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La decisión llegó primero como consigna política y horas después tomó forma institucional. El Gobierno nacional oficializó la inclusión de la baja de la edad de imputabilidad dentro del temario que el Congreso deberá tratar durante el período de sesiones extraordinarias, marcando así uno de los ejes más sensibles de la agenda legislativa del inicio de 2026.
La medida quedó plasmada en el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial, que amplía formalmente los asuntos habilitados para el debate parlamentario a partir del 2 de febrero. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro portavoz Manuel Adorni, y responde a un anuncio realizado pocas horas antes durante un acto político en Mar del Plata.
Un decreto breve, un impacto amplio
El contenido normativo es conciso, pero su alcance político y social es profundo. En su artículo primero, el decreto establece la incorporación al temario del Congreso de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil, habilitando así la discusión sobre la responsabilidad penal de menores en el sistema judicial argentino.
De esta manera, el Gobierno le dio respaldo legal a una definición política que Milei expresó públicamente ante sus seguidores, al sostener que en el país debe regir el principio de “delito de adulto, pena de adulto”, una frase que sintetiza el enfoque del Ejecutivo en materia de seguridad y justicia penal.
Qué propone el nuevo régimen
El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso es impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia y apunta a modificar el régimen vigente desde la última dictadura militar. Actualmente, la edad mínima de imputabilidad en la Argentina está fijada en 16 años. La iniciativa oficial propone bajar ese umbral, especialmente para casos vinculados a delitos graves, permitiendo que menores puedan ser juzgados y eventualmente condenados bajo un nuevo marco legal.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es actualizar un sistema considerado obsoleto y dar respuesta a situaciones que hoy quedan fuera del alcance del derecho penal. En ese sentido, el debate no se limita a la edad, sino que abre interrogantes sobre penas, procesos judiciales, condiciones de detención, políticas de reinserción y el rol del Estado frente a adolescentes en conflicto con la ley.
Un debate que atraviesa al país
La inclusión del tema en las sesiones extraordinarias anticipa un debate intenso, con posiciones encontradas tanto en el Congreso como en la sociedad. Organismos de derechos humanos, especialistas en infancia y sectores políticos de la oposición ya han advertido sobre los riesgos de avanzar sin un enfoque integral que contemple prevención, educación y contención social, mientras que desde el oficialismo insisten en la necesidad de enviar una señal clara frente al delito.
Con el decreto ya publicado y el temario definido, la discusión dejó de ser solo una consigna de campaña o un anuncio político: ahora será el Congreso el escenario donde se pondrán en juego miradas, datos, responsabilidades y decisiones de largo alcance.