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El gobierno nacional decidió volver a subir, a partir del martes, de 26% al 33% las retenciones a las exportaciones de soja y sus subproductos. Y las correspondientes al maíz, de 9,5% a 12%. De ese modo, se restablecen los indicadores vigentes hasta enero pasado y se consolida una política conflictiva que se remonta a 17 años atrás, durante la presidencia de Cristina Kirchner, por las dificultades recaudatorias del Estado nacional.
Una decisión que afecta especialmente a la producción del NOA y el NEA.
El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, ya había advertido que los productores del norte del país quedarían excluidos de ese beneficio transitorio, pensado para la región central. En nuestra provincia, el grueso de esas cosechas se levanta en julio. "Volver a una retención del 33% en la soja es prácticamente una confiscación. Es un impuesto distorsivo que nos resta competitividad frente a otros países", opinó.
Todas las entidades rurales volvieron a denunciar que las retenciones representan un desincentivo a la inversión en tecnología, infraestructura y mejoras productivas, caída de la producción, pérdida de empleos directos e indirectos y menor recaudación fiscal, por la menor actividad económica.
Mientras que en muchos países la producción agropecuaria recibe subsidios y cuentan con barreras paraarancelarias, el agro argentino paga retenciones y el Norte, en particular, debe afrontar fletes de $70.000 por tonelada y sufre el enorme retraso en inversiones en infraestructura, por lo cual el proyecto agroindustrial en nuestra zona parece una quimera.
La demora en el acuerdo de una reforma tributaria, del que participen el gobierno nacional y los gobernadores de todo el país, es una de las causas por las que el poder central, otra vez, echa mano a lo que parece "una gallina de los huevos de oro", pero es solo una fuente genuina de producción y trabajo.
De cada diez dólares que ingresan por exportación en el país, seis provienen de productos agroindustriales.
En su momento, el presidente Javier Milei alentaba, desde el llano, a que los productores no liquiden sus divisas porque consideraba a las retenciones como un "robo por parte del Estado". Hoy, la necesidad lo hizo cambiar de idea: la insuficiencia de las reservas en dólares.
Lo cierto es que las dificultades económicas nacionales son el fruto de una larga crisis, en la que influyen factores externos, que se manifiesta en el desequilibrio de los precios internacionales y el estancamiento de la producción. El actual gobierno logró eliminar el cepo cambiario y frenar asombrosamente la inflación, además de haber consolidado el superávit fiscal. Está claro, sin embargo, que la inversión productiva no arranca como para fortalecer el empleo privado y el poder adquisitivo de los salarios.
Aunque solo es un dato, para un país que ha tomado un rumbo de cambio basado en el crecimiento, la estimación preliminar del PIB nacional en el primer trimestre de 2025 muestra una suba de 5,8% con relación a 2024. Sin embargo, mientras el sector financiero creció un 27,2%, el PBI del campo aumentó solo un 3,7%. Las mejoras financieras son esenciales, pero no resuelven los problemas centrales.
Parece difícil de entender desde las grandes metrópolis que el campo es inversión, riesgo, desarrollo tecnológico y trabajo permanente. Esta verdadera fortaleza que sustenta a la economía del país necesita crecer para seguir siendo eficiente. Hoy, el campo argentino es protagonista de primer nivel como reserva alimentaria del mundo, y ese puede ser el punto de partida para construir una economía y financiar un Estado que estén a la altura de la era del conocimiento.