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El fiscal penal Armando Jorge Cazón, con más de diez años de trabajo en el norte provincial y oriundo de Salvador Mazza, reflexiona sobre la realidad de la frontera con Bolivia.
Usted es de Salvador Mazza. ¿Cómo recuerda su infancia en la frontera?
Soy orgullosamente nacido en Salvador Mazza. Mi niñez, adolescencia y parte de mi juventud transcurrieron allí, en un pueblo de frontera donde vivíamos en paz y tranquilidad, sin que la droga nos acechara. La frontera con San José de Pocitos o con Yacuiba era solo una formalidad: íbamos y volvíamos como si fuese un mismo lugar. No recuerdo hechos trágicos porque teníamos la contención de nuestras familias. Esa sigue siendo la barrera más sólida en la crianza de cualquier niño: el amor, la protección y el cuidado familiar. Con valores firmes es difícil llevar a un chico por caminos equivocados. Personalmente, la primera vez que escuché hablar de droga fue en Santa Cruz de la Sierra, cuando fuimos a jugar al básquet, y ni siquiera entendíamos de qué se trataba.
¿Por dónde pasaban los riesgos de los adolescentes en esa época?
—Los mayores riesgos eran tomar una copa de alcohol cuando salíamos a bailar a Tartagal o Yacuiba, o volver una hora más tarde a casa. Nada más. Con los años, el comercio fronterizo se multiplicó y con él apareció el narcotráfico. Primero como zona de paso, pero después quedó el menudeo. Cincuenta años después de aquellos recuerdos, me toca combatir ese flagelo como fiscal penal en Tartagal, con jurisdicción también sobre mi pueblo. Lo que sucedió aquí no fue muy distinto de lo que pasó en el resto del país: Argentina pasó de ser lugar de paso a ser también de consumo, sobre todo de cocaína. Hay que tener en cuenta que por las fronteras norte ingresan cargamentos provenientes de Bolivia, Perú y Colombia.
—¿Cómo ve la situación económica y social de Salvador Mazza?
—Muy golpeada. Una comerciante me dijo hace poco que hoy vende apenas el 10% de lo que vendía hace un año y medio. Veníamos de años en los que la economía favorecía al comercio de exportación argentino y ahora es Bolivia el que resulta beneficiado, por el tipo de cambio y otros factores. Ese derrumbe de la actividad se traduce directamente en más desocupación, marginalidad, informalidad y delito. Además, lo que pasa políticamente en Bolivia repercute de inmediato de este lado.
¿Y en materia de seguridad?
—En mi función de fiscal penal estoy en contacto permanente con la Justicia Federal, las fuerzas de seguridad y la Procunar. El delito se complejiza cada vez más y por eso la coordinación entre todos los organismos es fundamental. Salta tiene un gran prestigio a nivel nacional gracias al CIF, pero aun así siempre vamos un paso detrás del narcotráfico por las enormes estructuras que maneja.
Sin embargo, Salvador Mazza guarda cierta tranquilidad y no se ve violencia como en otras fronteras. ¿Por qué?
Mucha gente se sorprende de que el departamento San Martín no sea como las fronteras de México o Colombia, o como Rosario o el conurbano bonaerense. La explicación es que aquí ni bandas ni cárteles se disputan el negocio ni el territorio. El narcotráfico funciona como un gran negocio, y esos intereses mayores no están en Salvador Mazza. El problema local es el narcomenudeo, que sí genera daño.
¿Cómo se puede atemperar ese daño?
Cuando los jóvenes digan no al consumo y al narcomenudeo, y cuando la droga deje de influir en las fuerzas de seguridad. Parece difícil, pero no es imposible. Mi generación creció sin drogas y muchos jamás hubieran elegido vender una sustancia prohibida aunque no encontraran un buen trabajo. Tenemos que recuperar esos valores. Y volvemos al principio: la familia que ama, que cuida y que transmite esfuerzo y dedicación es la clave.