La naturaleza ha sido generosa con Argentina. El Creador estaba de buen humor ese día, por lo que tuvo que compensar, con esa manía que tenemos de acabar con las oportunidades que una y otra vez nos regalan nuestros recursos naturales.
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La naturaleza ha sido generosa con Argentina. El Creador estaba de buen humor ese día, por lo que tuvo que compensar, con esa manía que tenemos de acabar con las oportunidades que una y otra vez nos regalan nuestros recursos naturales.
Tomó estado público una decisión de la Corte que pone una luz de alerta sobre una de las actividades más prometedoras para el desarrollo de nuestro país: la exploración y producción del litio.
No es novedad la transición y adaptación de la matriz energética mundial a una más respetuosa con el medio ambiente; energía solar y eólica esencialmente, para producir energía verde. Tampoco lo es que Argentina tiene de sobra los minerales imprescindibles para que ocurra; por lo pronto litio, "tierras raras" (para las baterías de autos eléctricos) y el cobre para la nueva infraestructura.
El "triángulo del litio" en el Norte argentino tuvo una explosión de inversión extranjera, aún en medio de una enorme inestabilidad macroeconómica. No solo grandes empresas, también miles de pequeñas y medianas que se han beneficiado. Grandes proyectos de cobre esperan su turno.
Lo de la Corte es una respuesta a un planteo de una ONG, en nombre de los pueblos originarios, que debe leerse a la luz de un proceso iniciado por quienes descuentan que estarán en el llano en meses, y que han decidido sembrar las semillas de la clausura del futuro.
Se veía nítido con el déficit fiscal y ahora se proyecta a lo que podría ser uno de los grandes aceleradores del desarrollo.
En definitiva, es parte de un vector que responde a proyectos de ley contrarios a la actividad, y discursos políticos expresos en su contra, que ahora se concretan en una acción judicial. Lo más interesante es el argumento, porque da en el corazón de una tensión que no se ha podido resolver: los recursos naturales son de las provincias, es lo que dice la Constitución Nacional. El control sobre su explotación es lo que se ha discutido, con facultades entre Estado nacional y provincias que no están claras.
La Corte toma los argumentos de la ONG peticionante: lo que están en juego son el agua y los pueblos originarios, dice, por lo que el problema excede esa tensión y justifica varias cosas. Primero, que la Corte intervenga en instancia originaria, descartando cualquier discusión procesal a nivel provincial; segundo, deja entrever lo que podría ser un camino de salida: que el control lo ejerza directamente un tercero, sea creando un comité de expertos, con participación ciudadana o un órgano supranacional.
Una nueva cesión de nuestra soberanía a vaya saber Dios quién, en nombre del agua y los pueblos originarios.
Lo peor que podría pasar es revivir el "Riachuelo", que alguien prometió sanear y terminó más contaminado que nunca. La indefinición, digamos, frenaría todo. Lo mismo si se instaurara un marco en el que todos y nadie controlan, y no se puede hacer nada. Lo mejor que se aclare con riguroso respeto al medio ambiente, al federalismo de concertación y el desarrollo sustentable.