte institucional y ordenó retirarle el estatus de municipio para convertirlo en una delegación municipal.

La condena fue dictada por el capitán de navío Héctor Damián Gadea, el 29 de octubre de 1976, a través del decreto-ley 5061, con el que también derogó de manera irregular otras tres leyes provinciales mediante las cuales se habían creado los municipios de San José de Orquera (en el departamento Metán, en 1958), Nuestra Señora de Talavera (en Anta, en 1965) y San Agustín (en el departamento Cerrillos, en 1974).

Desde el momento de la restauración del orden constitucional, en diciembre de 1983, la comunidad de Gaona esperó por más de 38 años una ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo que anulara el decreto de Gadea, pero sin resultados significativos pese a los numerosos pedidos y reclamos que se viene haciendo desde aquella época.

Reparación

Más de una media docena de proyectos legislativos promovieron la reparación histórica y democrática, pero las iniciativas terminaron indefectiblemente empantanadas, ya sea por reparos presupuestarios o mezquinos intereses políticos. Lo concreto es que la reparación no llegó del lado de los poderes republicanos que sancionaron y promulgaron aquellas leyes que Gadea pisoteó con la suma del poder que le confiriera el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional.

Su decreto, en el que desde distintas bancas de la Legislatura y de la última Convención reformadora se marcaron vicios insanables, aún aparece en los digestos como ley 5.061. Cuando se dictó, hace 46 años, el pueblo de Gaona se manifestó indignado en las calles.

La protesta terminó con las autoridades municipales detenidas y la sede comunal de la localidad convertida hasta el día de hoy en un indeleble testimonio del Municipio desaparecido.

Muchas de las integrantes de la Comisión Promunicipio, que representa desde hace más de una década a una comunidad unida por una causa, eran niñas cuando su pueblo sufrió el atropello.

Hoy esas niñas se convirtieron en abuelas embanderadas tras un objetivo inclaudicable. "Quizás yo no tenga la suerte de ver la municipalización, pero sí voy a seguir luchando junto a mis vecinos y vecinas para que la puedan disfrutar mis nietos".

Ese pensamiento fue expresado por Lelia del Carmen Robles, una docente jubilada de Gaona, ante un convencional anteño, pero nada distinto desearían Sandra Meyer o cualquiera de las vecinas y vecinos que acompañaron a Lelia Robles en la acción popular de inconstitucionalidad que acaba de ingresar a la Sala II del Tribunal de Impugnación.

El argumento de los vecinos

La presentación que efectuaron en los estamentos judiciales, que también llevan la firma de Santos Josefina Rodríguez, Rita Amalia Córdoba, Gladys Lucrecia Barrionuevo y Raúl Eduardo Veleizán, pide a la Justicia salteña que declare la inconstitucionalidad del decreto-ley que derogó de manera irregular las leyes provinciales 3292, 4030, 4124 y 4829, mediante las cuales se crearon las municipalidades de San José de Orquera, Nuestra Señora de Talavera, Gaona y San Agustín.

El abogado que patrocina la acción, Alejandro Sergio Bustos, hizo notar que "todo habitante puede interponer la acción popular directa para que se declare la inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria a la Constitución".

El escrito remarca que Gaona y los otros tres municipios gozaron de su autonomía política, económica, financiera y administrativa bajo las garantías y el reconocimiento expresado en el artículo 170 de la Constitución de Salta hasta que irrumpió, tras el golpe de 1976, una figura que el régimen de facto denominó "Interventor federal".

En referencia puntual a Gaona, la acción popular de inconstitucionalidad señala que Gadea, "que recorrió la provincia en menos de 30 días, estrelló arbitrariamente los sueños de aquella comunidad pacífica, pujante, oriunda de los límites que la conforman".

La acción directa que se presentó en los estrados judiciales y que pretende ahora una respuesta alternativa a lo que dejó hasta el momento la opción política, resalta que ese municipio fue declarado como tal con una ley que sancionó la Legislatura el 4 de enero de 1966.

Tras esa sanción, la normativa quedó promulgada por el Ejecutivo provincial 14 días después, pero que "de manera ilegal, sin soporte jurídico sostenible, ni reconocido, ya por el mencionado gobierno de facto, le han quitado sus derechos que por nuestra Constitución y Legislación están reconocidos".

La acción recalca que "si habría alguna falta grave de control de constitucionalidad en vilo, este sería el gran ejemplo, como también la gran oportunidad que tiene el órgano judicial para mantener y volver al orden las cosas conforme lo dictan la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Salta y sus leyes regulares".

 

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