En la semana que comienza la situación procesal del único imputado que tiene la causa por el robo a la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Salta se definirá en una audiencia multipropósito que formalizaría en las próximas horas el Juzgado de Garantías 4.
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En la semana que comienza la situación procesal del único imputado que tiene la causa por el robo a la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Salta se definirá en una audiencia multipropósito que formalizaría en las próximas horas el Juzgado de Garantías 4.
El pasado viernes la fiscal Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 2, requirió la prisión preventiva para el cajero que está acusado de defraudar a la institución en $1,4 millones.
En los días previos el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) designó a la perito contable que tomará parte en la auditoría interna y externa que se inició sobre los movimientos de cajas de los últimos 12 años.
La raíz de la causa
El pasado 27 de junio, a través de un comunicado público, la institución informó que su Consejo de Administración, "a raíz de tareas de auditoría interna realizadas con motivo de la próxima asamblea ordinaria de la Caja, detectó una irregularidad en la actuación del cajero Sergio López, que se desempeñaba en la sede ubicada en calle Sarmiento, sede central. Atento está situación, el Consejo de Administración decidió la inmediata desvinculación por pérdida de confianza y efectuar la correspondiente denuncia penal", se anunció entonces.
El imputado, que permanece detenido desde el 11 de julio, es un exempleado que tenía 18 años de antigüedad en la función de cajero. Su accionar, descubierto a fines de junio, motivó su inmediato despido por parte de la actual conducción de la Caja, que además presentó una denuncia penal en su contra y se constituyó en querellante con el patrocinio del abogado Rodrigo Anachuri.
La documentación incorporada al legajo incluye un acta notarial, según la cual el empleado infiel asumió su responsabilidad ante las autoridades de la institución, en presencia de un escribano público, por los hechos que se le atribuyeron con respecto al manejo indebido de la Caja.
De acuerdo a constancias que obran en la causa, el acusado manifestó que actuó solo y ofreció devolver el dinero antes de ser denunciado.
De la presentación penal que radicó la institución adjuntando dicha acta surgen dos hechos comprobados y reconocidos, al punto que la propia actuación notarial que derivó en el despido del cajero indica que devolvió los $800.000 obtenidos en una de las maniobras detectadas y que se comprometió a reintegrar los $600.000 sustraídos con la otra acción ilícita.
De acuerdo con la auditoría interna y la investigación preliminar dirigida por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, el cajero despedido e imputado anuló de modo irregular distintos recibos de aportes efectuados para apoderarse del dinero, situación que habría sido detectada en un procedimiento de control interno solicitado por el tesorero de la Caja, Eduardo Romani, quien, sin embargo, no quedó al margen de algunos cuestionamientos. Al respecto, fuentes de la matrícula aclararon que Romani se desempeña en ese cargo desde hace un año y cinco meses, mientras que el imputado llevaba 18 años como cajero de la institución. Las mismas fuentes sostuvieron que fue el propio Romani quien anotició de los hechos delictivos al Consejo de Administración y a los revisores de cuenta de la institución para que determinaran los pasos a seguir y las acciones que derivaron en la detención del acusado.
"Los ataques son personales y políticos, y desvían la atención del hecho que se investiga, y que es lo que realmente interesa a la matrícula", afirmó un abogado que relacionó las críticas a Romani con internas electoralistas.
La fuente puso de relieve el hecho de que se haya detectado, despedido y denunciado penalmente al cajero acusado de la defraudación y que la auditoría que se lleva adelante en la Caja esté en manos de la minoría representada en el órgano revisor de cuentas. "Claramente, un empleado con 18 años de antigüedad en el cargo y que pasó por muchísimas gestiones no comenzó su accionar al finalizar su carrera. Lo concreto es que fue desactivado por la actual conducción", enfatizó.
De las actuaciones que se tramitan ante la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 4, en efecto, se infiere que el excajero que hoy está a un paso de la prisión abusó de la confianza y buena fe de distintas gestiones institucionales y contables. Por ello, a la par de la investigación de la denuncia, se desarrolla una auditoría contable que el Consejo de Administración presidido por María Emilia Carabajal delegó al órgano revisor de cuentas. Dicha auditoría abarcaría los movimientos de los últimos 12 años, ya que en 2011 la Caja de Abogados incorporó el sistema de control informático que utiliza hasta estos días.
Entre los cuestionamientos que se desprendieron del robo descubierto en la Caja se deslizó el hecho de que todos los cargos de conducción, por el sistema electoral que se aplica, son ocupados por la lista que gana los comicios. En este punto, se aclaró que, por el mismo sistema, la minoría ocupa la totalidad de los cargos del órgano revisor de cuentas.
La medidas que pidió la institución
La Caja de Abogados informó que, como querellante, solicitó la prisión preventiva para el excajero que está detenido y que se tome la declaración de todos los contadores que se desempeñaron en la institución desde 2015, así como la del auditor externo (medida que se cumplió el 18 de julio). Indicó que un primer informe de la auditoría externa que realiza el estudio Altamirano Calderón se elevó a la Fiscalía para su consideración. Señaló que a través de su representante legal solicitó a la Fiscalía que una perito contable intervenga como veedora en la auditoría iniciada sobre el período 2011-2023 y que disponga una auditoría a su sistema informático.