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El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo mantuvieron este miércoles desde el mediodía un encuentro en la Casa Rosada con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Fue la primera reunión del equipo económico tras el revés electoral en la Provincia de Buenos Aires.
El encuentro, que se extendió por más de una hora, contó también con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el jefe para el Cono Sur del BID, Morgan Doyle, y la asesora del presidente del BID, Amanda Glassman.
El BID, organismo que respaldó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en abril, confirmó desembolsos por 3.000 millones de dólares este año y un total de 10.000 millones hasta 2028. De hecho, a fines de agosto, un equipo del banco ya había mantenido reuniones con la Secretaría de Finanzas.
A mitad de año, el BID aprobó un plan de financiamiento de tres años para Argentina, que destinará los recursos a tres ejes principales: reformas fiscales y modernización tributaria, medidas para liberalizar la economía y estimular la inversión privada, y programas destinados a reducir la pobreza.
Aunque el organismo valoró positivamente el plan económico del Gobierno, advirtió sobre la fragilidad de las reservas internacionales y la falta de apoyo político para avanzar con reformas en el Congreso. En su informe, destacó que “la estabilidad macroeconómica es uno de los objetivos primordiales de los próximos años” y subrayó como desafíos centrales la equidad social, el impulso al sector privado y la estabilidad económica.
El BID alertó además sobre problemas estructurales persistentes: la tasa de indigencia alcanza el 18,1%, más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años viven en pobreza, y la informalidad laboral se mantiene en 36,1%. El organismo anticipó su asistencia para mejorar la eficiencia del sistema tributario, reducir la dependencia de impuestos distorsivos y eliminar exenciones que limitan la capacidad recaudadora.
Entre los riesgos identificados se encuentran factores fiscales, externos y políticos, la vulnerabilidad ante shocks internacionales y la posibilidad de fatiga social frente a ajustes. El bajo nivel inicial de reservas internacionales podría impactar en los costos operativos y el espacio fiscal del Gobierno.
Además de los desembolsos previstos, el calendario de vencimientos de deuda en septiembre implica pagos por unos 700 millones de dólares a organismos internacionales, principalmente al BID y al Banco Mundial (BIRF), lo que podría reducir la capacidad del Gobierno de intervenir en el mercado cambiario durante los próximos meses.