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Familiares de presos políticos en Venezuela se sumaron ayer a la huelga de hambre comenzada en la víspera por sus parientes, recluidos en un comando policial en Caracas, y pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas, entre ellas sindicalistas y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.
En las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, más de una decena de personas iniciaron la huelga a las 6 hora local, con el fin de exigir la liberación de los presos políticos.
El grupo dijo que la última vez que comieron fue alrededor de las 3:00 hora venezolana.
"Familiares en huelga de hambre", reza un cartel en el lugar, donde los manifestantes se mantienen en el suelo, sobre colchonetas y protegidos del sol con paraguas.
Evelis Cano, madre del detenido Jack Tantak, dijo a EFE que la huelga es "indefinida, hasta que los liberen a todos".
"Están en depresión, están en desespero porque quieren salir", expresó la mujer, quien dijo tener "mucho malestar de salud" y haber sufrido subidas de la presión arterial.
Petra Vera, cuyo cuñado se encuentra preso, indicó a EFE que se espera la llegada de un grupo de médicos que hará un "monitoreo constante de la situación de cada una de ellas".
"Esperamos la pronta respuesta, la liberación inmediata y plena de todos", expresó.
Vera, quien no participa en la huelga por ser paciente oncológico en remisión, afirmó que los familiares se sienten "burlados y desmoralizados por esas promesas no cumplidas" de las autoridades.
En X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que el viernes las personas recluidas en este comando policial "se declararon en huelga de hambre como medida de presión ante los anuncios reiteradamente incumplidos" por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.
El funcionario prometió el pasado 6 de febrero la liberación de "todos" una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó pasaría "a más tardar" este día 13.
Sin embargo, el Parlamento, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.