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El juez federal Alvin Hellerstein rechazó ayer desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en una audiencia clave realizada en Nueva York, aunque cuestionó el alcance de las sanciones que limitan su defensa.
Durante la segunda audiencia tras su secuestro en Caracas el 3 de enero, el juez consideró que cerrar el caso sería una medida "demasiado seria", por lo que el proceso continuará su curso. Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, delitos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua.
Sin embargo, el juez también puso el foco en un punto sensible: las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impiden a los acusados utilizar fondos venezolanos para pagar a sus abogados. La defensa argumentó que esta situación vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, al limitar el derecho a elegir libremente representación legal.
Hellerstein calificó el caso como "único" y fue crítico con la postura de la Fiscalía, al señalar que Maduro y Flores "ya no representan una amenaza para la seguridad nacional", en un contexto donde Washington mantiene contactos con el gobierno de Delcy Rodríguez. A pesar de ello, el juez dejó en claro que el proceso seguirá independientemente de cómo se financie la defensa, aunque anticipó que evaluará si ordena al gobierno de EEUU flexibilizar el acceso a fondos.
En la audiencia, Maduro se mostró más delgado y con el cabello canoso, pero ingresó sonriente a la sala. Tanto él como su esposa permanecieron en silencio, mientras el exmandatario tomaba notas. Ambos se declararon "no culpables" en enero y el caso avanza como uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exjefe de Estado latinoamericano en territorio estadounidense.