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Ecuador: la ofensiva del narcotráfico

Miércoles, 17 de enero de 2024 00:00

Ecuador enfrenta un fenómeno mundialmente inédito: una insurrección militar del narcotráfico contra el poder político. La dimensión del desafío quedó patentizada en un mensaje público dirigido al presidente Daniel Noboa, difundido a través de las redes sociales y leído por un suboficial de policía semidesnudo secuestrado por una banda criminal en Guayaquil: "Declaraste la guerra y guerra vas a tener. Salí tú mismo a pelear a las calles, no uses a policías y militares. Cualquier persona que esté de noche en la calle será ejecutada. Acá es mafia, no pandilla".

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Ecuador enfrenta un fenómeno mundialmente inédito: una insurrección militar del narcotráfico contra el poder político. La dimensión del desafío quedó patentizada en un mensaje público dirigido al presidente Daniel Noboa, difundido a través de las redes sociales y leído por un suboficial de policía semidesnudo secuestrado por una banda criminal en Guayaquil: "Declaraste la guerra y guerra vas a tener. Salí tú mismo a pelear a las calles, no uses a policías y militares. Cualquier persona que esté de noche en la calle será ejecutada. Acá es mafia, no pandilla".

Noboa, quien asumió el gobierno en noviembre pasado con un mandato de dieciocho meses para completar el período constitucional de Guillermo Lasso, destituido por el Parlamento, declaró la existencia de un "conflicto armado interno" y colocó a las Fuerzas Armadas al frente de la lucha contra las bandas armadas que desataron una oleada de violencia que amenaza convertir a Ecuador en un "Estado fallido".

El disparador de la crisis fueron dos fugas sucesivas y casi simultáneas de cabecillas de los dos mayores cárteles locales del narcotráfico: José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", jefe de "Los Choneros", considerada la organización criminal más importante, y Fabricio Colón Pico, alias "Capitán Colón", líder regional de "Los Lobos", una escisión de la anterior erigida en su principal competidora en el negocio del tráfico de estupefacientes.

Ambos episodios ratificaron lo que ya era una presunción generalizada: a semejanza de lo que ocurría en Colombia en los tiempos de gloria de los cárteles de Cali y de Medellín, y tal cual sucede actualmente en las cárceles brasileñas de San Pablo y Río de Janeiro y de otros países latinoamericanos, y algunos avizoran que se incuba en la Argentina por lo que pasa en Rosario, los establecimientos penitenciarios se han convertido en verdaderos puestos de comando de las bandas criminales, que se han apoderado de su administración. Para eludir la palabra "fuga", un vocero policial calificó la ausencia de "Fito" Villamar como una "no presencia", casi como si el convicto pudiera haberse ido de vacaciones.

Para enfrentar este problema, Noboa se apresta a adquirir dos barcos para transformarlos provisoriamente en sendas "cárceles flotantes" a fin de alojar a los cabecillas de las bandas e interrumpir sus comunicaciones con el exterior mientras avanza en el proyecto de construcción de dos gigantescas cárceles, inspirado en el modelo empleado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para recluir a los millares de convictos de las pandillas que asolaban el país centroamericano. Por ese motivo, las fugas de Villamar y de Colón Pico fueron interpretadas como "preventivas".

El efecto contagio

Durante las últimas décadas, Ecuador estuvo situado entre los dos mayores productores mundiales de cocaína: Colombia y Perú. Por esa razón, el país fue siempre un lugar de paso o puerto de salida de esa mercancía, pero no estaba involucrado en los procesos de refinamiento, almacenamiento y distribución. Esa condición empezó a cambiar muy rápidamente desde 2016, cuando el proceso de paz en Colombia generó una mudanza del negocio hacia el sur, organizada por facciones disidentes de las Fuerzas Armadas para la Liberación de Colombia (FARC).

Esa modificación en el escenario regional promovió un salto cualitativo de las pequeñas bandas ecuatorianas, que entonces empezaron a establecer asociaciones con grandes cárteles mexicanos, en especial con Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y con la "mafia albanesa", que ya tenía una activa participación en el transporte y la comercialización de la cocaína colombiana en el mercado europeo.

Los Choneros es la banda más antigua. Nacida en la década del 90 en la ciudad costera de Mantra, cuyo puerto ocupa un lugar central en la exportación de la droga, comenzó focalizada en el pequeño tráfico de estupefacientes pero a partir de 2003 ganó la distribución de la cocaína producida en el departamento colombiano de Nariño. Con ese bagaje forjó una alianza estratégica con el Cartel de Sinaloa y acumuló un poderío económico que hoy le permite sostener un ejército privado que el Observatorio Ecuatoriano contra el Crimen Organizado estima en alrededor de 12.000 miembros.

Los Lobos, una organización mucho más reciente, aparecieron en 2019 en el departamento de Azuay y trabaron vínculos con el cartel azteca Jalisco Nueva Generación. Con Los Choneros reproducen, a escala local, la sangrienta rivalidad que este cártel mantiene en México con Sinaloa. Según InSight Crime, Los Lobos tienen alrededor de 8.000 efectivos, una cifra que lo posiciona como la segunda banda criminal del país.

La acción de los grupos criminales y las luchas intestinas por el control de la comercialización de la droga generaron una espiral de violencia. En 2023, la tasa de homicidios fue de 40 cada 100.000 habitantes, lo que situó a Ecuador en primer lugar en América Latina. Desde 2016 tuvo un salto del 500%. En 2021 hubo 2.200 homicidios; en 2022 la cifra trepó a 4660 y en 2023 a 7.800, de los que sólo se esclarecieron 784. En la reciente campaña electoral se registró una ola de atentados terroristas cuya expresión más dramática fue el asesinato de Fernando Villavicencio, un reconocido periodista, autor de varias gravísimas denuncias contra el narcotráfico, que se postulaba como candidato presidencial.

Un desafío mayúsculo

Los organismos de inteligencia ecuatorianos alertan también sobre las conexiones de algunas

bandas de narcotraficantes con el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, una organización de izquierda cuyos cuadros reciben apoyo logístico y entrenamiento militar de los disidentes de las FARC y actúa en las comunidades indígenas de las regiones más alejadas de los centros urbanos, donde empiezan a proliferar plantaciones ilegales.

Pero la expansión más inquietante de las redes del narcotráfico reside en sus ramificaciones en las estructuras del Estado, que incluyen desde la dirigencia política hasta el Parlamento, las fuerzas de seguridad y el propio Poder Judicial. La fiscal Diana Salazar, quien encabeza una investigación criminal sugestivamente titulada "Operación Metástasis", impulsó la detención entre otros de Wilman Terán, un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia que se desempeñaba como titular del Consejo de la Judicatura, el organismo que tiene la misión de designar y remover a los magistrados.

La decisión de Noboa de movilizar a las Fuerzas Armadas y caracterizar como "objetivo militar" a las bandas criminales, que fueron declaradas "organizaciones terroristas", estuvo acompañada por la implantación del estado de excepción por sesenta días, cuya vigencia restringe transitoriamente las garantías constitucionales, y el toque de queda en horario nocturno, así como por el establecimiento del control castrense en las cárceles y la asunción del compromiso de indultar a los integrantes de los cuerpos de seguridad que resulten acusados de delitos cometidos en las acciones relacionadas con la guerra frontal contra el narcotráfico.

La respuesta inmediata de los cárteles fue desatar una oleada de actos de violencia que abarcó la sublevaciones en las cárceles, ocupación de un canal de televisión, el secuestro de más de un centenar de agentes de policía y guardias carcelarios, ataques intimidatorios contra centros de estudio y también incendio de vehículos y tiroteos a mansalva en las calles de Quito, Guayaquil y otras ciudades, perpetrados con la inequívoca intención de crear un clima de terror y caos generalizado.

Esta guerra contra el crimen organizado que empieza a librarse en Ecuador es un espejo en que tendrían que mirarse otros varios países latinoamericanos.

* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico

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