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Un escándalo asoma en el sur de la provincia a raíz de un nombramiento en el área de Educación, una revocatoria de la Junta de Méritos y una posterior decisión judicial de aplicar una medida cautelar que frena nuevas designaciones y que levanta serias sospechas sobre connivencias y acomodos en la administración pública.
La protagonista es María Laura Thomas, ex candidata a senadora por Metán e integrante de una influyente familia política, quien logró titularizar un cargo en Educación Artística en la Escuela Magdalena Güemes de Tejada de la localidad de El Galpón, Metán, sin contar con el título habilitante.
El caso ha generado indignación entre la comunidad educativa, ya que la designación de Thomas fue declarada irregular por la Junta Calificadora de Méritos, que ordenó su exclusión del cargo. Sin embargo, en un giro controvertido, la ex candidata recurrió a una medida cautelar que le permitió frenar su remoción y mantener el puesto, desplazando a docentes que ameritan el cargo.
Lo que agrava el escándalo es que la medida cautelar fue emitida por el juez Mario Dilascio, quien tiene un vínculo previo con Thomas, ya que ella trabajó como su secretaria en el juzgado. Además, testimonios apuntan a una relación cercana entre el magistrado y el padre de la beneficiada, el exdiputado provincial Horacio “Cheyenne” Thomas. Este posible conflicto de intereses ha despertado fuertes críticas y acusaciones de “tráfico de influencias” en el Poder Judicial.
La denuncia fue impulsada por Luz Marina Luna, una docente con formación en Artes Visuales que se postuló para el mismo cargo y vio su oportunidad laboral bloqueada por la decisión judicial. Según consta en documentos oficiales, Luna había logrado la revocación de la titularización de Thomas conforme a la normativa vigente, pero el fallo judicial frenó su acceso al puesto.
La controversia alcanzó su punto más crítico durante una reunión donde docentes y representantes del Ministerio de Educación fueron notificados de que la asignatura “Artística” no tendría designación debido a la medida cautelar presentada por Thomas. El documento judicial, fechado el 6 de febrero pasado y firmado por el juez Dilascio, instruye al Ministerio a restituir la situación anterior y excluir el cargo del proceso de titularización hasta que se resuelva el amparo.
El caso de Thomas revivió polémica por viejas prácticas de la política en la región, donde los abusos de poder eran moneda frecuente.
Mientras tanto, la indignación crece entre los docentes desplazados y la comunidad educativa, que cuestiona la interferencia del Poder Judicial en un proceso de designación que debería regirse por el mérito y la formación profesional.
El caso
Un resumen del caso establece que María Laura Thomas fue titularizada hace un par de años en el cargo de Maestra Especial de Artística a pesar a pesar de no contar con el título correspondiente. La cuestión no es del todo irregular dado que ante la falta de personal en el interior de la provincia se recurre a títulos supletorios para ocupar cargos vacantes. Pero una resolución ministerial (1851/08) establece que la prioridad en la toma de cargos la tiene el personal con título habilitante.
No obstante, la sospecha comienza en el origen del nombramiento de Thomas, luego de su incursión en las elecciones de 2023 cuando se presentó como candidata a senadora provincial por el departamento Metán. Tras esa frustrada incursión, apareció en el esquema educativo de la provincia, con la titularidad en el cargo en Educación Artística de la escuela de El Galpón.
Posteriormente, en el año 2024 la profesora Luz Marina Luna – titulada en “Artes Visuales” – reclamó el cargo y también impugnó por irregularidades la titularización de Thomas a través de notas dirigidas a distintas áreas del ministerio