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El expresidente Alberto Fernández fue procesado hoy sin prisión preventiva en la causa Seguros por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex mandatario en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo del sistema de seguros del Estado durante su gestión. Además, le dictó un embargo sobre sus bienes por la suma de $14.634.220.283.
Fernández fue acusado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor. La resolución también alcanzó al empresario Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández, y a María Cantero, histórica secretaria del ex presidente y esposa del empresario.
La causa tuvo un giro decisivo a comienzos de febrero, cuando Casanello asumió el expediente tras el vencimiento de la subrogancia del juez Julián Ercolini. Desde entonces, el nuevo magistrado ordenó revisar toda la documentación disponible, solicitó nuevas pruebas y profundizó líneas de investigación que, hasta ese momento, no habían sido exploradas en detalle.
Uno de los elementos clave que impulsó el procesamiento fue un informe de 662 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). En ese documento, presentado en mayo, se analizaron los ingresos de Alberto Fernández durante el período en que estuvo alejado de la función pública. Según la investigación, entre 2010 y 2019 el ex presidente facturó $4.257.000 a la empresa de Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales vinculados al análisis político y económico.
La última factura figura con fecha del 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de que Fernández asumiera la presidencia. Si bien los abogados defensores aseguran que se trataba de informes de coyuntura solicitados por el empresario, los investigadores consideran que estos vínculos revisten un posible conflicto de intereses, especialmente en el contexto de las decisiones que luego se tomaron en el manejo de seguros estatales.