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El reciente fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordenó transferir el 51% de las acciones estatales de YPF al fondo buitre Burford Capital, puso a la petrolera argentina en el centro de la escena por su peso clave en el mercado energético y sus planes de expansión internacional.
YPF domina más del 50% de la capacidad de refinación del país y cuenta con el 30% de las reservas de hidrocarburos. Además, sus tres refinerías procesan casi 124 millones de barriles al año, de los cuales un 75% proviene de su propia producción.
La empresa es líder en combustibles minoristas, con casi el 32% de las estaciones de servicio y concentra el 36% de la producción de petróleo y el 29% de gas. Su foco estratégico es el desarrollo no convencional en Vaca Muerta, con un salto en la producción no convencional del 25% en crudo y del 18% en gas durante 2024.
El presidente de YPF, Horacio Marín, intentó llevar tranquilidad tras el fallo: "Preska falló en contra de la República, no de YPF", aseguró.
La compañía aclaró ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no es parte en los procedimientos judiciales por las acciones estatales.
Además de su hegemonía en hidrocarburos, YPF es dueña de YPF Luz, líder en renovables y electricidad convencional, y controla Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país. Su objetivo a 2030 es exportar energía por US$30.000 millones al año, en un contexto donde la crisis del gas doméstico y la falta de inversiones en transporte exponen desafíos estructurales.
El informe también advierte sobre el riesgo de que, con la Ley Bases y su capítulo de hidrocarburos, las petroleras prioricen exportaciones en detrimento del abastecimiento local, abriendo otro frente de debate sobre el rol estratégico de la petrolera nacional en un mercado cada vez más desregulado.
El rol del Congreso
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que la sentencia de Preska "es de imposible cumplimiento. La propia ley de estatización, la 26741, dice que la expropiación de las acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".
Consideró que hay que agotar la vía de carácter judicial en los Estados Unidos y sostuvo que "no vamos a votar ninguna ley que permita que las acciones de YPF sean embargadas en el proceso judicial. No fue una expropiación a lo (Hugo) Chávez, se hizo correctamente la expropiación. No se puede perder el control de la empresa ni la soberanía. El Congreso nunca va a votar la transferencia de las acciones con dos tercios".
Sabsay criticó a la jueza Preska
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay criticó el reciente fallo de la jueza Loretta Preska en el caso YPF, y advirtió que existen "razones sólidas para apelar" la sentencia que podría implicar un pago de hasta 16.000 millones de dólares por parte del Estado argentino.
En declaraciones radiales, Sabsay sostuvo que el fallo no solo se basa en una "estimación discutible" del monto a pagar, sino que "representa una intromisión en cuestiones de soberanía nacional".
"Más allá de las irregularidades que acompañaron la privatización y posterior estatización de YPF, la jueza se extralimitó. Invadió la soberanía de un país independiente, y eso es grave", afirmó.
El constitucionalista, una de las voces jurídicas más respetadas del país, señaló además que el cálculo de la indemnización fue realizado en un momento inapropiado del proceso judicial, lo que –según explicó– "infló artificialmente" el monto que debería pagarse.
Consultado sobre el argumento del Gobierno argentino de que un desembolso de tal magnitud afectaría el equilibrio económico del país, Sabsay respondió: "Es absolutamente válido. Las consecuencias del fallo van más allá del caso específico y se proyectan sobre toda la economía nacional. El reclamo de interferencia en la soberanía es legítimo y debe ser parte de la apelación", añadió.