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Más fondos y más planificación fueron suficiente para que el Gobierno y las universidades nacionales llegaran a un acuerdo, tras meses de enfrentamientos que incluyeron la marcha federal más multitudinaria en contra la administración de Javier Milei.
Ayer, el secretario de Educación, Carlos Torrendell confirmó a los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que tendrán un 270% de aumento en la partida para gastos de funcionamiento, la misma actualización que había logrado hace 15 días la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Torrendell junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recibieron ayer en el Palacio Sarmiento a Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del (CIN), y al vicepresidente, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
Las propuestas del Gobierno nacional "comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país", señalaron los rectores en un comunicado conjunto.
Confirmaron que "hubo un entendimiento sobre el cronograma de actualización de los presupuestos 2023 y 2024, como así también para crear una comisión entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el comité ejecutivo del CIN para confeccionar el presupuesto 2025 de todo el sistema universitario.
Según difundieron, la actualización de los gastos de funcionamiento no fue el único de los cinco puntos que reclamaban los rectores en el que hubo acuerdo. También prometieron avances para la infraestructura universitaria. "Se decidió darle prioridad a las obras que están por finalizar, con énfasis en la puesta a punto de aulas", apuntó el comunicado difundido desde la dependencia que dirige Torrendell.
Acordaron, además, reactivar los programas de doctorado y culminar el proceso de recategorización de los docentes e investigadores del Programa para la Investigación Universitaria Argentina (Prinuar).
En la reunión de ayer, que duró casi tres horas, también "analizaron las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos".
A su vez avanzaron en la idea de "crear mecanismos internos en cada universidad" para "el debido cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la Ley de Educación Superior, en relación a la pluralidad de ideas y líneas de investigación, al objetivo de combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, contra el antisemitismo". Y el CIN aceptó la invitación para cooperar en la aplicación del Plan Nacional de Alfabetización de la Secretaría de Educación.