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En una auditoría reciente, el Gobierno de Javier Milei ha descubierto una grave irregularidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según la investigación, 178.000 personas que figuran como beneficiarias del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están registradas como fallecidas en los registros oficiales, pero aún reciben las prestaciones correspondientes. Este hallazgo fue confirmado mediante el cruce de datos entre la Andis y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y ya se están tomando medidas para corregir las bajas.
Este descubrimiento surgió como parte de una auditoría integral impulsada por el Gobierno tras el escándalo relacionado con el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, quien se vio involucrado en una polémica sobre posibles actos de corrupción. En este contexto, se detectaron múltiples irregularidades dentro de la agencia, lo que llevó al interventor de la misma, Alejandro Vilches, a revisar exhaustivamente los registros de los beneficiarios del CUD.
El CUD es un documento que permite acceder a diversos beneficios del Estado, como la asistencia médica, la compra de medicamentos, y la exención de impuestos, entre otros. Es otorgado por la Junta Interdisciplinaria que realiza una evaluación para determinar si corresponde la emisión del certificado. Sin embargo, se ha revelado que una gran parte de las personas que aún figuraban como beneficiarias en los registros ya habían fallecido.
Las autoridades han calificado esta situación como "una estafa al Estado", y se está evaluando la posibilidad de judicializar el caso, con acciones legales contra los prestadores de los servicios.
Debate en torno a los controles dentro de la Andis
La situación ha generado un debate en torno a la eficacia de los controles dentro de la Andis, que, según las fuentes del Gobierno, habría fallado en su rol de supervisar correctamente los registros y garantizar la correcta asignación de los recursos. Desde la Casa Rosada, se indicó que, además de las bajas detectadas, se realizará un seguimiento exhaustivo de los prestadores involucrados en estos casos.
En paralelo, se avanza en la revisión de contratos que fueron firmados durante la gestión de Spagnuolo, mientras el Gobierno continúa con su proceso de revisión y evaluación de las políticas relacionadas con la discapacidad y la gestión que desplegó el ahora exfuncionario.
Sucede que las alertas por cómo gestionaba Spagnuolo la Andis se intensificaron cuando se detectó un incremento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, en comparación con los precios que obtenía el Ministerio de Salud.
Este escándalo ha quedado enmarcado en un contexto más amplio de tensiones políticas en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue objeto de debate en el Congreso y que finalmente no fue derogada, aunque el Ejecutivo continúa buscando modificaciones en la ley a través de otros proyectos. La situación deja al descubierto no solo una grave irregularidad administrativa, sino también las luchas internas dentro del Gobierno y la presión de ciertos sectores para implementar cambios en las políticas públicas que afectan a millones de argentinos con discapacidad.