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Diputados de Encuentro Federal, de la izquierda, la UCR y Unión por la Patria (UxP) rechazaron ayer en duros términos la decisión del Gobierno nacional de promulgar las leyes de emergencia del Garrahan y el aumento de fondos para las universidades, pero postergar su aplicación hasta que el Congreso incluya esas partidas en el Presupuesto para 2026 o dote los recursos necesarios para su implementación. Ante esto, los legisladores acusaron al Ejecutivo de Javier Milei de no respetar la Constitución.
Las normas, que habían sido vetadas por Milei el pasado 11 de septiembre, y luego restituidas por el Congreso el 17 de ese mismo mes, fueron oficializadas ayer mediante su publicación en el Boletín Oficial. No obstante, quedarán "suspendidas en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento", señala la comunicación oficial.
El malestar de los diputados fue expresado en la comisión de Presupuesto, previo a las exposiciones de los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.
Encuentro Federal anticipó que evalúa presentar un proyecto para resolver el "conflicto de poderes" entre el Congreso y el Gobierno, como sucede ahora con las leyes de Discapacidad, del Garrahan y de financiamiento universitario. El legislador de ese espacio, Nicolás Massot, quien dijo que en muchas provincias existe un mecanismo para resolver los conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento, y señaló que "es hora de trabajar" en esta propuesta.
Massot cuestionó la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de las leyes, con el argumento de que el Congreso no definió de donde se obtendrán los recursos para aplicar esas iniciativas. "Quiero compartir mi preocupación sobre el conflicto de poderes. Parece que estos conflictos han llegado para quedarse", dijo.
Adelantó que presentarán un dictamen de minoría sobre el Presupuesto y van a proponer que estas leyes "se financien con rentas generales". Agregó que su despacho "tendrá superávit del 0.9% que es menor al inaplicable del Gobierno del 1,5% del PBI".