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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por una denuncia que sacude los cimientos financieros de su entorno más cercano. La Coalición Cívica (CC), liderada por Elisa Carrió, presentó ante la Justicia una investigación contundente que sugiere un vasto esquema de lavado de dinero utilizando presuntos testaferros asociados a la cúpula dirigencial del fútbol.
El centro de la pesquisa se concentra en activos de un valor exorbitante y completamente incompatible con el perfil fiscal de sus titulares. El caso más resonante es el de un simple monotributista, Luciano Pantano, y su madre jubilada, quienes figuran como dueños de la firma Real Central. Esta empresa, según la denuncia, poseería una suntuosa mansión con un helipuerto no registrado en Pilar, además de una impresionante colección de más de 120 vehículos de alta gama, incluyendo marcas como Ferrari, Porsche, y BMW.
El dinero que "no llega a los clubes"
Matías Yofe, dirigente de la CC y uno de los promotores de la denuncia, explicó en una entrevista con Radio Rivadavia a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, que el origen de estos fondos sería el dinero que debería estar destinado al sostenimiento de las instituciones deportivas.
"De confirmarse esto, tristemente es la plata que no estaría llegando a los clubes", lamentó Yofe, contrastando este presunto desvío con la realidad de las entidades de base. El dirigente advirtió: "Vemos todos los clubes totalmente desfinanciados, vemos los clubes quebrados, vemos los clubes que en su infraestructura están totalmente venidos abajo".
La gravedad de la acusación radica en que el presunto patrimonio de los testaferros —que también incluiría otra propiedad en el barrio Aires Plaza de Pilar— se habría constituido mediante la compra de activos de alto valor sin que se activara ninguna alerta roja por parte de los organismos de control estatales. "Compraron propiedades, o sea, no saltó ninguna de las alertas", enfatizó Yofe, cuestionando la inacción del sistema.
La inacción judicial y el conflicto de interés
Uno de los puntos más críticos de la denuncia no es solo el presunto lavado de activos, sino la llamativa resistencia del sistema judicial a investigar la causa. Yofe criticó duramente que la denuncia presentada ante Casación recayó inicialmente en el juzgado de Rafecas, quien se "declara en incompetencia sin haber dado ninguna medida preliminar previa", replicando una maniobra similar en el fuero Penal Económico.
"Se iban pasando peleándose por cuestiones de competencia entre colegas y no marcaban ninguna medida preliminar para cuidar lo que había en el interior de la quinta," sostuvo el dirigente, sugiriendo una reticencia a avanzar que podría proteger a los denunciados.
A este escenario se suma un grave conflicto de interés. La CC advierte que la investigación que apunta a la cúpula dirigencial podría terminar en manos de magistrados que mantienen una relación laboral con la propia AFA. El Tribunal de Disciplina de la asociación está integrado por jueces y fiscales, y Yofe lanzó una seria advertencia: "Veamos si en las causas que están dando vueltas... no coinciden los nombres".
Incluso se le consultó directamente si una causa contra el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, podría recaer en un miembro de ese Tribunal. La respuesta de Yofe fue lapidaria: "Sí, claro. Es impresionante. Ese es el delirio". La Coalición Cívica insiste en que el sistema judicial parece estar "totalmente a sed de de esta gente", exigiendo una investigación que dé garantías de imparcialidad y ponga fin a un esquema que, según denuncian, desangra la economía de los clubes.