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La causa que involucra a la Argentina por la expropiación de YPF sigue siendo uno de los litigios más complejos y millonarios en los tribunales internacionales. El próximo martes será un día clave: el Gobierno estará atento a la decisión que tome la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el juicio iniciado en 2015: decidirá si suspende la orden de traspaso de las acciones de YPF o si, en caso de no otorgar la medida cautelar, se procede a la ejecución de las acciones del Estado argentino en la compañía.
El litigio que lleva más de una década ha puesto en aprietos a la administración de Javier Milei, que enfrenta una posible condena de US$ 16.100 millones, más los intereses diarios que ya ascienden a US$ 2.000 millones adicionales. El caso se originó por el incumplimiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que debía haberse realizado cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF en 2012. En este contexto, el grupo Burford Capital se posiciona como el principal beneficiario de la causa, pues adquirió los derechos de litigio del grupo Petersen, quien en su momento compró una porción significativa de YPF con fondos prestados por Repsol.
Si el fallo es adverso
En caso de que la Corte decida que Argentina debe entregar las acciones de YPF, se abrirían varias alternativas. Una opción sería que el Gobierno pueda ofrecer otros activos, como bonos de mediano o largo plazo, para cumplir con el fallo. Sin embargo, el escenario podría complicarse aún más si se llega a un desacato. De no cumplir con la sentencia, Argentina podría enfrentar embargos sobre las reservas del Banco Central o incluso sobre los activos de YPF, una medida que podría afectar gravemente la economía del país, dificultando su acceso a los mercados internacionales.
Según fuentes consultadas, en el Gobierno prefieren no negociar antes de la decisión final de la Corte, ya que consideran que hacerlo podría comprometer a futuros funcionarios en caso de que surjan problemas legales posteriores. En este contexto, la sociedad argentina también muestra posturas divididas: un 65% cree que el Gobierno debería negociar un acuerdo, mientras que un 25% opta por desconocer el fallo y continuar con la apelación.