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El hecho delictivo ocurrió en La Merced y puso en evidencia, una vez más, no solo la valentía individual de una mujer sino la descomposición institucional que atraviesa a la localidad del Valle de Lerma. Este sábado, alrededor de las cuatro de la tarde, en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Hipólito Yrigoyen, dos adolescentes atacaron a un hombre para robarle el celular. Pero los golpes, las amenazas y una víctima indefensa en plena vía pública marcaron el comienzo de una trama que va mas allá de la comisión de un delito.
Pero la escena cambió su rumbo gracias a la intervención de una joven aspirante a policía de segundo año, que decidió no mirar para otro lado. Enfrentó a los agresores, logró reducirlos y, junto a motoristas de la Policía, permitió la recuperación del teléfono robado. Hasta aquí, la historia de una mujer con vocación de servicio que actuó sin dudar. Pero el verdadero trasfondo es otro: ambos delincuentes se habían fugado del centro "Apapachar", una institución para menores en conflicto con la ley penal que funciona en pleno centro de La Merced, frente a la plaza San Martín.
El lugar no es nuevo ni desconocido. En 2009, durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, la vieja "Unidad de Protección de Menores N°1" pasó a llamarse "Centro de Atención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal N°1". En aquel momento, el decreto 3775/09 establecía que los jóvenes serían atendidos "en espacios de contención y rehabilitación, con un equipo interdisciplinario de profesionales".
El entonces subsecretario de Políticas Criminales, Ángel Augusto Sarmiento, había prometido que el nuevo organismo marcaría un antes y un después: "Los jóvenes en conflicto con la ley penal son sujetos de derecho y deben recibir un tratamiento diferencial", aseguraba.
Nada de eso ocurrió
En 2021, bajo la mirada de la jueza de Familia, Claudia Güemes, el establecimiento volvió a cambiar de rostro: se inauguró el "Hogar Apapachar", presentado como un dispositivo para adolescentes con problemas de adicción o patologías duales. Un "espacio terapéutico", según los comunicados oficiales.
Pero con el correr del tiempo, los vecinos de aquel lugar comenzaron a contar otra historia que trasciende desde hace muchos años.
Sucede que el centro Apapachar, sin control en el corazón del pueblo, está enclavado frente a la plaza principal de La Merced, a pocos metros del complejo municipal y de la comisaría. Sin embargo, las fugas, los episodios violentos y el consumo en la vía pública son moneda corriente.
"No es la primera vez que se escapan ni que cometen delitos", relató un vecino que pidió reserva de su identidad por temor. Otros aseguran haber visto a internos consumiendo o incluso vendiendo estupefacientes a menores de edad en la misma plaza. Las denuncias nunca prosperan. El miedo reina, y los adolescentes vuelven a la institución como si nada.
Mientras tanto, los comunicados oficiales hablan de "contención" y "reinserción", palabras que hace años se volvieron huecas. Hoy, los hechos demuestran que el sistema de rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley penal en Salta fracasa estrepitosamente.
Una heroína
La noticia de la aspirante a policía que se interpuso entre una víctima y dos delincuentes debería ser motivo de orgullo. Pero termina opacada por una realidad más cruda: el Estado no controla, no rehabilita y no protege ni a los vecinos ni a los propios jóvenes institucionalizados.
El centro "Apapachar", con su historia de nombres nuevos y promesas viejas, sigue siendo lo mismo: un edificio sin autoridad, donde los menores entran y salen a su antojo, donde los vecinos viven con miedo y donde las fugas se cuentan por costumbre
Las denuncias y el miedo
La joven aspirante a policía impidió un robo a plena luz del día. Los autores eran dos menores fugados de un centro de rehabilitación que desde hace años acumula fugas, denuncias y silencio oficial. "No es la primera vez que se escapan ni que cometen delitos", relató un vecino que pidió reserva de su identidad por temor. Otros aseguran haber visto a internos consumiendo o incluso vendiendo estupefacientes a menores de edad en la misma plaza. Las denuncias nunca prosperan. El miedo reina, y los adolescentes vuelven a la institución como si nada.