En la segunda mitad de la década del noventa comenzaron a manifestarse factores tales como el aumento de la desocupación, la pérdida salarial, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, el deterioro de los sistemas de salud y educación, los que fueron generando las condiciones para la conformación de lo que se dieron en llamar los piquetes.
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En la segunda mitad de la década del noventa comenzaron a manifestarse factores tales como el aumento de la desocupación, la pérdida salarial, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, el deterioro de los sistemas de salud y educación, los que fueron generando las condiciones para la conformación de lo que se dieron en llamar los piquetes.
Ello ha surgido por una revalorización de la acción colectiva a partir de la progresiva pérdida del miedo instaurado desde la dictadura. Se había llegado a una situación de hartazgo, producto del empobrecimiento gradual que había venido sufriendo el pueblo argentino desde hace un cuarto de siglo.
A partir de entonces la modalidad de protesta conocida como "piquetes" fue en auge, al punto tal que se ha convertido en una herramienta muy poderosa hábilmente utilizada por quienes tras bambalinas usufructúan y lucran con las necesidades auténticas de la comunidad.
Y esa situación se ha tornado ingobernable, consecuencia de la docilidad con que el gobierno de turno ha manejado la relación con esos grupos desde el Estado.
Por considerar la protesta social como válida la ha dejado avanzar al punto tal que ese derecho a la protesta ha comenzado a colisionar muy fuertemente con el derecho del resto de la sociedad, que los está viendo avasallados por el ímpetu piquetero.
Lamentablemente la violencia se ha asociado a esta forma de protesta, la que se ha constituido en un hecho con cada vez mayor presencia.
Sin dejar de reconocer, reitero, el auténtico derecho a la protesta, el Estado deberá encontrar un canal de equilibrio que permita armonizar los derechos de las partes, lo que no es nada fácil sin duda, y de lo que considero personalmente que aún se está bastante lejos de alcanzar.
Los gobiernos minimizaron el efecto de los piquetes y ahora se les ha ido de las manos. Cierto es también que el resto de la ciudadanía fundamenta su reclamo a transitar libremente por todo el país porque así la habilita el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, la Ley Suprema.
Se ha llegado a un punto de inflexión en el que deberá generarse un cambio profundo y que el mismo no tiene marcha atrás. La decisión de no criminalizar la protesta y desarrollar una política social se ha desmadrado. La conveniencia electoral del Gobierno de no aplicar medidas más drásticas está llegando a un punto final, a partir del cual cada día que pase significará un mayor acercamiento al caos y a un enfrentamiento social que es ya evidente y preocupante.
El Estado a través de la recaudación de impuestos obtiene los fondos para brindar la asistencia, hoy ya convertida en asistencialismo, hacia las clases sociales más necesitadas, pero ese movimiento piquetero no debe olvidar que para que el Estado recaude debe fomentar el desarrollo del sector productivo, contra el que los piquetes atentan fuerte y constantemente.
Los piquetes hoy en día se han convertido en un factor de poder utilizado hábilmente por diversos sectores del movimiento seudosindical y hasta del propio gobierno, con atisbos, cuando no, de hechos íntimamente ligados a la corrupción.
Rasgarse las vestiduras y la victimización interesada es hoy moneda corriente, aduciendo una "criminalización de la protesta", algo totalmente inexacto. El sector productor reclama que le garanticen trabajar en paz, lo que no se torna tarea fácil por la intromisión de los movimientos piqueteros, dispuestos a sacar partido de donde se pueda, sin reglas y también sin leyes que puedan obstaculizar su objetivo.
Todo el país ha sido apropiado por los piquetes, de distinta conformación pero con un objetivo único: prevalecer, sin importar el cómo. El tan conocido "el fin justifica los medios" vuelve a hacerse presente y eso no es nada bueno.
En nuestra Salta el norte se ha constituido en bastión de los movimientos piqueteros, lo que ha llegado a un punto tal que el gobierno de un dubitativo Gustavo Sáenz se ha visto obligado a intervenir. Su acción se ha limitado a requerir que actúe la Justicia Federal, porque las rutas cortadas por los piquetes son nacionales, y que se habilite a las fuerzas de seguridad a intervenir en los piquetes, aunque no indicando cual sería el grado de intervención que, confiemos, no se limitará al ordenamiento del tránsito.
La situación es límite. En los últimos días, y considerando la ausencia de agua y la imperiosa necesidad de contar con ella, era menester asegurar la provisión de los camiones tanque, a los cuales desde los piquetes no se les permitía transitar. Se evidenciaba así un turbio objetivo a esa acción piquetera fogoneado por intereses "non sanctos" a los que estos, lamentable e interesadamente, se siguen prestando.